Mauro Gutiérrez Noriega
Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2023
Partes del expediente
- Mauro Gutiérrez Noriega
- Jesus Pimentel Lopez
- Bertoldo Antonio Cruz
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 136/2023-H El catorce de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, pues por un lado se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y por otro se desechó la misma, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diecisiete de marzo de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo 136/2023-H El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, en contra del proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo en la parte conducente al desechamiento ha causado estado. De igual manera, se desprende que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento con la prevención formulada en autos, sin que la desahogara; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo por lo que hace a Miriam Guadalupe Esquer Cazarez o Miriam Guadalupe Esquer Cazare. Se desecha demanda Por otro lado, respecto a los quejosos restantes, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, virtud que previo a acudir al juicio biinstancial, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo local, virtud del cual, podían ser modificados, revocados o nulificados los actos de reclamo destacados. El precepto invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]." Del normativo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, admitiendo sólo como excepción: a) Cuando la legislación que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución; y, d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, los quejosos reprochan del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Playas de Rosarito, Baja California, el levantamiento del embargo preventivo de tres de junio de dos mil nueve, inscrito bajo la partida 6025425. Sin embargo, contra dicho acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 1°, párrafo segundo, y 22, fracción I, y antepenúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que disponen lo siguiente: "Artículo 1.- [.] El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales." "Artículo 22.- Las Salas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; [.] Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo." De los preceptos invocados se pone en relieve que el acto reclamado se ubica en el supuesto normativo de referencia, al tratarse de un acto de carácter administrativo emanado de un organismo estatal que causa agravio al particular, en este caso, a la parte quejosa, ya que se duele de la conducta autoritaria desplegada por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Playas de Rosarito, Baja California, a través de la cual ordenó el levantamiento del embargo preventivo de tres de junio de dos mil nueve, inscrito bajo la partida 6025425. Actuar que, conforme a los preceptos transcritos, es impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, mediante el juicio de nulidad, pues es a través de éste por el que la inconforme pudiera obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Cabe señalar que no se actualizan los casos de excepción que establece la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. En primer término, porque aun y cuando la parte quejosa alega que se violan sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, tal circunstancia no la excluye de agotar el medio de defensa legal que tiene a su alcance, debido a que las cuestiones de legalidad que también hace valer deben ser previamente dirimidas mediante el recurso ordinario correspondiente. En esas condiciones, se considera que no se actualiza el caso de excepción de referencia, toda vez que a través del juicio de nulidad, sería factible para los promoventes del amparo obtener la modificación, anulación o revocación del acto administrativo que estiman violatorio de sus derechos fundamentales, pues al hacerlo pueden alegar los vicios de legalidad que refieren colman al aludido acto reclamado, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el juicio correspondiente, ya que por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias. Ilustra sobre el particular, en la parte conducente, la jurisprudencia del otrora Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, página 201, volúmenes 127-132, Sexta Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se leen: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el Juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros." [Énfasis añadido] Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Además, el medio de impugnación de mérito no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley en sentido formal y material, como lo es, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, la cual no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ya que del examen comparativo de los artículos del 56 al 63 de la ley invocada en primer término, con los numerales 128, 130, 132 y 133 de la segunda legislación en cita, se advierte que en el juicio de nulidad las condiciones para la concesión de la suspensión de los actos reclamados, son iguales o menores que las previstas en la Ley de Amparo para tal efecto. En tal contexto, resulta palmario que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, se encontraba obligada a acatar el principio de definitividad que rige el mismo, esto es, debió agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que hubieren tenido como efecto revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente, el juicio de nulidad previsto por el artículo 22, fracción I, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.9o.A.12 A (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 2752, libro XIII, octubre de 2012, tomo 4, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CONSTITUYE UN ACTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO, POR