Mauro Winzing Negrin

Expediente 1092/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1092/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Mauro Winzing Negrin
  • Valentín Magaña Trinidad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio respecto a María Guadalupe Blandin Gil así como por el Primer Concejal y la Segunda Concejal del Municipio de Macuspana, Tabasco y en el segundo se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, la copia certificada del tomo II del cuadernillo de ejecución de sentencia CES-544/2011-S-2, que remitió en apoyo a su informe justificado, el cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con diez minutos del veinticinco de febrero de dos milveintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1092/2020-9 y sus acumulados 1093/2020-10 y 1094/2020-2, promovido por Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos por propio derecho y en su carácter de Primer Concejal Municipal y Segunda Concejal Municipal de Macuspana, Tabasco respectivamente, así como por María Guadalupe Blandin Gil. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda: ? Instrumental de actuaciones. ? Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. Por su parte, la autoridad responsable rindió las siguientes probanzas: ? Copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia CES-544/2011-S-2 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. ? Copia certificada del proveído de seis de noviembre de dos mil veinte dictado en el cuadernillo de ejecución de sentencia CES-544/2011-S-2; así como de las notificaciones respectivas del propio auto. [Fojas 73 a 86]? Copia certificada del proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno dictado en el cuadernillo de ejecución de sentencia CES-544/2011-S-2. [Fojas 90 y 91] Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el tercero interesado, Valentín Magaña Trinidad, mediante su escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. [Foja 66] Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que expresan el tercero interesado, para ser tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1092/2020-9 y sus acumulados 1093/2020-10 y 1094/2020- 2, promovido por Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos por propio derecho y en su carácter de Primer Concejal Municipal y Segunda Concejal Municipal de Macuspana, Tabasco respectivamente, así como por María Guadalupe Blandin Gil contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escritos recibidos el once de diciembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos por propio derecho y en su carácter de Primer Concejal Municipal y Segunda Concejal Municipal de Macuspana, Tabasco respectivamente, así como por María Guadalupe Blandin Gil solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS El acuerdo de seis de noviembre del año dos mil veinte, dictada con dentro del CUADERNILLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 544/2011-S-2, emitida por el Honorable Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y notificada el día veinte de noviembre del año dos mil veinte, por medio del cual se me impone una multa equivalente a 250 unidades de medida de actualización SIC AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ACUMULACIÓN Y ADMISIÓN. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte este órgano de amparo tuvo como hecho notorio que las demandas promovidas por Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos por propio derecho y en su carácter de Primer Concejal Municipal y Segunda Concejal Municipal de Macuspana, Tabasco respectivamente, así como por María Guadalupe Blandin Gil se encuentran íntimamente conectadas, toda vez que reclaman el mismo acto contra la misma autoridad, por lo que se decretó de oficio su acumulación, previo registro de cada asunto bajo los expedientes 1092/2020-9 y sus acumulados 1093/2020-10 y 1094/2020-2; acto seguido se admitió a trámite el asunto; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado Valentín Magaña Trinidad por medio de lista de acuerdos. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente juicio, se dio vista con el informe justificado rendido por la responsable y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"2. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco de seis de noviembre de dos mil veinte en el Cuadernillo de Ejecución de Sentencia 544/2011-S-2, por medio del cual se me impone una multa por la cantidad equivalente a doscientas cincuenta veces el 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. valor de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por así haberlo reconocido al rendir su informe con justificación Fojas 71 y 72. Condición que se corrobora con las constancias que acompaño, consistentes en la copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado -auto de seis de noviembre de dos mil veinte y de sus respectivas notificaciones; así como del cuadernillo de ejecución de sentencia CES 544/2011-S-2 de su índice. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o, dado que se tratan de documentos expedidos por servidora pública en ejercicio de las atribuciones legales. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Tribunal responsable y prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa respecto de la quejosa María Guadalupe Blandín Gil. