Mauro Salinas Carranza

Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
732/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Mauro Salinas Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual informa que se declara firme el auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del recurso de queja número 165/2023, de su índice, por consiguiente se ordenó el archivo del mismo; de lo cual se toma conocimiento y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso *************, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que se hace valer. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, ríndase dentro del término señalado el informe con justificación requerido y de inmediato remítase el original del aludido escrito a la Superioridad, así como una copia más de dicho escrito destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Haciéndose saber a la Superioridad que NO ES CIERTO EL HECHO QUE SE ATRIBUYE RESPECTO AL AUTO DE CINCO DE JUNIO Y ES CIERTO RESPECTO DEL EMITIDO EL TREINTA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO; empero el mismo fue dictado conforme a derecho. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesario adjuntar copia del auto impugnado; de las constancias de notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado, con el escrito de interposición del recurso, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    En atención a la razón actuarial que antecede, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por Mauro Salinas Carranza, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1). Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX. Se explica. El acto reclamado en la presente instancia constitucional es, la omisión por parte del agente del Ministerio Público con sede en Temixco, Morelos, en ordenar el procedimiento de judicialización de la carpeta de investigación número ********************. Ahora, del contenido de la fracción citada en párrafos que anteceden, se desprende el principio de definitividad, el cual esencialmente consiste en que previo a la promoción de este medio de control constitucional, la parte promovente debió acudir a las instancias ordinarias con las que cuenta, a efecto de que el acto del que se duele pudiera ser modificado, revocado o nulificado, ello siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. Sin que se desconozca que no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado, si este carece de fundamentación, cuando el gobernado solo alegue violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; sin embargo, en el caso en estudio se determina que ello no acontece, pues como se dijo, el acto reclamado se relaciona con las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación, por lo que no se está en una de las hipótesis de excepción al señalado principio. En ese orden de ideas, debe decirse que en relación con el medio de defensa ordinario respecto del acto aquí reclamado, se encuentra plasmado en los artículos 109, fracción XXI, y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De acuerdo con los numerales transcritos, la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 antes citado, cuya finalidad es que el juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria; por lo que puede entenderse que las decisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Por tanto, como la parte quejosa reclama la omisión por parte del representante social en ordenar el procedimiento de judicialización dentro de la carpeta de investigación, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previamente a promover éste, debió impugnar dicha omisión a través del referido medio ordinario de defensa; de ahí que si el promovente no lo hizo así, es patente que no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Así como la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Además, la tesis I.9º.P30 P (11a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro digital 2024170, de texto siguiente: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. CUANDO DERIVAN DEL INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR UN JUEZ DE CONTROL, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO TIENE DOS VÍAS ORDINARIAS PARA ASEGURAR SU MATERIALIZACIÓN. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Ministerio Público de cumplir con lo ordenado por un Juez de Control, respecto a subsanar algunas deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al no haberse agotado el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En desacuerdo, interpuso recurso de queja y adujo que no le era obligatorio agotar el medio de impugnación indicado, pues previamente y con motivo de anteriores omisiones, ya había sometido su pretensión ante el Juez de Control, lo cual, en su momento, se resolvió en sentido favorable a sus intereses. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de escenarios como el descrito, la víctima u ofendido tiene dos vías ordinarias para asegurar que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación diligente: i) cuando exista un pronunciamiento previo por un Juez de Control sobre la obligación de llevar a cabo determinados actos para la debida integración de la carpeta, aquél está facultado para acudir ante la representación social para solicitar el exacto cumplimiento de lo ordenado, quien estará en aptitud de dictar las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir su determinación; o, ii) si se trata de nuevas omisiones que no hayan sido materia de una audiencia celebrada conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido puede interponer, en múltiples ocasiones, el recurso innominado previsto en el artículo invocado; de modo que su primera resolución no conlleva la improcedencia de un diverso planteamiento, con fundamento en el mismo precepto. Por tanto, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto, tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, la víctima u ofendido tiene la obligación de agotar los medios ordinarios a su alcance, en atención al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque tratándose del primer supuesto, la autoridad jurisdiccional está obligada a hacer cumplir sus determinaciones, de forma acelerada y ágil, para garantizar la debida diligencia en la integración de la investigación inicial en favor de la víctima u ofendido. Por lo que hace al segundo supuesto, es necesario tener en claro que la resolución de un recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no agota su materia en un momento específico, por el contrario, durante la integración de la propia investigación las circunstancias varían; de modo que la víctima u ofendido puede someter a control judicial esas nuevas pretensiones, por lo cual, la materia del recurso será distinta al planteamiento formulado en un anterior medio de impugnación; de ahí que el Juez de Control estará obligado a pronunciarse sobre las particularidades advertidas en ese nuevo momento, que no han sido objeto de análisis judicial. Por tanto, el que previamente se hubiere hecho valer ese recurso ante el Juez de Control no impide que, en lo futuro, se vuelva a interponer, ante una nueva litis." En consecuencia, dado que el promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de dicha legislación, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que la parte quejosa señala diversas autoridades responsables -ordenadoras y ejecutoras-, entre ellas al juez de Control del Distrito Judicial único en el Sistema Penal Acusatorio de la Primera Sede con cabecera en Xochitepec, Morelos, sin embargo, de la lectura integral del escrito de demanda no se advierte algún acto reclamado que sea atribuido a éstas; aunado que la omisión que reclama es dentro de la carpeta de investigación ******************** del índice de la Agencia del Ministerio Público con sede en Temixco, Morelos -autoridad señalada como responsable-. 3). Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio procesal el que señala la quejosa en su demanda. Además a ********************, se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y a las persona restante en términos restringidos de dicho numeral por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, este juzgado de Distrito toma nota del correo electrónico y teléfono móvil proporcionados a fin de, en su caso, establecer comunicación en términos del artículo con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales 4).- Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6). Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 7).- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. 8) Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente.

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