Mauro Saenz Martínez

Expediente 709/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
709/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Mauro Saenz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante ejecutoria dictada en el presente asunto el veinte de octubre de dos mil veintidós; y, al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, evidenciar el exceso o defecto en su cumplimiento, sin que lo hubieren hecho. En esas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre si en este asunto se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito, si existe exceso o defecto en su cumplimiento o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª/J. 129/2007, visible en la página 619, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS Y MEDIOS PROCESALES PARA LOGRAR SU PLENO ACATAMIENTO." Ahora bien, en la ejecutoria dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; en apoyo a este órgano de control constitucional, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "En las relatadas circunstancias -a fin de restituir a la parte recurrente en el goce de sus derechos fundamentales-, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria: 1. Deje insubsistente el acto reclamado; 2. Determine que el cese verbal del accionante del puesto de jefe de grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo, se realizó incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 72, en relación con el diverso 56 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo; por consiguiente, decrete la nulidad lisa y llana de tal determinación; 3. Realice las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente al quejoso, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, la cual deberá calcularse conforme a la ley aplicable. - Al respecto, cabe señalar que no debe exceptuarse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo en el ámbito federal, estatal o municipal existan normas que prevean expresamente un monto para la indemnización de este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tal caso la autoridad responsable deberá resolver conforme a lo dispuesto en ese ordenamiento legal. - 4. Ordene el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho conforme a las disposiciones contenidas en el ordenamiento estatal y municipal respectivos, las cuales consisten en remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios desde que se concretó su separación hasta que se realicen los pagos correspondientes; 5. Ordene a la institución que -por ley o convenio- otorgaba al quejoso los servicios de salud continúe o, en su caso, reanude los mismo; así como, a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley deba acontecer; 6. Requiera al ente municipal demandado que acredite -a través del área administrativa competente- que realizó el pago de las cuotas y aportaciones relativas al instituto que otorgó el servicio de salud en beneficio del disidente hasta el día de su liquidación total; de no ser así, deberá realizar dicho pago que debió efectuar como si éste estuviera laborando, a fin de que existe una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud; y, 7. Ordene la anotación en el expediente personal del servidor público-justiciable, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública -o bien en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública o cualquier otra institución de dicha naturaleza- en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XII del aparatado B del artículo 123 de la constitución federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo." En cumplimiento a dicho fallo, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por oficio 10767/2022, remitió copia certificada de la nueva sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que en la parte conducente dijo: "[.] Por lo anterior, como se señala en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, al haber realizado funciones de policía, Mauro Sáenz Martínez, sólo puede ser destituido por incurrir en alguna causa de separación, remoción o cese; ello, partiendo de la base de que la seguridad pública no puede ejercerse mediante contratos de prestación de servicios, dado que dicha labor se realiza a través de instituciones de seguridad pública, conforme los establece la constitución y reglamentos aplicables. - Por dicha razón si en un contrato de esa naturaleza se pacta la determinación de la relación jurídica, es innegable que incumple con la finalidad instituida en los artículos 2 y 7 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, que establecen los fines de la seguridad pública y la forma en que debe prestarse dicho servicio, es decir, por medio de instituciones de seguridad pública, máxime que se reitera no existe disposición legal que establezca la facultad para que los municipios celebren contratos de prestación de servicios para ejercer las funciones de policía, como lo sostuvo el Tribunal Federal en la ejecutoria de amparo que se cumple. - De ahí que, para dar por terminado el nombramiento de policía de Mauro Sáenz Martínez, constituye un requisito indispensable el seguimiento del procedimiento administrativo ante el Consejo de Honor y Justicia del ente municipal demandado, pues es el único órgano facultado para decidir -previa observancia de las formalidades esenciales establecidas en el artículo 108 de la Ley en referencia- si se actualiza algún supuesto, que conlleve a la terminación de la relación administrativa con tal acto condición. - Lo anterior, en razón a que ningún acto de autoridad está exento de observar las formalidades esenciales del procedimiento, que jurisprudencialmente han sido definidas como la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas y el dictado de una resolución fundada y motivada que justifique la procedencia de la decisión de separar, remover o cesar al infractor, lo que implica que en el acto impugnado por Mauro Sáenz Martínez, se le privó de la oportunidad de ser escuchado mediante un procedimiento administrativo seguido ante el Consejo de Honor y Justicia, instaurado en la corporación para la que realizaba sus funciones como policía; incluso, ni siquiera se le dieron a conocer las causa de su baja, y por ende, no bastaba que se le hiciera saber verbalmente que estaba dado de baja por haber concluido el contrato de prestación de servicios, sino que -al margen de la existencia o no de dicho contrato- debió ubicarse en alguna de las causas de separación, cese o remoción ya apuntadas. - Por lo anterior, el proceder de la autoridad demandada, no es apegado a derecho, pues inobservó que debido al régimen en el cual el quejoso prestó sus servicios, únicamente podía darse por terminada esa relación jurídica cuando concurran las causas establecidas en el artículo 72, en relación con el diverso 56 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, por lo que, transgrede los derechos fundamentales de legalidad y de acceso a la jurisdicción previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de nulidad prevista en el ordinal 32 fracción II de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo y consecuentemente se declara la nulidad lisa y llana del cese verbal impugnado por Mauro Sáenz Martínez, de su puesto como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo, en tanto que se realizó en incumplimiento con lo dispuesto en el artículo 72, en relación con el diverso 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. [.] Por ende, al haber resultado nulo el acto impugnado, ante el incumplimiento a lo previsto en el ordinal 72 en relación con el 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, además de no haberse efectuado el procedimiento administrativo correspondiente y al no ser procedente la reinstalación en el cargo que ocupaba el recurrente Mauro Sáenz Martínez, como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, por los motivos anteriormente