Mauro Emmanuel León Mendoza
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mauro Emmanuel León Mendoza
- Mauro Genesar León Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
NOT ELECT Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio sin número suscrito por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Yucatán (también conocido como Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca), con el que esencialmente solicita, por los motivos que expone, se deje sin efectos la multa que se le impuso en este asunto. Al efecto, tomando en consideración que mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente principal del que deriva este incidente, causó estado el diverso proveído de once de agosto del año en curso, que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, sustancialmente en razón de que le fue aplicada al menor quejoso las dos dosis de la vacuna de Pfizer Pediátrica que por su edad le correspondía; por lo que se archivó el presente asunto como totalmente concluido. En virtud de lo anterior y las manifestaciones efectuadas por la autoridad oficiante, debe decirse que la finalidad de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se, sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, pues la sanción opera ante el solo hecho de que se haya materializado el supuesto correlativo de infracción a la ley; sin embargo, atendiendo a que en el caso concreto ya le fue aplicada al menor quejoso las dos dosis de la vacuna de Pfizer Pediátrica que por su edad le correspondía; y que por tal motivo se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia y se archivó el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la multa impuesta en auto de dieciocho de abril del año en curso de dos mil veintidós, al Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán; por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 M.N). Atento a ello, comuníquese lo anterior al ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE YUCATÁN "1", a fin de que se sirva dejar sin efectos la sanción impuesta, misma que se le comunicara mediante oficio 15963/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de once de agosto del año dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, sin que lo hubiere hecho. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
NOT ELECT ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Mauro Emmanuel León Mendoza, en representación del menor Mauro Genesar León Medina, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: 1. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. 2. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. 3. TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. CIUDAD DE MÉXICO. 4. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MERIDA. CIUDAD 5. COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN VS. COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS", CON SEDE EN YUCALPETÉN, YUCATÁN (EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN). YUCALPETÉN, YUCATÁN SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. En veintidós de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia incidental, únicamente respecto a la autoridad responsable GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN y COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN VS. COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" y se difirió respecto a las diversas foráneas. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2; y La omisión de integrar a la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al grupo etario del menor quejoso, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto último, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo su salud. SEGUNDA. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades foráneas señaladas como responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México, lo anterior toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubieren rendido sus informes previos, a pesar de haber sido debidamente notificados, como se aprecia de los acuses de piezas postales correspondientes a los oficios 8389/2022, 8391/2022 y 8392/2022, por lo que únicamente para efectos de la suspensión opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, al respecto, debe decirse, en relación con el derecho a la salud previsto en el artículo 4° Constitucional, que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de 8 de diciembre de 2020, se aprobó a partir de estudios científicos realizados por especialistas nacionales en materias de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, quienes se apoyaron en lo recomendado por los organismos internacionales en la materia, con el fin de proteger la salud de la población y reducir los contagios y muertes provocados por el virus. Así, con dicha estrategia de salud se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco (5) etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: etapa 1: diciembre 2020-febrero 2021, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: febrero-abril 2021, personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: abril-mayo 2021, personas de 50 a 59 años; etapa 4: mayo-junio 2021, personas de 40 a 49 años; y, etapa 5: junio 2021-marzo 2022, resto de la población. Ahora bien, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, los menores de cinco a once años de edad. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de cinco años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dicha documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En consecuencia, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional, pues como se señaló ya puede realizarse el pre-registro de la parte menor quejosa y proceder a la aplicación de la vacuna respectiva, de acuerdo con lo que le indiquen las autoridades de salud relativas. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: UNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva al menor Mauro Emmanuel León Mendoza, en representación del menor Mauro Genesar León Medina, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la tercera consideración de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito de , mediante el cual informa bajo protesta de decir verdad que le fue aplicada al menor quejoso las segunda dosis de la vacuna de Pfizer Pediátrica; circunstancia que actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público y de carácter oficioso Por tanto, este órgano federal se encuentra obligado a tomar tal manifestación en consideración y al efecto se provee: De las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, al menor de edad que representa, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto del año pasado, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo la salud del menor. Sin embargo, de las manifestaciones realizadas por el representante del menor, se aprecia que se aplicaron al menor quejoso las dos dosis de la vacuna autorizada; circunstancia que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de un menor, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de éste; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna del menor quejos, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta y ocho minutos del día de hoy, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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