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno emitió acuerdo por medio del cual en su punto octavo se ordenó dejar sin efectos la medida de apremio impuesta únicamente respecto de la quejosa María Guadalupe Blandín Gil, dado que ya no forma parte del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco. Fojas 90 y91 Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es once de diciembre de dos mil veinte, indudablemente existía el acto reclamado de la autoridad responsable, dado que aún surtía efectos la multa impuesta a la impetrante María Guadalupe Blandín Gil mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte dictado en el cuadernillo de cumplimiento CES- 544/2011S-2; sin embargo, en la fecha en que este juzgador resuelve este sumario constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia a la que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio únicamente respecto de la citada quejosa conforme a la diversa fracción V del consecutivo 63 del mismo ordenamiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Luego, en acatamiento al mandato establecido por el citado arábigo 62 de la Ley de Amparo, también resulta obligación de esta jurisdicción analizar cualesquier otra situación de la cual se advierta la actualización de motivo de improcedencia, o aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. En ese contexto, este juzgador advierte que en la especie se verifica causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el arábigo 7o, ambos de la Ley de Amparo, esto en atención a que el acto materia de la controversia no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representan los impetrantes. Los dispositivos citados advierten: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Así, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de materia, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que establece la improcedencia deriva de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que el numeral donde se soporta la improcedencia no establece una causal concreta, sino que en forma genérica opera cuando resulte concatenada con la aplicación de algún otro precepto de la ley de la materia, de la jurisprudencia o de la propia constitución general de la república. Por su lado, el artículo 7o establece, cómo excepción a la regla anterior, que los entes gubernamentales de los tres niveles de gobierno están en posibilidad de instar el juicio de amparo a través de sus servidores públicos o representantes; siempre y cuando la norma, el acto u omisión de la que se duelen trastoque su esfera patrimonial y se encuentre en un plano de igualdad frente a los particulares. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 374/2016 sostuvo que en efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad la proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; ello con el afán deontológico de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de las personas de desenvolver su personalidad en consecución con sus fines vitales, pues resulta inconcuso que los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que, concomitantemente al reconocimiento jurídico de las potestades naturales de los individuos, se instituyese un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. De ahí que, la excepción contenida en el numeral 7o de la ley de amparo no resulta de interpretación amplia, sino estricta, toda vez que establece el único fundamento para que las entes oficiales puedan promover la instancia constitucional, por lo que de no actualizarse sus hipótesis tales entes públicos carecerán de legitimación para incoar el medio de control constitucional. En ese sentido, únicamente se encontraran legitimadas para acudir a la instancia constitucional, las autoridades que se vean afectadas por un acto de autoridad que trastoque su esfera patrimonial, siempre y cuando se encuentren un una relación de paridad frente a otro gobernado. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos por propio derecho y en su carácter de Primer Concejal Municipal y Segunda Concejal Municipal de Macuspana, Tabasco; por lo cual esta claro que la demanda de amparo es promovida por una persona moral oficial. No obstante, la multa reclamada debe entenderse impuesta a las personas físicas que tienen dichos cargos, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 65/2015,3 consideró que si un Tribunal Contencioso Administrativo estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa. Tan es así, dijo, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable -ahora unidades de medida y 3 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 974, con número de registro 2009360. actualización-, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. Además, refirió que si bien esos razonamientos se dieron en el ámbito federal al tratarse de actuaciones realizadas en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debía considerarse que las actuaciones derivadas de la administración pública local que analizó (Estado de México, Guanajuato y Nuevo León) estaban en una situación equivalente y, por lo mismo, la persona física o titular de una unidad administrativa - dirección, dependencia u organismo descentralizado- que actuando como autoridad fue multada por la Sala del otrora Tribunal Contencioso Administrativo respectiva, ante la contumacia al cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, está legitimada para promover el juicio respectivo. Para una mayor ilustración, se reproduce la jurisprudencia en mención: JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Dicho criterio lo reiteró cuando resolvió la contradicción de tesis 330/2014 que originó la jurisprudencia 142/2017,4 en la que consideró que la multa impuesta a la autoridad responsable, con motivo del juicio de amparo, no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos. Asimismo, señaló que, si bien se reconoce que la multa se paga a título personal, lo cierto es que ésta fue impuesta con motivo de un procedimiento en el cual el servidor público multado actuó como autoridad responsable, por lo que el hecho de que pueda acudir a impugnarla por medio de sus representantes o delegados, no implica que la persona moral oficial tenga legitimación como parte en el medio de impugnación, así como tampoco libera al servidor público de cubrir la mencionada multa, si éste resulta infundado. De igual forma, debe tomarse en cuenta lo sostenido por la misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió la contradicción de tesis 114/2014 4 Registro 2015839 de