expuestos, la autoridad demandada Presidente Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, queda obligado a restituir al actor en el goce de los derechos que le fueron indebidamente afectados con el acto administrativo que se ha tildado de nulo, por lo cual, en términos del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el cual contiene el impedimento legal de este tribunal para substituir a la demanda, a efectuar todas las gestiones necesarias a fin de que se pague a Mauro Sáenz Martínez, los conceptos que a continuación se establecen: La indemnización correspondiente a Mauro Sáenz Martínez, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, la cual deberá calcularse conforme a la ley aplicable. - La remuneración diaria ordinaria desde el momento en que se decretó su separación injustificada de su cargo como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, veintinueve de diciembre de dos mil veinte y hasta el monto en que se cumpla la presente resolución, y en su caso con los respectivos aumentos que haya sufrido el cargo que ostentaba. - Las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones y prima vacacional a las que tenía derecho durante el periodo señalado en el punto anterior. - De la misma manera, al haberse desempeñado Mauro Sáenz Martínez, como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo, los servicios de salud tanto para él, como para sus coasegurados -en términos de lo ordenado en la ejecutoria de amparo directo administrativo-, deben ser proporcionados por medio de la institución correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social o a través de la dependencia o institución a la que corresponda prestarle dichos servicios de seguridad social, los cuales deberán realizarse hasta que se paguen los conceptos citados en los puntos que anteceden, por lo que en sujeción a lo anterior, el Presidente Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, deberá: Ordenar a la institución que otorgaba a Mauro Sáenz Martínez, los servicios de salud correspondientes, continúe o en su caso, reanude los mismos, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley deba acontecer -en términos de lo ordenado por el Tribunal Federal en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta. - Acreditar a través del área administrativa competente, que realizó el pago de las cuotas y aportaciones relativas al instituto que otorgó el servicio de salud en beneficio de Mauro Sáenz Martínez, hasta el día de su liquidación total, de no ser así, deberá realizar dicho pago que debió efectuar como si este estuviera laborando, a fin de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud; y Anotar en el expediente personal de la parte actora, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública -o bien en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública o cualquier otra institución de dicha naturaleza- en el sentido de que Mauro Sáenz Martínez, fue separado o destituido de manera injustificada de su cargo de Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo, pero que derivado de la restitución constitucional establecida en la fracción XII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. [.] Prestaciones que se deberán otorgar al actor, al margen de que resulten procedentes o no, ya que este Tribunal Pleno, acata exclusivamente lo ordenado en la ejecutoria de amparo a la cual se da cumplimiento. - En otro punto, si bien no se soslaya que como pretensión Mauro Sáenz Martínez, solicitó el pago de tiempo extraordinario en razón de sesenta y ocho horas extraordinarias laboradas en los cuatro días laborados a la semana, por todo el tiempo que se desempeñó en sus labores, la misma declara improcedente, en tanto que del material probatorio aportado en la secuela procesal, no se advierte medio de convicción alguno que acredite que efectivamente en el tiempo que refiere haya laborado las horas extras que menciona y por ende, al no tener elemento alguno que acredite lo solicitado tal pretensión resulta ser improcedente. - A razón de lo anterior, se requiere a la autoridad demandada, Presidente Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, para que, dentro del plazo legal de cinco días hábiles, siguientes al que surta efectos la notificación del acuerdo en el que se declare ejecutoriada la presente resolución, cumpla la misma en los términos ordenados en este apartado e informen a este órgano jurisdiccional." Así, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, una vez analizadas las constancias que integran este juicio de garantías, se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; ya que dejó insubsistente el acto reclamado; Determinó que el cese verbal del accionante del puesto de jefe de grupo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo, se realizó incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 72, en relación con el diverso 56 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo; por consiguiente, decretó la nulidad lisa y llana de tal determinación; realizando las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente al quejoso, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que tuvo derecho conforme a las disposiciones contenidas en el ordenamiento estatal y municipal respectivos, consistentes en remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios desde que se concretó su separación hasta que se realicen los pagos correspondientes; asimismo ordenó a la institución que -por ley o convenio- otorgaba al quejoso los servicios de salud continúe o, en su caso, reanude los mismos para el justiciable y sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley deba acontecer; también requirió al ente municipal demandado que acredite -a través del área administrativa competente- que realizó el pago de las cuotas y aportaciones relativas al instituto que otorgó el servicio de salud en beneficio del disidente hasta el día de su liquidación total; y para el caso que no fuera así, deberá realizar dicho pago como si estuviera laborando, a fin de que existiera una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud; finalmente, ordenó la anotación en el expediente personal del servidor público-justiciable, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública -o bien en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública o cualquier otra institución de dicha naturaleza- en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XII del aparatado B del artículo 123 de la constitución federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la impresión del acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, recibido en el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la evidencia criptográfica, constante de doce fojas, dictado por la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina, en el amparo directo en revisión 53/2023 de su índice, así como el acuse de envío y recibo. Acúsese recibo a la superioridad vía MINTERSCJN. En atención a lo remitido, se tiene conocimiento que el diez de enero del año que transcurre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por improcedente el recurso de revisión que hizo valer la parte recurrente. De igual manera, en atención al punto VIII del acuerdo con que se da cuenta, por separado fórmese el despacho que corresponda, relativo al diverso SSGA_DPO-SIETE-271/2023 y diligénciese en sus términos. Cumplido lo anterior, remítanse las constancias que así lo acrediten al Alto Tribunal vía MINTERSCJN. Por otra parte, visto el estado de autos de los cuales se advierte que mediante proveído de veintinueve de noviembre del año pasado, se acordó lo relativo al cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "UNICO.- SE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES PROMOVIDO DENTRO DEL JUICIO DE GARANTIAS." EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

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