Max Leónides Domínguez Acuña

Expediente 913/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
913/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Max Leónides Domínguez Acuña

Actuaciones

  1. Principal

    ii- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 41880/2022 remitido por la actuaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada e informa que no insiste en la competencia planteada, por lo que se avocó al conocimiento del asunto. En esas condiciones se toma conocimiento de lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en cumplimiento al artículo 20, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Notifíquese.

  2. Principal

    II- Recepción de autos Se tiene por recibido el oficio firmado por la actuaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; y anexo consistente en el expediente original relativo al juicio de amparo 3605/2022-III promovido por Max Leónides Domínguez Acuña, así como del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se advierte que declina la competencia para conocer y resolver el referido juicio de amparo a favor de este juzgado federal. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 913/2022-II-C. Competencia Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia al sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables "el llamamiento a juicio en el expediente laboral DI-39/2018", así como todo lo actuado, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, se soslayó que el acto reclamado, conforme a lo expuesto en la demanda constituye: -La falta de emplazamiento o emplazamiento defectuoso al juicio ordinario laboral DI-39/2018 de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, y como consecuencia todo lo actuado en el juicio. Sobre lo cual, en la demanda, particularmente en el apartado de antecedentes, manifestó bajo protesta de decir verdad que jamás ha sido emplazado o llamado al juicio laboral DI-39/2018. Por ello, con absoluto respeto y consideración, este Juzgado de Distrito no comparte las consideraciones por los cuales se declina la competencia; pues se evade que la materia de reclamo atañe a la falta de emplazamiento. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Para justificar lo anterior, se tienen en cuenta las reglas para fijar la competencia de las juezas y los jueces de Distrito para conocer de una demanda de amparo indirecto, por razón de territorio, mismas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El examen al principio general, contenido en el citado precepto legal, revela tres reglas para fijar la competencia de las juezas y los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el juzgado de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto, por haberse presentado ante él la demanda de amparo. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de las juezas y los jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado, conforme se exponga en la demanda de amparo; por lo que es importante distinguir la actualización de las reglas de competencia; siendo que las dos primeras exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente la jueza o el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el precepto en consulta, indica que, por regla general, son competentes para conocer del juicio de amparo las juezas y los jueces que tengan jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, el legislador previó una salvedad a la hipótesis anterior la cual se actualiza cuando los actos reclamados: a) Puedan tener ejecución en más de un distrito; b) Se hayan comenzado a ejecutar en uno y se continúen ejecutando en otro; o c) Carezcan de ejecución material. En ese tipo de asuntos, se determinó que deberá conocer del asunto, el juzgado de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar qué juzgado de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Lo que necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado; por lo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Entonces, a partir de que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado, corresponde verificar si la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio ordinario por parte de la autoridad encargada del procedimiento produce efectos y/o consecuencias para las partes. De manera que resulta necesario atender a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". El segundo párrafo del artículo transcrito consagra la garantía de audiencia, referida al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados, y a través de ella se permite el acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas en su defensa y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, lo que se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en todo juicio "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los requisitos siguientes: -La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; -La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; -La oportunidad de alegar; y, -El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Lo anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 47/95, que lleva por rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO" Ahora, entre las formalidades esenciales del procedimiento destaca, por su mayor importancia, el emplazamiento a juicio, en tanto su ausencia o verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, trae como consecuencia la extrema gravedad, pues da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, en tanto imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. Incluso, la extrema gravedad de esa violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el estudio del emplazamiento es de orden público. Así quedó precisado en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia intitulada: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO" . Conjuntamente, la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, se traducen en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de la parte actora, en la medida que, al ser quien insta la función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho, se ubica en una posición, al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, en defensa de sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. Al respecto, es oportuno acudir al criterio sostenido en la tesis 1a.CCLXXVI/2013 (10a.), intitulada: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS" A partir de lo anterior, es dable concluir que, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, debe cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su primordial relevancia, el emplazamiento. Consecuentemente, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta, además de las normas procesales que en cada materia contemple la obligación de emplazar a juicio a la parte demandada. Violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento a la parte demandada, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, so pena de que, en caso de hacerlo, un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales (omisión de llevar a cabo el emplazamiento), que dicho sea de paso representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan lugar al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que en su caso aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, que culminará con la resolución que dicte el derecho. Motivo por el cual, y atendiendo al hecho de que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es de concluirse que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento dentro de un juicio ordinario tiene ejecución material, pues incluso en el caso de que la autoridad decida cumplir con ese deber constitucional, y realizar el emplazamiento, tendrá ejecución en el lugar donde habrá de efectuarse la correspondiente notificación. Lo cual, según se advierte de la lectura de la demanda de amparo presentada por el quejoso, señaló domicilio en la Ciudad de México, tanto personal, lo que se corrobora con el que obra en la constancia de identificación que adjuntó a su escrito de demanda, como uno diverso para oír y recibir notificaciones en esa ciudad. Corolario, para el caso de que en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que será jueza o juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.) citada por el juez requerido, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO". Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así, para determinar la competencia del juicio de amparo indirecto se debe atender a la ejecución material de dicha omisión de emplazamiento, pues de esta derivan el resto de actos reclamados, sin exigir el estudio de fondo del juicio de amparo, como es dilucidar [en la sentencia], si debe otorgarse el amparo para que sea emplazado el quejoso en su carácter de tercero extraño, y así, tener la certeza de la existencia de un acto material de ejecución. Entonces, tomando en consideración que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario constituye un acto que tiene ejecución material; así como que será competente el juzgado de Distrito del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, debe determinarse el domicilio en el cual se deberá de practicar su emplazamiento para poder fijar la competencia del juicio de amparo. Por lo tanto, si tenemos que en el juicio de amparo indirecto se reclamó la omisión de emplazamiento y actuaciones subsecuentes en el juicio laboral DI-39/2018, omisión que conforme la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un acto que tiene ejecución material, que en caso de concederse el amparo solicitado se realizará en el domicilio de la parte quejosa Max Leónides Domínguez Acuña, el cual se encuentra en la Ciudad de México, debe tenerse al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, como el competente para conocer del juicio de amparo, por ejercer su jurisdicción territorial en el municipio en comento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que, conforme con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del amparo indirecto corresponde al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por lo que no se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Max Leónides Domínguez Acuña; por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al órgano jurisdiccional declinante con auto inserto de la presente determinación. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese por lista.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano