Max Alberto Diener Sala
Expediente 790/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Max Alberto Diener Sala
- Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juarez, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 790/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO...se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Max Alberto Diener Sala, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "vISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 790/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Max Alberto Diener Sala, por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Sur, Zona Acapulco, con domicilio en esta ciudad. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Director de Fiscalización del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "El Aviso Extrajudicial Único con número de oficio SSB/DJZA/1413/2018 de fecha 29 de agosto de 2018, expedido por el Lic. Galdino Vargas Pascual, Representante Legal CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual se notifica un supuesto adeudo con la empresa por consumos de energía eléctrica no pagados, por lo que se indica que se está gestionando el inicio de un proceso judicial en mi contra, lo cual se estima pudiera traer como consecuencia mi inscripción en el buró de crédito, así como el que se corte el suministro de energía eléctrica en mi domicilio ubicado en Carretera Barra Vieja 3ª D-405, Colonia Barra Vieja, Acapulco de Juárez, Guerrero." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos públicos subjetivos violados, los tutelados por los artículos 1, 4, 14, 16, 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por acuerdo de uno de octubre siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 790/2018, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a un organismo público descentralizado que radica en la jurisdicción de este tribunal federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso combate por esta instancia el aviso extrajudicial único con número de oficio SSB/DJZA/1413/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se le notifica que tiene un adeudo por consumo de energía eléctrica no pagado por la cantidad de $13,721.00 (trece mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días pague el mismo y que en caso de no hacerlo se iniciara en su contra un proceso judicial y se le registrara como deudor en el buró de crédito, y su respectiva ejecución, adeudo que a su parecer no deriva del consumo de energía eléctrica sino del derecho de alumbrado público respecto del cual refiere fue desvinculado a pagar con motivo de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 369/2017 del índice de este juzgado. TERCERO. Oportunidad de la demanda. El quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del tres al veinticuatro de septiembre del año en curso, descontándose los días ocho, nueve, catorce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el diecinueve de septiembre pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Ayuntamiento, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Fiscalización, todos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, residentes en esta ciudad, en virtud de que así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan. En consecuencia, ante la inexistencia del acto atribuido a las responsables de mérito, se impone decretar el sobreseimiento a su respecto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. La Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, residente en esta ciudad, al rendir su informe con justificación por conducto del responsable de asuntos jurídicos, aceptó el acto que se le atribuye consistente en la emisión del aviso extrajudicial único con número de oficio SSB/DJZA/1413/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, precisando que no se está cobrando al quejoso el derecho de alumbrado público ya que durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete se le desincorporó del pago de ese concepto a partir del mes de mayo, y que el adeudo que presenta es por consumo de energía eléctrica ya que durante los dos primeros meses del año dos mil diecisiete realizó pagos parciales por lo que cuenta con un saldo negativo. Circunstancia que se robustece con el propio aviso que se allegó al sumario, el cual, al ser una documental pública hace prueba plena de la existencia del proceder combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. SEXTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Luego, en el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De lo que se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales; así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, quedando en la actualidad definidas las notas distintivas de los actos de autoridad en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anterior se evidencia que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella; todo lo cual, válidamente permite a la vez estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: 1. Que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas. 2. Tal afectación sea unilateral, es decir, sin que al efecto se requiera acudir a los órganos judiciales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado. 3. El acto derive de funciones determinadas por una norma general, por lo que resulte de ejercicio irrenunciable y obligatorio. 4. Por lo anterior, se genere una relación de supra a subordinación con el gobernado afectado. Entonces, como la acción constitucional es improcedente tratándose de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquéllos realicen actos equivalentes a los mencionados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, por lo que debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de supra a subordinación, de supraordinación y de coordinación, distinción que resulta necesaria para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad, mismas que se conceptualizan de la siguiente manera: a) Las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado -con independencia de la naturaleza jurídica de los intervinientes-, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Los actos indicados, se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. De manera que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Expuestas las anteriores consideraciones en torno al concepto de autoridad responsable y actos de autoridad, así como respecto de la clasificación de las relaciones jurídicas que permiten entender la esencia y conformación de estos últimos y sus diferencias con los actos de particulares, es de apreciarse que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado se ubica dentro de las denominadas de coordinación. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo presentada por Max Alberto Diener Sala, puede advertirse que reclama en su carácter de usuario y consumidor del servicio de energía eléctrica, el aviso extrajudicial único con número de oficio SSB/DJZA/1413/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos le notifica que tiene un adeudo por consumo de energía eléctrica no pagado por la cantidad de $13,721.00 (trece mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días pague el mismo y que en caso de no hacerlo se iniciara en su contra un proceso judicial y se le registrara como deudor en el buró de crédito, y su respectiva ejecución. No obstante, dicho acto relacionado con el suministro de energía eléctrica, no pueden ser considerado de autoridad para los efectos del juicio de amparo aun cuando la Comisión Federal de Electricidad sea la única que provee el servicio de energía eléctrica, pues de acuerdo al régimen jurídico que la constituye y regula, es una empresa productiva del estado cuyos actos vinculados al contrato de suministro de energía eléctrica son de naturaleza comercial y se rigen por las reglas del derecho mercantil y civil. En efecto, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, modificó la naturaleza de los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, tiene sustento en los artículos 25, párrafos cuarto y último 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente: "Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. (.) Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. (.) La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. (.) No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado." De la transcripción se advierte que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo. Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE -Centro Nacional de Control de Energía-, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esos términos la regla general implica que tales actos consistentes en las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; c) cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable, d) contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, e) cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. En esas condiciones, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa; no obstante, una vez firmado el contrato de prestación del suministro eléctrico, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. En efecto, en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, se evidencia lo anterior a partir de los artículos 3, 7, 82, 83 y 118 que en esencia disponen: 1) Que los actos que emita la Comisión son de naturaleza comercial, en tanto que les son aplicables las legislaciones mercantil y civil. 2) Que, excepcionalmente, los actos derivados del procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa; siendo los únicos impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. 3) Que los aspectos derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos de suministro de energía eléctrica serán resueltos en la vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como el arbitraje. Por tanto, no cobra relevancia que la Comisión Federal de Electricidad sea la única que provee el servicio de energía eléctrica, pues la relación que entabla con el usuario se da en un plano de coordinación, a través de la suscripción de un acuerdo de voluntades. Así lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en la que determinó que la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica es la ordinaria mercantil, por tratarse de aspectos inherentes a los derechos y obligaciones que resultan de aquél. Explicó que de la interpretación armónica de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio se desprende que el contrato referido constituye un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial; por lo que los conflictos que se susciten entre los suscriptores en el marco de los derechos y obligaciones que por ese acto jurídico adquieran, se deben ventilar y decidir en la vía ordinaria mercantil, y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que la determinación del consumo facturable y el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica tienen origen en la relación de coordinación que surge entre el usuario y la empresa, la que no ejerce una potestad administrativa en un plano de supra a subordinación frente a los particulares. Esas consideraciones quedaron plasmadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2017, publicada en la página 336, Libro 50, Tomo I, Enero de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Dicho criterio fue reiterado por la propia Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 198/2017, en la que estableció que la vía para dirimir las controversias que se susciten respecto de los actos que deriven de la relación comercial que surge entre la Comisión Federal de Electricidad y sus usuarios es la ordinaria mercantil; por lo que la actividad que desarrolla como empresa productiva del Estado no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía. Las relatadas consideraciones se encuentran reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, publicada en la página 532, Libro 53, Tomo I, Abril de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Asimismo, tampoco el asunto a estudio se adecua a los supuestos de excepción que prevé la jurisprudencia citada en segundo término, porque no se evidencia que Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos vulnere derechos humanos del quejoso, fuera de lo estipulado por las partes, en tanto que lo reclamado deriva del contrato de suministro de energía, ni tampoco se aplicaron en perjuicio de éste, normas que estimara inconstitucionales. En mérito de lo expuesto, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el aviso extrajudicial único con número de oficio SSB/DJZA/1413/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se notifica al quejoso que tiene un adeudo por consumo de energía eléctrica no pagado por la cantidad de $13,721.00 (trece mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días pague el mismo y que en caso de no hacerlo se iniciara en su contra un proceso judicial y se le registrara como deudor en el buró de crédito, ya que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para los efectos del juicio de amparo contra actos que deriven del contrato de suministro de energía, los cuales deben ser dilucidados en la vía ordinaria mercantil. Es decir, en el presente asunto nos encontramos en presencia de un acto derivado de la contratación del servicio de energía eléctrica realizado entre el quejoso Max Alberto Diener Sala y la Comisión Federal de Electricidad, misma que actúa en un plano de igualdad y bilateralidad con aquél, por lo que para dirimir sus diferencias existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, como es la vía ordinaria mercantil prevista por el Código de Comercio. Sin que obste a lo anterior que el quejoso aduzca que el aduedo deriva del derecho de alumbrado público respecto del cual fue desvinculado a pagar con motivo de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 369/2017 del índice de este juzgado, empero tal situación no quedo acreditada, ya que de la lectura del oficio reclamado no se advierte que el cobro que se le pretende efectuar al quejoso tenga su origen en el derecho de alumbrado público, por el que se le concedió el amparo para que no se le cobrara ese concepto únicamente durante la vigencia de los numerales 116 y 117 de la Ley número 408 de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que se apreciaron inconstitucionales, lo que además se corrobora con el historial de facturación que en copia certificada allegó la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, relativo al número de servicio 320160705676, del que se obtiene que a partir de mayo de dos mil diecisiete no se le realizó ningún cargo por ese concepto durante ese ejercicio fiscal, documental que adquiere relevancia probatoria conforme a lo dispuesto por los artículos 203 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. El sentido de esta determinación, impide al suscrito juzgador entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cabe precisar que el análisis de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Lo anterior es acorde con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Max Alberto Diener Sala, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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