Mauro Rodriguez Garcia
Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mauro Rodriguez Garcia
Actuaciones
- Principal
causa estado auto en el que se desecho la demanda ....archívese el expediente como asunto concluido...
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 510-2022. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda promovida por Mauro Rodríguez García, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo que cobra singular relevancia precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Del análisis de la demanda, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: La determinación emitida en la audiencia de juicio de veintiséis de abril de dos mil veintidós, celebrada por la Juez de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar en esta ciudad, en el juicio oral ordinario ***, en la que se declaró improcedente la solicitud del ahora quejoso, inherente a la designación de un perito para asesorarlo en el desahogo de la prueba pericial en materia socio-económica, ofrecida por su contraparte. Atento a la citada reclamación, se estima que en el caso se actualiza a título manifiesto e indudable, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, en razón de que tal determinación no produce una afectación material a derechos sustantivos. Se explica: Del último precepto citado, se obtiene que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho humano de que se trate; b) De modo que, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esa tesitura, cabe destacar que de acuerdo con la doctrina jurídica, los derechos sustantivos se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse como derechos sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. Por otro lado, los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 2013976, visible en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia Común, Civil, Décima Época, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Sobre la base de lo antes dicho, el acto reclamado en esta instancia constitucional, no puede considerarse como de aquellos que generan de inmediato una afectación material a un derecho sustantivo, sino meramente de carácter procesal. Es así, pues la determinación que se emitió en la audiencia de juicio de veintiséis de abril de dos mil veintidós, celebrada en el juicio oral ordinario ***, en el sentido de negar la solicitud del ahora quejoso, inherente a que se le designara un perito para asesorarlo en el desahogo de la prueba pericial en materia socio-económica, ofrecida por su contraparte, no genera una afectación de imposible reparación a derechos sustantivos, pues tan sólo nace la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia de origen en cuanto a su fondo, en la medida en que dicha determinación, en vinculación con el desahogo de la prueba pericial, influya para que el resultado del fallo sea contrario a sus intereses. De modo que si la sentencia resultara favorable a la parte aquí quejosa, la afectación que pudo haber resentido con la negativa a que se le designara perito asesor de su parte, desaparecería, lo que demuestra que los efectos que causa la resolución que se reclama, no trascenderían a derechos sustantivos en tanto que no quedaría huella alguna en su esfera jurídica. Por tales razones, es necesario esperar hasta el dictado de dicha sentencia para -una vez agotado el recurso procedente-, ahí controvertirla mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, en el eventual caso de que el resultado de la resolución sea adversa a sus intereses. Resulta aplicable la tesis XI.T.Aux.C.1 K, publicada en la página 1880, Tomo XXXII, julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la presente demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita; de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, en la medida de lo posible, procuren señalar domicilio para recibir notificaciones que corresponda a uno electrónico con la finalidad de transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, realicen los trámites necesarios a fin de que puedan continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, mediante la plataforma electrónica del Poder Judicial de la Federación, a través del denominado "Juicio en Línea", solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, proporcionando para tal efecto él o los usuarios válidos que tendrán dichas autorizaciones, a efecto de que el órgano jurisdiccional las habilite. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Bladimir Arriaga Landín, pues no acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado al no tener registrada cédula profesional ante el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas por así haberlo solicitado expresamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante la secretaria encargada del asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda promovida por *** *** ***, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo que cobra singular relevancia precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Del análisis de la demanda, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: La determinación emitida en la audiencia de juicio de veintiséis de abril de dos mil veintidós, celebrada por la Juez de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar en esta ciudad, en el juicio oral ordinario ***, en la que se declaró improcedente la solicitud del ahora quejoso, inherente a la designación de un perito para asesorarlo en el desahogo de la prueba pericial en materia socio-económica, ofrecida por su contraparte. Atento a la citada reclamación, se estima que en el caso se actualiza a título manifiesto e indudable, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, en razón de que tal determinación no produce una afectación material a derechos sustantivos.
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