rubro: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. que originó la tesis 103/2014,5 en la que determinó que la multa constituye una sanción impuesta a las personas físicas que ocupan el cargo de titulares de la autoridad responsable que corresponda, en razón de haber desobedecido los mandatos de un juzgador. Asimismo, consideró que, ciertamente, las multas impuestas por desacato a una sentencia se imponen a las personas físicas, en su actuar como servidores públicos del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio de amparo, como autoridad responsable, y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. En ese orden de ideas, expuso que, si las multas correspondientes se impusieron a las personas físicas que desempeñaban los cargos respectivos, es claro que éstas son las que deben cubrir el monto de aquéllas de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Consideró que, sostener lo contrario, implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En razón de lo anterior, la Segunda Sala precisó que la multa impuesta por el incumplimiento de una ejecutoria de amparo es una sanción a la persona física que, en su actuar como servidor público, incurre en el desacato al fallo constitucional y no a la autoridad responsable; por tanto, el 5 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, octubre de 2014, página 1044, registro 2007622. agravio derivado de la resolución que determina su aplicación no repercute en la persona moral oficial, ni en alguno de sus órganos, por lo que no afecta su esfera jurídica ni incide en su patrimonio público. A fin de dar más claridad a lo expuesto, se reproduce la señalada jurisprudencia 103/2014, que a letra dice: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DELEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión." En esa tesitura, el juicio que promueven el Primer Concejal Municipal y Segunda Concejal Municipal de Macuspana, Tabasco; es improcedente, al no afectar intereses patrimoniales de ese ente público municipal. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 45/20036 sustentada por la 6 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, junio de 2003, página 254, registro 184063. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 7o ambos de la Ley de Amparo; respecto de la persona moral quejosa, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal invocado. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias que se acompañaron al informe justificado, las cuales consisten en la copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia CES-544/2011-S-2 del índice del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Además se observara el contenido del juicio de amparo 1493/2019-7 del índice de este Juzgado, dado que guarda relación directa con la materia de este sumario, lo cual se invoca como hecho notorio. Soporta lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12 sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, materia común, registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO., sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ahora, para abordar de manera más clara el sentido de la decisión que se toma en esta ejecutoria, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva en el expediente administrativo 544/2011-S-2 del índice del Tribunal responsable. 2. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución interlocutoria correspondiente, en la que se condenó al Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Dirección de Seguridad Pública Municipal y Contralor Municipal, todos del municipio de Macuspana, Tabasco, a pagar a los actores las cantidades líquidas a favor de los actores especificadas en referida interlocutoria. 3. En proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal responsable requirió nuevamente a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva y las apercibió con imponerles una multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en esta entidad federativa, sin que hayan dado cumplimiento al pago de los actores. 4. Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable hizo impuso una multa a los integrantes del ayuntamiento demandado por incumplimiento de la sentencia, consistente en trescientas veces el valor de la medida y actualización y los requirió nuevamente para que dentro del término de quince días den cumplimiento de la sentencia definitiva, dado que en esa data aún no se había realizado el pago en favor de los actores. 5. Luego, mediante sentencia dictada por esta jurisdicción el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve dentro del juicio de amparo 1493/2019-7, se concedió la protección constitucional al aquí tercero interesado Valentín Magaña Trinidad, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco para el efecto de se realizaran los trámites conducentes y mediante el uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la ejecución de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 544/2011-S-2 y conforme a lo establecido en la interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se estableció al tercero en cita el pago de $1,245,413.69 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos trece pesos 69/100 moneda nacional). 6. