Mauro Pedro Galván Cruz

Expediente 383/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
383/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
25/09/2015

Partes del expediente

  • Mauro Pedro Galván Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    MESA 2 B INC. 382/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticinco de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 819.036 2419, signado por Rafael Ordaz Zárate, Jefe del CAP CENTRO, OAX., del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, a través del que en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de catorce de julio del año en curso (foja 121), remite copia certificada de la pieza postal ahí solicitada. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA AMP 6-B PRAL 383/2015 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintisiete de abril de dos mil quince. Vistos los autos, como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, a fin de que se interpusiera recurso de revisión, en contra del auto de fecha treinta y uno de marzo del año en curso (fojas 36-38), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, promovido por MAURO PEDRO GALVÁN CRUZ; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla, conforme a su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales consiguientes. Siendo innecesario jurídicamente que se realice el cómputo de los diez días que otorga el numeral primeramente invocado, para las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó fuera de audiencias en el juicio, y, por ende, ningún agravio genera a dicha parte, que carece de legitimación para inconformarse; ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso concreto, el único que pudiera resultar afectado con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Fundamenta lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se reclame, por lo que debe desecharse la que interponga una de las autoridades responsables, si el inferior sobreseyó en el juicio relativo, en cuanto al acto que de ella fue reclamado". Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXX, bajo el rubro y texto: "RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". En otro contexto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA 6 BPRAL. 383/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diez de abril de dos mil quince. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el alegato número 52/2015, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; toda vez que en proveído de fecha treinta y uno de marzo del año en curso (fojas 36-38), se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Por otra parte, en cuanto a la copia que refiere en su oficio de cuenta, dígasele que la misma ya le fue entregada (foja 38 vuelta). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD) MESA 6 B, PRAL. 383/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta y uno de marzo de dos mil quince. Visto el estado de los autos, de los mismos se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes de las autoridades responsables que se ordenaron agregar en el proveído de fecha veintiséis del mes en curso (foja 32), quienes negaron categóricamente la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa consistente en la orden de aprehensión, dictada en su contra y su ejecución. Ahora bien, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando los informes justificados relacionados en dicho proveído, no se agregaron dentro de los ocho días que debe mediar, como prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de amparo, vigente; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece de abril del año en curso (foja 7) fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de inexistencia de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Además, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia, pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, vigente, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables, al rendir su informe justificado (fojas 11-31), negaron la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa, por tanto, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decreta0r el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada en este juicio (foja 7). En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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