Max Santana Jimenez

Expediente 850/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
850/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
24/11/2017

Partes del expediente

  • Max Santana Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído de veintisiete de octubre pasado mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En virtud que no es necesaria la retención de los anexos que envió la juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los escritos signados por la autorizada del quejoso; en atención a su contenido, no ha lugar a realizar pronunciamiento al respecto, en virtud que mediante proveído de veintisiete de octubre pasado se sobreseyó fuera de audiencia en el presente controvertido.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, sin que haya lugar a dar vista a las partes, en virtud del sentido de esta determinación. Dado el excesivo volumen de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, fórmense por separado tres anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Por otra parte, se enfatiza que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el diez de octubre pasado. De autos se advierte que mediante proveído de esa fecha, se tuvo como acto reclamado el auto de formal prisión de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 3/2014 del juzgado Cuadragésimo Sexto Penal de la Ciudad de México. Ahora, del anexo que remitió la responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que la resolución reclamada se hizo del conocimiento del quejoso en la fecha mencionada en último término; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia que refiere el dispositivo 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley. De la interpretación conjunta de los preceptos mencionados, se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Es preciso señalar que el amparista manifestó en el escrito de demanda que: ".no recuerdo cuando me fue notificado." el acto impugnado; sin embargo, dicha manifestación se desvirtúa con las constancias que remite la autoridad responsable, pues se advierte que la resolución reclamada de cuatro de septiembre pasado, se le hizo de su conocimiento en esa fecha, lo que se corrobora con la certificación realizada por la secretaria adscrita al juzgado responsable, en la que se observa que el justiciable se negó a firmar la notificación correspondiente (foja 375 del anexo III). Sin que se soslaye que en la certificación mencionada se haya establecido como fecha el "cuatro de agosto del año en curso"; sin embargo, es evidente que se trató de un descuido, como se advierte del auto de dieciocho del mes que transcurre, en que la autoridad responsable realizó esa observación (fojas 380 y 381 del anexo III). En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el diez de octubre de este año, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia, para solicitar la protección constitucional surtió efectos el cuatro de septiembre pasado, atendiendo a lo previsto en el precepto 57 citado, y transcurrió a partir del cinco del mes en cita al cuatro del mes en curso, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el diez del mes que transcurre, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, cuyo rubro es el siguiente: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente los actos reclamados. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 de la ley de la materia, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 3/2014 del juzgado Cuadragésimo Sexto Penal de la Ciudad de México -dentro de un procedimiento-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido precepto de la ley de la materia. En consecuencia, al sobrevenir de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia aludida, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el diez de noviembre de dos mil diecisiete a las once horas. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

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