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, la responsable tuvo por recibido el oficio 15762/2020 del Actuaria Judicial adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito a través del cual se requirió de nueva cuenta, el cumplimiento de la sentencia del amparo 1493/2019-7; además, visto que las autoridades municipales encargadas de realizar el pago en favor de Valentín Magaña Trinidad, no justificaron la imposibilidad que aducen para cumplir con esa obligación, les impuso multa equivalente a DOSCIENTAS CINCUENTA veces el valor de UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, acto reclamado en este juicio, el cual se reproduce a continuación: SEXTO. ESTUDIO. Previo al análisis de los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, conviene señalar que se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. Dicho proceder se fundamenta en la tesis 1a. CVIII/20077, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 7 GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible en la página 793, registro 172517. Acotado lo anterior, se procede al examen de motivos de disenso expresados por los peticionarios de amparo. En su primer concepto de violación sostienen la multa impuesta es ilegal, dado que deja de atender los previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco abrogada8, puesto que el Tribunal responsables pasa por alto los trámites y gestiones que se han realizado para cumplir con el pago materia de la sentencia del expediente de origen. Aducen que el requerimiento combatido es excesivo, pues no puede requerir al Consejo Municipal de Macuspana, Tabasco como Órgano Colegiado Superior de la Administración Pública Municipal una respuesta particular por cada uno de los concejales que lo integran. Manifiestan que las documentales allegas por los apoderados legales de la entidad demandada deben ser consideradas también como respuestas proporcionadas por el Consejo Municipal y por tanto, deben quedar sin efectos los requerimientos realizados a los impetrantes de amparo. En su segundo argumento de disenso los peticionarios argumentan que si han dado cumplimiento a 8 Legislación que rige el procedimiento de origen, expediente número 544/2011-S- 2. los requerimientos incoados por el Tribunal responsable, pues han informado sobre los trámites y gestiones efectuadas para realizar el pago de la ejecución de sentencia 544/2011-S-2, haciendo de conocimiento de esa autoridad la imposibilidad material de poder efectuar el pago requerido, puesto que de acuerdo a los informes técnicos financieros de la Dirección de Finanzas y la Dirección de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco se tomó la determinación, mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 65/EXT/17-08-2020 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, de atender en primer lugar el pago de los expedientes que se encuentran con Incidente de Inejecución ante la Suprema Corte de la Nación, continuando los que están radicados en los Tribunales Colegiados, después los requerimientos de los Juzgados de Distrito y finalmente por la autoridades del fuero común, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, afirma que el expediente de origen 544/2011-S-2 cuenta con un amparo por el cual se requiere su cumplimiento, de ahí que está contemplado su pago para el ejercicio fiscal dos mil veinte, por lo que resulta excesivo la aplicación de la multa reclamada, máxime si se ha acreditado que los quejosos se dieron a la tarea de buscar el cumplimiento de la sentencia citada y del fallo protector relacionado, por lo que es claro que se dejó de observar el principio de primacía de la realidad, pues el cumplimiento del pago reclama mayor cuantía de tiempo, distintos a los otorgados por el Tribunal responsable. Los anteriores motivos de disenso resultan infundados, puesto que en la resolución reclamada, el Tribunal responsable en ninguna forma actuó fuera de los parámetros establecidos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco abrogada9; dado que la porción normativa que citó -artículos 90 y 91- efectivamente establecen la posibilidad de imponer una multa como medida de apremio dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Para mejor proveer se transcriben los numerales citados: "ARTICULO 90.- Cuando las autoridades u organismos demandados, no den cumplimiento a la sentencia dentro del término de tres días o al señalado por la Sala, o en su caso, el Pleno, de oficio o a petición de parte, dará vista a los mismos para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. La Sala, o en su caso el Pleno, resolverá si las enjuiciadas han cumplido con los términos de la sentencia y de no ser así, las requerirá para que la cumplan amonestándolas y previniéndolas que, en caso de renuencia, se les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente a 250 veces el 9 De aplicación al juicio de origen de conformidad con el párrafo segundo del artículo SEGUNDO transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el cual dispone: TRANSITORIOS SEGUNDO. Se abroga la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de febrero de 1997 y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Los Juicios Contencioso Administrativos y medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio." valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. ARTICULO 91. Cuando la autoridad demandada persista en su actitud, el Pleno resolverá a instancia de la Sala del conocimiento, solicitar del titular de la dependencia Estatal, Municipal u organismo a quien se encuentre subordinada, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a la resolución del Tribunal, sin perjuicio de que se apliquen los medios de apremio por una vez más. Si la autoridad persistiere en su actitud, el Tribunal solicitará al Gobernador del Estado, como superior jerárquico, obligue al funcionario responsable para que dé cumplimiento a sus determinaciones en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si la autoridad omisa es el Presidente Municipal o Primer Concejal en su caso, se pondrá en conocimiento del Cabildo o del Concejo Municipal esta circunstancia, por conducto del Síndico de Hacienda, como representante legal del mismo, para que se conmine al Presidente o Primer Concejal en su caso, a obedecer y en caso de que ambos desacaten lo ordenado se comunicará al Congreso del Estado para los efectos legales del caso. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada. De la transcripción anterior, se desprende que - artículo 90- las autoridades demandadas se encuentran en obligación de cumplir con las sentencias dictadas en los procesos regidos por esa legislación y en caso de incumplimiento, previo apercibimiento, si se insiste en el falta de cumplimiento se podrá imponer multa. Asimismo -artículo 91- establece la forma en que el Tribunal podrá escalar la solicitud de cumplimiento de sus sentencias en el caso que las autoridades demandadas persistan en el desacato. Además, contrario a lo sostenido por los impetrantes el Tribunal responsable sí tomo en consideración las gestiones realizadas y los documentos allegados para dar cumplimiento al fallo dentro del cuadernillo de ejecución, tan es así que en el punto PRIMERO del acuerdo reclamado hace una relatoría de las razones expuestas y de las documentales con las que la autoridad demanda pretendió justificar la imposibilidad de cumplir con sentencia, misas que en el punto SEGUNDO -acto reclamado- calificó como insuficientes para tener por acreditada tal situación. En esa tesitura, si bien los quejosos sostienen que cumplieron con los requerimientos hechos por la por el Tribunal; tal afirmación resulta falsa, dado que tal condición no aconteció. Lo anterior es así, puesto que del análisis de los antecedentes concatenados con el citado punto PRIMERO del propio acuerdo reclamado se advierte que el representante del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco aduce diversos motivos con los que pretende justificar la imposibilidad de cumplir con la sentencia e informa que el expediente 544/2011-S-2, si bien se encuentra contemplado dentro de la calendarización de pagos del año dos mil veinte, tal acción únicamente se determinó pago en favor del actor Pedro Félix Montero, distinto por el cual se le requirió; además hizo de conocimiento que se convocaría a una nueva sesión de concejo donde se revisen las condiciones financieras para cumplir con el pago requerido; con lo que se corrobora que no se cumplió con lo solicitado -el pago en favor aquí tercero interesado. Ahora en lo tocante a la manifestación de que el requerimiento es excesivo y no observa el principio de primacía de realidad, tal condición es igualmente falsa, puesto que el Tribunal responsable resolvió sobre la cuestión efectivamente planteada, puesto como se desprende del apartado de antecedentes, el cumplimiento de la sentencia se ha requerido desde el mes de noviembre de dos mil diecisiete e incluso, como los propios quejosos admiten y se advierte del propio acuerdo reclamado, tal cumplimiento ya está vinculado con diversa ejecutoria de amparo del índice de este mismo Juzgado de Distrito, por lo que el acto de requerir la ejecución del procedimiento de origen deviene imperante. Es aplicable en lo conducente, el razonamiento II.3o.P.20 K (10a.) visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2294, décima época, materia común, registro 2021607, de rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO PUEDE SUPEDITARSE A DETERMINACIONES EMITIDAS CON POSTERIORIDAD POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS O NO A SU ESTRICTA OBSERVANCIA. El cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de amparo, una vez que adquiere la calidad de verdad legal, así como su eficacia e inmediata ejecución, deben prevalecer sobre determinaciones que con posterioridad emitan las autoridades administrativas vinculadas o no a su estricta observancia, pues tanto la sociedad como el Estado tienen interés en que las determinaciones emitidas por los órganos de control constitucional sean cumplidas totalmente, sin excesos ni defectos, ya que los fines de aquélla, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, supone el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional detectada. Estimar lo contrario, conllevaría no sólo desconocer la eficacia de su ejecución inmediata, sino permitir que autoridades ajenas al juicio constitucional obstaculicen su cumplimiento en perjuicio del interés social y en contravención a disposiciones de orden público; de ahí que resulte inaceptable que la autoridad responsable evada su cabal cumplimiento, so pretexto de colmar previamente la determinación emitida por una autoridad administrativa, al no estar supeditados la observancia y acatamiento del fallo constitucional a lo determinado por una diversa autoridad. Adicionalmente, de la argumentación que soporta la presente resolución es posible advertir razones por las cuales los argumentos de los conceptos de violación no fueron suficientes para conceder la protección constitucional y, por ende, al tener soporte dichos argumentos en diversas tesis e interpretaciones judiciales, es lógico que no resulten aplicables. En las relatadas condiciones, ante lo infundado del argumentos de disenso propuestos por los quejosos, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por Valentín Magaña Trinidad en su calidad de tercero interesado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Guadalupe Blandin Gil, así como por el Primer Concejal y la Segunda Concejal del Municipio de Macuspana, Tabasco contra el acto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco por lo motivos establecidos en el considerando CUARTO de esta ejecutoria. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Mauro Winzing Negrin y Diana Miranda White Castellanos por los motivos establecidos en el considerando SEXTO de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo plasmado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese

  4. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en representación de los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable; mediante el cual en complemento al informe justificado acordado en auto de tres de los actuales, remite copia certificada del proveído de veintinueve de enero del año en curso, dictado en el expediente CES-544/2011-S-2; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad antes citada, la constancia citada en el párrafo que antecede, de la que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

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