Mauro Edgardo González Fernández
Expediente 358/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 11/05/2016
Partes del expediente
- Mauro Edgardo González Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que sobreseyó y concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
En Ensenada, Baja California, a las nueve horas del quince de abril de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada EDGAR RAMÓN CÁZARES PALACIOS, APODERADO DE GRUPO TEXTILES INCORPORADOS DE MÉXICO, BY H, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, el auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 358/2013-única, en cumplimiento al auto de veintidós de octubre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 5093 (fojas 999 a 1013), la autoridad responsable Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, de quien reclamó lo siguiente: "[.]El acuerdo de fecha 30 de septiembre del 2013, que indebida e ilegalmente declaró procedente la consulta de reserva de la averiguación previa número AP/PGR/BC/ENS/353/2013, por que ello genera el consiguiente agravio, en virtud de que no resulta procedente la consulta de reserva de la averiguación previa, toda vez que esta debe integrarse, realizando todas las diligencias ministeriales que resulten necesarias para ello, hasta que se encuentren los elementos necesarios para que sea determinada legalmente.[.]" Ahora bien, mediante resolución de veinte de octubre de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el quince de febrero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] para el efecto de que la autoridad responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Baja California, con sede en Tijuana: a) Deje insubsistente la resolución de treinta de septiembre de dos mil trece que declaró procedente la consulta de reserva, dentro de la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/353/2013. b) Con plenitud de jurisdicción pronuncie una nueva resolución, en lo relativo a la consulta de reserva dentro de la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/353/2013, en la cual deberá valorar o desvalorar, según el caso, los medios de prueba recabados en la indagatoria; expresar con exactitud el precepto o preceptos legales aplicables al caso y, señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la emisión del acto; debiendo existir adecuación entre los motivos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 5093 (fojas 999 a 1013), la autoridad responsable Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del presente año, (fojas 999 a 1013), emitida dentro de la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/353/13-M-I de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Baja California, con residencia en Tijuana, mediante oficio DEBC/2197/2016, de dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis (sic), informó que en dieciséis de marzo del actual, dictó una nueva resolución en la cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, otorgó valor probatorio de los medios de convicción recabados en la indagatoria y expresó las razones por las cuales consideró que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente la base de la emisión del nuevo acto, con lo que purgó los vicios formales que afectaban el mismo. Lo anterior se corrobora por el hecho que la autoridad responsable, cumplió con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir el nuevo acto, es decir, dio a conocer al impetrante de amparo el "por qué" de la conducta de la autoridad, así como todas las circunstancias y condiciones que determinaron dicho acto, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. En el mismo tenor, la suscrita juzgadora estima que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma, pues en principio, se desprende que dejó insubsistente el acto reclamado; de ahí, mediante resolución de dieciséis de marzo del año en curso, se pronunció con libre decisión, esto es, precisó los fundamentos legales que estimó aplicables al caso concreto y los relacionó con las circunstancias especiales que tomó en consideración para emitir el nuevo acto. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Baja California, con residencia en Tijuana, la resolución materia del acto reclamado, y al haber emitido una nueva subsanando las deficiencias señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada, esto es, fundó y motivó su determinación, señalando los preceptos aplicables y las circunstancias que encuadra en las hipótesis que detallan los mismos. Pues el hecho que se hayan establecido lineamientos para cumplir en determinado sentido, ello no impide que la autoridad responsable conserve su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedió plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
En Ensenada, Baja California, a las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada EDGAR RAMÓN CÁZARES PALACIOS, APODERADO DE GRUPO TEXTILES INCORPORADOS DE MÉXICO, BY H, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, el auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 358/2013-única, en cumplimiento al auto de veintidós de octubre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana con anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.
- Principal
Se ordena agregar a los autos, el telegrama enviado por el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual solicita una prórroga por el término de diez días hábiles, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, por las razones que indica; atento a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se concede por única ocasión a la referida autoridad, una prórroga de diez días, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2892, del Tomo IV, Enero de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa a la autoridad responsable que le subsiste el apercibimiento decretado en proveído de quince de febrero de dos mil dieciséis.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- Mauricio Cazarez Pineda1358/2014
- Mauricio Cázarez Pineda119/2017
- Mauricio de Jesús Beyer Ortega78/2015
- Mauricio Jesús Álvarez Rangel560/2019
- Mauricio Muñoz Gutiérrez554/2019
- Maurilio Mendoza Espinoza y Otros.44/2016
- Mauro Gpe. Arce Saenz53/2014
- Mauro Salvador Romero Ibarra128/2017
- Max Payán Eseberre382/2017
- Máximo Eugenio Cancino Ramos615/2022
- Máximo Mendoza Fausto1254/2014
- Mayer Rainiero Cabrera Flores781/2023