Mauro Angel Ramos Ortiz
Expediente 1238/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mauro Angel Ramos Ortiz
- Agente del Ministerio Publico Federal Adscrito Al Juzgado Sexto de Distrito En el Estado
- Juez Segundo de Distrito En el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
SE DECLARA CONSENTIDO EL ACUERDO Y SE ORDENA ARCHIVO
- Principal
Auto San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida Antecedentes. 1.1. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 1.2. Mediante ejecutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el amparo en revisión ********************, se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y se requirió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, para que informara el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos se precisaron de la siguiente manera: "[.] 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del proceso penal ********************, de su índice. 2. Emita otra determinación en la que atienda todos y cada uno de los planteamientos propuestos por la defensa del quejoso, mediante escrito de catorce de julio de dos mil veintidós, conforme a lo señalado en la presente sentencia y, hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda. 3. Notifique personalmente a las partes. [.]" 2. Informes sobre el cumplimiento. 2.1 Mediante oficio recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, transcribió el contenido del auto dictado el treinta de mayo del mismo año, en el proceso penal ********************, de su índice, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós y ordenó dictar la resolución correspondiente en la que se subsanen las omisiones señaladas en la ejecutoria de amparo. 2.2 Luego, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de junio del presente año, el juez responsable transcribió la determinación dictada el veinte de junio de dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, de su índice. 2.3 Finalmente, a través del oficio recibido en este juzgado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, remitió las respectivas constancias de notificación a las partes, de la referida resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que son suficientes para demostrar que: a) Se dejó insubsistente la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el proceso penal ********************. b) Emitió otra determinación en la que resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Es infundado el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del procesado ******************** en contra del proveído de once de julio de dos mil veintidós. SEGUNDO. Se confirma el proveído dictado por este juzgado el once de julio de dos mil veintidós. TERCERO. Hágase del conocimiento de la Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en vías de cumplimiento al juicio de amparo 1238/2022-IV" C) Notificó personalmente a las partes la referida determinación. A efecto de evidenciar si la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida o no, resulta pertinente destacar que en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a través de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se señaló lo siguiente: "[.] Sobre esas bases, la resolución reclamada es violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, tutelados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ello, porque el juez responsable fue omiso en realizar un estudio exhaustivo de todos y cada uno de los planteamientos propuestos por el defensor del procesado aquí quejoso, en su escrito de catorce de julio de dos mil veintidós. [.] Lo anterior, pues como se vio, el juez del conocimiento sustenta su determinación básicamente en que no es jurídicamente procedente aprobar el acuerdo reparatorio, por virtud de que no se satisfacen los requisitos exigidos por las fracciones I, II y II, del artículo 112 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, reformado mediante Decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, además de que el delito que se le instruye al encausado ******************** se persigue de oficio, es de naturaleza dolosa y no encuadra en el tipo de delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Sin embargo, el juez responsable nada expone en relación a los siguientes planteamientos: i) Si es cierto o no que la solicitud y el acuerdo reparatorio pertenecen a un tiempo anterior al dictado del auto de formal prisión y de la instauración del sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. ii) Por qué debe o no tomarse en cuenta que el acuerdo reparatorio ya se logró, toda vez que de las últimas comunicaciones que se tuvo con personal de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dicha instancia ha determinado llegar a una salida alterna al conflicto, como se comunicó nuevamente el treinta de marzo de dos mil veintidós. iii) Por qué al establecerse en el acuerdo recurrido que la ley aplicable es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, no es violatorio al debido proceso y a la interpretación pro persona que se encuentra garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la legislación aplicable al procedimiento es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. iv) Por qué a la fecha que en se propuso la salida alterna, existía o no la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y, en dado caso, si es cierto o no que dicha propuesta se realizó antes de iniciar formalmente el procedimiento penal y, que de haberse aprobado en la data en que se hizo, se habría hecho conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. v) Por qué razones son aplicables al caso concreto la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, si dichas legislaciones se expidieron posteriormente a la fecha en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen al procesado. vi) Por qué la normativa con la que se inició la solución alterna de conflictos es o no la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y, en dado caso, si es cierto o no el hecho de que el juzgador pretendió cambiar los fundamentos con los cuales se realizó el acuerdo reparatorio y aplicar leyes expedidas con posterioridad al hecho en perjuicio del procesado, esto es, aplicar una norma que no existía, y si con ello se viola o no lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, el cual establece que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. vii) Por qué la pretensión de aplicar una norma posterior al hecho, no violenta los derechos humanos del encausado y, si por ello, debe o no revocarse la resolución recurrida y apegarse a la normativa aplicable, con el objeto de aprobar el acuerdo reparatorio, sin tomar en cuenta lo manifestado por el Agente del Ministerio