Mauro Arturo Gary Valle

Expediente 1464/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1464/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Mauro Arturo Gary Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, sin que hiciera manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo en el que la responsable dio contestación a su escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve y, por tanto, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado de manera primigenia. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán: La omisión de dar contestación a su escrito presentado ante su potestad de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, registrado con la solicitud número 31190006376, en el que solicitó la inscripción de la enajenación de derechos parcelarios de la parcela 4 del ejido N.C.P.E. Emiliano Zapata, Municipio de Tekax, de Yucatán.. Sin embargo, de las constancias en copia certificada que la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de noviembre del presente año, la responsable emitió la calificación registral en respuesta a la solicitud del aquí quejoso, realizada mediante escrito de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 19 y 20), del cual tuvo conocimiento la parte aquí quejosa, el doce de noviembre del año que transcurre, con la vista que se le dio del informe justificado, notificado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25). Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el dieciséis de octubre de esta anualidad; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, sin que hiciera manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo en el que la responsable dio contestación a su escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve y, por tanto, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado de manera primigenia. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán: La omisión de dar contestación a su escrito presentado ante su potestad de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, registrado con la solicitud número 31190006376, en el que solicitó la inscripción de la enajenación de derechos parcelarios de la parcela 4 del ejido N.C.P.E. Emiliano Zapata, Municipio de Tekax, de Yucatán.. Sin embargo, de las constancias en copia certificada que la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de noviembre del presente año, la responsable emitió la calificación registral en respuesta a la solicitud del aquí quejoso, realizada mediante escrito de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 19 y 20), del cual tuvo conocimiento la parte aquí quejosa, el doce de noviembre del año que transcurre, con la vista que se le dio del informe justificado, notificado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25). Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el dieciséis de octubre de esta anualidad; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    aviso ... De lo anterior se obtiene que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 del citado ordenamiento legal, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. De conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación; apercibidas que de no hacerlo así dentro del término señalado, se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Téngase como domicilio procesal de la mencionada autoridad responsable el señalado en su informe de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se anexan al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en términos del artículo 111, relacionado con el diverso artículo 17 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa con el fin de que dentro del término legal establecido en el numeral citado en el último lugar manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable a lo solicitado, y en su caso, exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolverá únicamente respecto al acto reclamado señalado de manera primigenia. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, tomo I, Libro VIII, Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano