Mauro Cervantes Sánchez
Expediente 105/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 40 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 31/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mauro Cervantes Sánchez
- Mauro Cervantes Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
MESA V B Vista la certificación de cuenta, de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes quejosa y tercera interesada hubieren hecho valer recurso alguno en contra de la resolución de diecisiete de noviembre del año en curso (fojas 216 a 218), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Previa copia certificada del acto reclamado que se deje en autos, devuélvanse al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, la copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal 146/2014 de su índice, que remitió como justificación a su informe, con las que se ordenó formar, por separado, el anexo I. Notifíquese.
- Principal
MESA V B Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna; procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil quince (fojas 117 a 129), por una parte se sobreseyó en el juicio promovido por Jairo Cervantes Morales y Mauro Michel Cervantes Morales y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Mauro Cervantes Sánchez, Juana Morales Palacios y Mayra Cervantes Morales, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca: Dejara insubsistente la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos Mauro Cervantes Sánchez, Juana Morales Palacios y Mayra Cervantes Morales el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 146/2014 de su índice. Hecho lo anterior, dictara una nueva resolución, la cual, podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en los incisos 1) a 3) que son: 1) Respecto de los elementos que integran el cuerpo del delito de lesiones calificadas, se consideró que el juez responsable fue omiso en señalar las pruebas con que consideró acreditada la calificativa de ventaja, puesto que aun cuando trató de fundar ese actuar en la prueba circunstancial, ello solo lo hizo invocando la tesis que al caso consideró aplicable, pero no realizó la operación lógico jurídico que se exige para constituir esa prueba circunstancial. Asimismo, respecto del estudio de la probable responsabilidad de los aquí quejosos en la comisión del delito de lesiones calificadas, se indicó que la resolución reclamada presentaba diversas irregularidades que dejaban sin defensa a los aquí quejosos, como se explica a continuación. 2) Al efectuar la valoración del material probatorio con el que el juez responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad de la parte quejosa, se consideró que éste fue omiso en señalar lo que con ellas se demostraba y explicar cómo es que llegó a esa conclusión. Pues, del análisis de la resolución combatida no se observaba que el juez hubiere expresado el razonamiento lógico jurídico por medio del cual tuvo por acreditados los hechos base y los criterios racionales que guiaron su valoración, especificando, además, el proceso que siguió para arribar a dicha conclusión. Ya que era necesario que puntualizara qué fue lo que se comprobó con cada uno de los medios de prueba y por qué lo consideró así. 3) De igual modo, se consideró que el juez responsable debió especificar cuál fue el grado de participación de los quejosos en los eventos imputados. Ya que no bastaba que haya señalado que los aquí quejosos tenían el carácter de coautores materiales de los hechos, al haber sido quienes ejecutaron la actividad que lesionó el ente corpóreo de las pasivo, pues se consideraba que el juez de la causa soslayó efectuar un verdadero juicio lógico jurídico que le permitiera determinar el grado de participación de los quejosos, partiendo de las premisas que, con base en los elementos de prueba, se acreditaron a su consideración. Es decir, el juez de origen omitió establecer los razonamientos por los que arribó a la conclusión de que la calidad de los quejosos era como coautores materiales y señalar la conducta desplegada por cada uno de ellos como "coautores. Ya que de las consideraciones expuestas por el juez de origen, no se advertía debidamente definida la conducta que desplegaron cada uno de los quejosos en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos. Pues para acreditar la coautoría es necesario el acuerdo de voluntades entre los activos y que se contribuya de algún modo en la realización del delito (material o intelectualmente), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como una unión necesaria para la realización del evento delictivo. Sin que en ese aspecto el juez responsable hubiere puntualizado qué acciones le eran atribuibles a cada uno de los quejosos y cómo fue que con ellas se acreditó su probable participación en el ilícito que se les imputaba. Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados. Mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables su debido cumplimiento. En acatamiento al fallo protector, mediante telegrama y oficio 3885, el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, y la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, informaron haber quedado enterados de la ejecutoria, y haber dado instrucciones para dejar sin efecto la ejecución de la orden de aprehensión reclamada (fojas 148, 170 y 171). Por su parte, el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, mediante oficio 5579, remitió copia certificada de la resolución de quince de octubre de dos mil quince, dictada en la causa penal 146/2014 (fojas 184 a 195), de donde se advierte que dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, y emitió otra, en la que, con libertad de jurisdicción, nuevamente libró orden de aprehensión en contra de Mauro Cervantes Sánchez, Juana Morales Palacio, Mayra Cervantes Morales y otro, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones calificadas, cometidas en agravio de Brenda Patricia Serrano Rosas, así como en contra de Juana Morales Palacio, Mayra Cervantes Morales y otro, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones calificadas, cometidas en agravio de Lilia Avendaño Hernández, pero cumpliendo los lineamientos del fallo protector, esto es, respecto a los elementos que integran el cuerpo del delito de lesiones calificadas, señaló las pruebas con que consideró acreditada la calificativa de ventaja, pues al respecto dijo que de las declaraciones ministeriales de las víctimas, se advierte que los agresores eran un grupo de cuatro personas, describiendo la forma en que cada uno de ellos desplegó su conducta. Asimismo, respecto del estudio de la probable responsabilidad de los aquí quejosos en la comisión del delito de lesiones calificadas, al efectuar la valoración del material probatorio con el que tuvo por acreditada la probable responsabilidad de la parte quejosa, señaló lo que con ellos se demostró y explicó cómo es que llegó a esa conclusión; de igual modo, especificó cuál fue el grado de participación de los quejosos en los eventos imputados, efectuando un juicio lógico jurídico de su determinación; asimismo, estableció los razonamientos por los que arribó a la conclusión de que la calidad de los quejosos era como coautores materiales y señaló la conducta desplegada por cada uno de ellos como "coautores". En efecto, ya que a ese respecto señaló que para tener por acreditada la probable responsabilidad de los inculpados, aquí quejosos, tomó en cuenta los mismos elementos de prueba que valoró para acreditar la existencia de la figura delictiva, de los cuales destacó el señalamiento directo y categórico que realizan las ofendidas, así como la parte de la declaración en la que se advierte lo anterior; lo que adminicula con la fe ministerial de lesiones de uno de octubre de dos mil catorce, y los certificados de valoración médica, emitidos por el Doctor Enrique Reyes Alonso. Así también, señaló que el grado de participación de los quejosos en los eventos imputados fue como coautores materiales, al estar demostrado que de manera conjunta golpearon a las ofendidas, provocándoles alteración en su salud, describiendo la forma en que cada uno de ellos intervino, y exponiendo las razones de su conclusión. En tales condiciones, ya que el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 146/2014 de su índice, y emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción, nuevamente libró orden de aprehensión en contra de los quejosos como probables responsables en la comisión del delito de lesiones calificadas, pero cumpliendo los lineamientos del fallo protector; en tanto, el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, y la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, hicieron lo propio al informar haber quedado enterados de la ejecutoria, y dar instrucciones para dejar sin efecto la ejecución de la orden de aprehensión reclamada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA V B De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar solicitada por el quejoso; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Incidental
MESA V B Vistos los autos, toda vez que en diligencia efectuada el veintiuno del actual, Mauro Cervantes Sánchez, representante común de la parte quejosa, ratificó sus escritos recibidos el trece del actual, por tanto, se provee: Se le tiene revocando el domicilio que se encuentra señalado en autos para recibir notificaciones, y designando como nuevo domicilio el ubicado en la Tercera Privada de Murguía número trescientos cuatro, en el centro del esta ciudad, teniéndose por autorizadas únicamente para ese efecto, a las personas que menciona, esto es, sin las amplias facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la constancia que solicita, teniéndose por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos. En cuanto a su solicitud de que se le devuelvan los billetes que fueron exhibidos como garantía en este incidente; dígasele que no ha lugar, pues en este expediente no se exhibió garantía alguna por parte de los quejosos.
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