LO QUE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA SU NEGATIVA COMPETE A UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos, a fin de que surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción. En ese sentido, la cancelación del registro de un contrato privado de compraventa constituye un acto meramente administrativo, pues no implica pronunciamiento en relación con el derecho real que pudiera amparar el contrato, ya que no conlleva determinación sobre su subsistencia legal y exigibilidad entre las partes contratantes ni respecto del derecho de propiedad del inmueble en cuyo folio real se haya registrado; es decir, la mera cancelación del asiento registral no extingue, destruye ni modifica el derecho que pudiera haber surgido, el cual subsistirá y surtirá sus efectos legales entre las partes. Por tal motivo, corresponde a un tribunal de lo contencioso administrativo y no a un Juez civil, conocer del juicio promovido contra la negativa de cancelación de la inscripción de un contrato como el mencionado." Virtud de tales consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Pimentel López y otros. Notifíquese personalmente. , hago constar que se notifica a la parte quejosa, la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitida en autos del expediente al rubro citado, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado de distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueven Jesús Pimentel López, Bertoldo Antonio Cruz, Mauro Gutiérrez Noriega, Miguel Gutiérrez Amezcua, Ramón De La Cruz Robles; Maximino Peña Hernández, Martín Valladarez Martínez, María Elena Hernández Camacho, Martín Lomelí Hernández; Teodoro Martínez Monroy, Héctor García Valenzuela, Gloria Lydia Salas Echeverría; Manuel Alejandro Avalos Salas, Carmen Leticia Esquer Cazares, Mónica Marcela Rocha García, Jesús Alberto Romo Casillas, Óscar Eduardo Madrigal Brito; Francisco Mares Preciado y Alberto Ruiz Guevara, y aparentemente ********************, ********************, así como Miriam Guadalupe Esquer Cázarez, contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en Playas de Rosarito, Baja California, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 136/2023. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo que se atiende, se advierte que carece de firma de los supuestos promoventes ******************** y ********************, por lo que es evidente que no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juicio de derechos fundamentales se seguirá, por regla general, a instancia de parte agraviada, según dispone el numeral 6º de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a ordenar que se subsane la omisión en que incurrieron los posibles quejosos, ya que la falta de su firma en la demanda que se atiende, no puede considerarse como una irregularidad de la misma en los términos previstos por el numeral 114 de la ley de la materia, pues si el escrito no colma esa exigencia, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, por parte de quien supuestamente solicita el amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 241, enero-junio de 1988, tomo I, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el Juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que en un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza, por consiguiente en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Por tanto, se concluye que si los supuestos agraviados omitieron firmar el escrito inicial de demanda, el juicio de amparo resulta improcedente, pues carece de la voluntad de quienes se dicen afectados por los actos reclamados. En tales condiciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 113 del ordenamiento jurídico invocado, se desecha de plano la demanda intentada. Prevención Es pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a ordenar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a quienes instan para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, con copias suficientes para el traslado de las partes, aclaren su demanda de amparo en los términos siguientes: ? Precisen si es de su interés señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ya que los actos que le atribuyen al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en Playas de Rosarito, Baja California, son en cumplimiento del laudo dictado en el expediente número ******************** del índice de dicha autoridad laboral. ? Asimismo, ******************** deberá aclarar su nombre, ya que la firma plasmada en la demanda corresponde a ********************. Se invoca la tesis XVIII.4o.2 K, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 2138, julio de 2011, tomo XXXIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "NOMBRE DEL QUEJOSO. EL JUEZ DEBE REQUERIR SU ACLARACIÓN, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y NO EN OTRO MOMENTO, SI DE ÉSTA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE TAL NECESIDAD." Lo que, deberá ser expuesto directamente por los agraviados, por ser un acto personalísimo; apercibiéndolos que de no dar cumplimiento en el término y condiciones apuntados, se proveerá sobre la admisión o desechamiento de la petición de amparo por los actos y autoridad ahí señalados. Además, se apercibe a ******************** o ********************, que de no acatar lo a ella requerido, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la propia ley. Domicilio y autorizados Téngase como autorizado en los términos solicitados, a quien mencionan los promoventes, y como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.A hago constar que se notifica a la parte quejosa, la determinación de diez de febrero de dos mil veintitrés, emitida en autos del expediente al rubro citado, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado de distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
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