Mauro César Álvarez Acosta
Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Secretaría de la Función Pública
- Mauro César Álvarez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presente autos y toda vez que del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, se advierte que se ordenó el archivo definitivo, por lo que acorde a lo dispuesto en el "punto vigésimo", fracción iii del "Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del expediente la fecha de archivo, asimismo que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, en la presente fecha se ordenó su archivo, por lo que acorde a lo dispuesto en el "punto vigésimo primero", fracción III del "Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se dispone en el "punto décimo", fracción I, del acuerdo antes citado, para efectos de su depuración o destrucción. Así, conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "punto décimo primero" del "Acuerdo General Conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se declara que este asunto carece de relevancia documental y que tampoco tiene valor jurídico o histórico. Conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente la fecha de archivo, asimismo que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo 70/2021-II, promovido por Mauro César Álvarez Acosta, contra actos de la Secretaría de la Función Pública; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residentes en esta ciudad y turnado a este Juzgado Federal, el dos de febrero del año en curso, Mauro César Álvarez Acosta, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad Secretaría de la Función Pública, a quien reclamó el acto siguiente: La negativa de expedirle copias certificadas del expediente 9-2019-D-AS, del índice administrativo de la Secretaria de la Función Pública de esta ciudad, solicitadas por escrito de siete de enero de dos mil veinte (sic). SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en sus términos; se registró bajo el expediente 70/2021-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señalándose día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que este juicio de amparo indirecto se promueve en contra del ilegal emplazamiento reclamado a las autoridades responsables señaladas con antelación, todas con sede en esta ciudad, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del análisis al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo que niega las copias certificadas del expediente 9-2019-D-AS, del índice administrativo de la Secretaria de la Función Pública de esta ciudad. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Secretaría de la Función Pública, fue omisa en rendir su informe justificado, sin embargo, de las constancias enviadas por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Contrataciones en representación de la citada secretaría en Ciudad Juárez, se aprecia la certeza del acto que se le reclama, por tanto, el mismo debe tenerse por cierto. A la copia certificada de las constancias que integran el expediente 9/2019-D-AS, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de actuaciones judiciales, expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ende, se tienen plenamente probados los actos que se reclaman. CUARTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, el suscrito aprecia que en relación al acto impugnado por la parte quejosa, atingente a la negativa de expedirle copias dentro del expediente 9-2019-D-AS, teniendo la calidad de testigo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en la artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario imperio, en virtud que el juicio de amparo indirecto es improcedente, contra actos entendiéndose por ellos únicamente los que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o derivada en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Lo anterior es así, porque no puede afirmarse que se afecten de manera cierta y directa los derechos sustantivos previstos en la constitución federal a favor del quejoso. En el caso, de conformidad con los preceptos descritos el peticionario del amparo reclama como el mismo lo expone el acuerdo emitido el doce de enero de dos mil veintiuno que la autoridad señaló como "12 de diciembre de 2021", el cual le fue notificado a la parte quejosa el trece de enero del año en cita, derivado del expediente 9-2019-D-AS, del índice administrativo de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, en el cual le niega la expedición de copias del mismo. Ahora bien, en el acuerdo que impugna, se aprecia que el Jefe de Departamento en representación de la Secretaría de la Función Pública, en esta ciudad, razonó que niega la petición de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 9-2019-D-AS, de presunta responsabilidad administrativa porque se encuentra en etapa de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 91, y los que comprendan del capítulo II, del Título primero, del libro segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, que una vez concluidas las investigaciones esa autoridad procedería de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Finalizó señalando que en términos del artículo 112 de la citada ley, el procedimiento administrativo dará inicio si se cuenta con elementos suficientes relativos al artículo 100 invocado. Con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de parte de la Autoridad Substanciadora, es el momento en que un denunciado adquiere calidad de parte en el procedimiento, por tanto, en la etapa en que se encuentra, no es posible darle acceso al expediente porque sería contrario a lo señalado en la citada ley. Ahora bien, sobre el tema, el artículo 100 y 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señalan: "Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa." Las normas de orden legal transcritas, establecen que al concluir las diligencias de investigación se analizan los hechos y la información recabada, y se califican los actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa grave o no grave. Señalan que el procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; lo cual se notificará a la parte afectada durante los diez días hábiles siguientes a su emisión. En ese orden, se obtiene que el procedimiento administrativo inicia hasta en tanto se admita el informe de presunta responsabilidad, previo a ello se dilucida si hay elementos o no para una evidenciar una conducta grave o no grave y mandar el oficio a la autoridad substanciadora. En la especie, hasta el momento procedimental en que se encuentra legalmente el expediente administrativo de que se trata, el quejoso Mauro César Álvarez Acosta, no ha sido señalado como parte en el mismo, si bien cierto, fue citado a declarar únicamente por hechos que le consten, empero, no ha sido señalado por alguna falta administrativa o de responsabilidad, ni como parte en el mismo. Se itera, en el caso, y de las constancias remitidas en copia autorizada, no se aprecia que hayan concluido las investigaciones del procedimiento administrativo, menos aún que se haya calificado alguna falta grave o no grave, como tampoco que se haya incluido el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y que además, se presentara ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Menos aún se aprecia que la autoridad substanciadora, haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para dar inicio al procedimiento. De la misma manera, no se aprecia, que se le haya notificado al aquí quejoso la admisión del procedimiento administrativo, a fin de iniciar su defensa y con ello tener acceso al expediente. En ese orden de ideas, si el quejoso no tiene el carácter de parte en el expediente de investigación de que se trata, en el cual desea obtener copias certificadas del mismo, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, pues un acto de dicha naturaleza, en el cual se iniciaron diligencias administrativas, no causa un daño o perjuicio al gobernado, tampoco se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, a menos que en tal acto se ordenara que se les privara de su libertad, posesiones o derechos, lo que no ha acontecido. Además, es obligación, en este caso, de la Secretaría de la Función Pública, recabar el acervo probatorio necesario para la investigación de alguna responsabilidad administrativa, y en su caso estar en condiciones de ejercitarla, la cual no es del dominio público, en su caso solo se permite el acceso a las partes, lo que en la especie aún no acontece. Orienta lo anterior por similitud y analogía, la Jurisprudencia de la Décima Época, Registro 2012423, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Décima Región, Con Residencia En Saltillo, Coahuila, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, Tesis: (X Región)2o.1 P (10a.), consultable en la página 2592, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo el siguiente rubro y texto. "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Décima Época, del contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." De la misma manera, corroboran aún más lo antes determinado, la Tesis de Jurisprudencia en materia penal del Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente asunto, dado que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación al 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados y autoridad responsable mencionada en las líneas precedentes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Mauro César Álvarez Acosta, contra el acto que reclamó de la Secretaría de la Función Pública, por las razones vertidas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy catorce de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir la sentencia. Doy Fe.
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