Mauro Yohari Zamora Chávez
Expediente 978/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mauro Yohari Zamora Chávez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ***********, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintiuno de octubre del año en curso; pues al efecto narró bajo protesta de decir verdad lo antecedentes del acto reclamado, señaló la naturaleza del procedimiento en la que tuvo verificativo el acto reclamado y precisó que el acto reclamado consiste en: El auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se requirió al ahora quejoso, para que en el término de cinco días, cubra el pago de los alimentos vencidos y no pagados en favor de sus menores hijos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se despachará ejecución, en términos del artículo 465 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato. Desechamiento de la demanda. Precisado lo anterior, es menester señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y sus anexos; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del tomo VII, mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." De los antecedentes que dieron origen del acto reclamado se destaca: El quejoso fue condenado al pago de una pensión alimenticia definitiva en favor de sus menores hijos dentro del juicio de origen. En ejecución de dicho fallo la actora, madre de los menores, presentó el siete de agosto de dos mil diecinueve, una promoción "con el asunto: planilla de liquidación.", en la que solicitó el pago de pensiones incumplidas correspondientes a doce meses. A tal promoción recayó un acuerdo en el que se dio vista al aquí quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que así hizo. El uno de octubre de dos mil diecinueve se dictó un auto en el que se liquidaron los alimentos vencidos que, en ejecución de sentencia, solicitó la actora y se ordenó su pago requiriéndose al aquí actor para que en el plazo de cinco días cumpla con la obligación bajo el apercibimiento que de no hacerlo se despachará ejecución, en términos del artículo 465 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato (este es el acto reclamado). Inconforme con lo anterior el aquí promovente interpuso recurso de apelación, el que fue inadmitido por el juez de origen bajo el argumento de que "dicha resolución no es susceptible de impugnarse mediante el recurso de apelación de conformidad con el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. Sin que se haya interpuesto algún otro recurso en contra del auto reclamado en la presente instancia. En ese tenor, se estima que el quejoso puede agotar los medios legales que estime convenientes, conforme al del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, que establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, en específico el recurso de revocación, de acuerdo a los numerales 232, 233 y 234 de dicho código, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Dichos preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto." "Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." Dichos numerales otorgan al gobernado un medio de defensa ordinario, para que el juez responsable revoque el acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada con número de número de registro 247290, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En tales condiciones, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Además la procedencia de dicho medio de defensa no amerita mayor interpretación; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Bajo el anterior marco contextual, debe destacarse que al quejoso le recae el carácter de demandado, tal y como se desprende de las propias manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad. Por tanto, previamente a la interposición de la presente instancia constitucional, el peticionario del amparo debió interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato. Medio de defensa en virtud del cual el acto reclamado puede ser revocado, sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad; en ese sentido, evidente resulta que al no haberse interpuesto tal recurso, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata y, por ende, resulta procedente desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al sumario constitucional como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acudiera a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando la violación reclamada produjera una violación de las referidas garantías individuales y se afectaran los derechos fundamentales del gobernado. En tal virtud, en el caso el acto destacado como reclamado proviene de un tribunal judicial -Juzgado de Partido y Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato-, y el Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, medio de defensa virtud al cual, la resolución judicial puede ser revocada sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Celaya, Guanajuato, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo signada por ***********; en contra de actos del juez de Partido y Oralidad Familiar de la ciudad de Yuriria, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 978/2019-III. a) Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones I, II, III y V, así como 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: 1. Exprese bajo protesta de decir verdad, de manera clara y precisa los antecedentes que dieron origen al acto que se reclama, de conformidad con lo requerido por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. 2. Detalle el procedimiento en el cual se verificó el acto reclamado, su estado procesal, quienes son las partes y su naturaleza. 3. Aclare el acto que controvierte, ya que por un lado, sostiene que es el auto de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, pero por otro refiere que presentó un recurso de apelación, que la autoridad responsable no admitió. 4. Precise con exactitud si en contra del acto que reclama interpuso algún recurso y la resolución que recayó a éste. 5. Señale con claridad la fecha de notificación del acto reclamado, pues en su demanda refiere dos datas distintas: uno de octubre y diez de octubre. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." b) Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". c) Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********* de esta ciudad Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza en su demanda tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. d) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia. Por último, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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