Mauro Francisco Ramos Martínez
Expediente 956/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Mauro Francisco Ramos Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo signada electrónicamente por Mauro Francisco Ramos Martínez, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Arturo Froilán López Osorio contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Villa de Etla. En consecuencia, regístrese bajo el número 956/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Causa notoria de improcedencia. Así, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, visto el escrito de demanda, se advierte que el acto del que se duele el quejoso en esencia consiste en: El acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Villa de Etla, Oaxaca, en la carpeta de investigación ********************de su índice, en la que determinó que no era procedente la solicitud del defensor del quejoso de: a) citar a testigos con el fin de entrevistarlos, bajo el argumento de que ya obran en la carpeta de investigación sus entrevistas; b) citar a autoridades municipales de San Sebastián Xochimilco, Magdalena Apasco, Etla Oaxaca, por no tener relación con los hechos investigados y no haber agotado los medios que le faculta la ley para recepcionar dichas declaraciones; y c) citar a la víctima del delito para que la psicóloga de la defensa pudiese valorarla, por no señalar la idoneidad de la citación. Así, este órgano jurisdiccional, de oficio advierte que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que dicho acto no le causa perjuicio alguno al promovente. Dichos preceptos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." La interpretación sistemática de los numerales transcritos permite establecer que la legitimación para promover el amparo se limita a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Por ende, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional -sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo-; esto es, no solo deben ser titulares del derecho, sino además debe existir una afectación o perjuicio real y actual por el acto de autoridad. En efecto, con independencia de que se tiene interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal y se cause al gobernado alguna afectación en su esfera jurídica para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un daño causado por su actuar u omisión; lo cierto es que debe concurrir un perjuicio actual y real, que se incruste directamente en la esfera de derechos del accionante del amparo, ya que de no existir el perjuicio de manera vigente, inminente o efectiva, sino que se presuma, presuponga y/o se especule sobre actos futuros o inciertos, acerca de los cuales no se tiene certeza que ocurrirán, entonces no será procedente el juicio de amparo. Bajo las consideraciones anteriores, el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Villa de Etla, Oaxaca, en la carpeta de investigación ********************en el que determinó que no había lugar a acordar favorablemente las solicitudes de la defensa del quejoso no genera perjuicio real, actual o inminente al accionante, porque en sí misma, en el momento procesal en que se centra, no invade su esfera jurídica, pues deriva esencialmente de función investigadora que realiza el Ministerio Público sobre hechos denunciados que pudiesen ser constitutivos de un delito, la cual es de orden público, y al plantearse la demanda en su contra, es patente que no repercute en la esfera de derechos del accionante. Sin que ello se traduzca en un acto específico de molestia contra la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del quejoso, pues tales aspectos se materializarán hasta que, en su caso, la representación social ejerza acción penal en su contra, o la autoridad judicial que conozca del asunto determine judicializar y con motivo de ello se dicte una determinación que le irrogue perjuicio. Apoya lo anterior,, por las consideraciones que la sustentan, la tesis aislada, II.3o.P.36 P (11a.), de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5o., FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE RESUELVE SOBRE ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, YA QUE ESA DECISIÓN NO IRROGA PERJUICIO A LA PARTE QUEJOSA." Hechos: Un Juez de Control confirmó el auto dictado por un agente del Ministerio Público mediante el cual determinó no admitir medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa en la carpeta de investigación dentro de la etapa de investigación inicial del sistema penal acusatorio. En desacuerdo con esa decisión, ésta promovió juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, cuando se reclama la determinación emitida por un Juez de Control que versa sobre la calificación de una actuación realizada por la representación social en la etapa de investigación inicial, en la medida en que tal decisión no es un acto que genere perjuicio real, actual o inminente a la parte quejosa. Justificación: Se arriba a esa conclusión, porque el acto referido no tiene otro impacto más que convalidar lo que se realizó en la etapa de investigación inicial por el representante social, y ello únicamente atañe a la potestad que faculta a la Fiscalía a investigar respecto a los delitos que son hechos de su conocimiento. Circunstancias que, por sí mismas, no afectan la esfera jurídica del peticionario, en tanto no existe pronunciamiento que en ese momento le cause un perjuicio real y actual, dada la fase en que se encuentra el asunto." Así como la diversa (X Región)2o.1 P (10a.), de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Por consiguiente, es inconcuso que por lo que hace al acto reclamado aquí analizado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61, en relación con diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda pretendida. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su demanda. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario ********************; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario ********************, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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