Público, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, estas últimas por haberse expedido el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, esto es, de fecha posterior al hecho que se resuelve, consistente en la salida alterna mediante acuerdo reparatorio presentado antes del auto de formal prisión y que está pactado con la máxima autoridad ambiental en el país por conducto de su representante en el estado. Planteamientos los anteriores que el juez responsable omitió atender mediante razonamientos lógico jurídicos que dieran una respuesta puntual al justiciable de mérito, por lo que al no ser así, con ello se infringieron los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del quejoso, reconocidos en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el juez responsable analice y se pronuncie sobre todos y cada uno de los planteamientos propuestos en el recurso de revocación interpuesto por la defensa del procesado, contra el auto de once de julio de dos mil veintidós, emitido dentro de la causa ********************. [.]." Como se puede advertir, la concesión de amparo derivo de la circunstancia de que el Juez responsable al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de once de julio de dos mil veintidós, fue omiso en dar respuesta a los siete puntos señalados con antelación, identificados con los incisos i), ii), iii), iv), v), vi) y vii). Ahora, en la resolución emitida el veinte de junio de dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez responsable dio respuesta a los planteamientos expuesto por el quejoso, en el orden respectivo en que se destacó en la sentencia de amparo, señalando al efecto lo siguiente: [.] 1. Efectivamente la solicitud y acuerdo reparatorio fueron promovidos el veintiuno de enero de dos mil catorce, en la diligencia de declaración preparatoria, esto es, con anterioridad al dictado de la formal prisión en contra del encausado e incluso de la instauración del sistema de mecanismos altemativos de solución de controversias en materia penal, pues como ha quedado evidenciado, la ley que regula tales mecanismos, entró en vigor el treinta de diciembre de dos mil catorce, día siguiente en que se publicó tal disposición legal en el Diario Oficial de la Federación. 2. Es de tomarse en cuenta que el acuerdo reparatorio se logró desde el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través del oficio ******************** y por conducto de la encargada del despacho de a (sic) Delegación en esta ciudad, allegó a este juzgado su manifestación de estar de acuerdo en que se lleve a cabo su medio de solución de conflictos propuesta por la defensa del procesado, con el único interés de revertir el proceso de deterioro ambiental y contribuir a la observancia de los objetivos estratégicos qué forman parte de la misión y visión de dicha institución. 3. Que en el acuerdo de once de julio de dos mí veintidós, recurrido a través del recurso de revocación que promovió la defensa del encausado, se invocaron y se aplicaron las disposiciones legales de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, así como disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, que fueron materia de reformas en la misma fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la citada legislación, esto es, el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en virtud de que se atendió a lo que resulta más benéfico al encausado, pues cabe destacar nuevamente que aún y cuando la ley aplicable en el momento en que se solicitó el mecanismo alterno de solución de controversia, era la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y esta preveía la regulación de la responsabilidad ambiental nacido de los daños ocasionados al ambiente, y también es cierto que dicha legislación contempla un capítulo relativo a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, atendiendo al propio artículo 1°. de dicho cuerpo de leyes, el proceso judicial previsto en esa legislación, se dirigirá a determinar únicamente la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que proceda en términos patrimoniales. administrativos o penales, y en esa medida, se estimó que resultaban aplicables por ser más favorables al reo, la Ley de Mecanismos de Solución de Conflictos y las reformas al Código Procesal Penal Federal, en el cual ya se contempla dicho mecanismo, como una forma de extinción de la acción penal, lo cual resulta más benéfico al procesado, pues anteriormente, con la Ley de Responsabilidad Ambiental, no preveía tal medio de extinción de la acción penal, de ahí que no resulta violatorio al debido proceso. Lo anterior aunado a que fue el propio encausado, quien mediante escrito presentado ante este juzgado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, que se tuvo por recibido por auto de siete de septiembre de ese mismo año, solicitó se le aplicaran en su beneficio las disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Sin embargo, el hecho de aplicar la ley que se estimó más favorable al encausado, no implica de forma alguna, que ello represente de manera automática la aprobación por parte de este juzgado de la propuesta del encausado de llegar a un acuerdo reparatorio, toda vez que el propio artículo 112 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece, que los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el inculpado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del procedimiento penal. Asimismo, señala que tales acuerdos son procedentes en los casos siguientes: III. Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida; IV. Delitos culposos, o III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Lo que en el caso no acontece, en virtud de que no se satisfacen los requisitos exigidos en dicha porción normativa. 4. Ciertamente, como lo refiere el encausado en su escrito de agravios, a la fecha en que se propuso la salida altera, no exista la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, pues ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, posterior a la solicitud de los medios alteros (veintiuno de enero de dos mil catorce). y antes de que se dictara auto de formal prisión, por lo que la ley aplicable era la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin embargo, aun y cuando resultaba aplicable, dicha legislación únicamente estaba destinada a determinar la responsabilidad ambiental, pero sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera surgir, pues así lo establecía el dispositivo 1º. de la propia normatividad; menos aún implicaba una forma de extinción de la acción penal como lo pretende la defensa, toda vez que el Código Federal de Procedimientos Penales que rige nuestro procedimiento penal, en aquél momento no preveía esa forma de terminación del juicio, es por ello, que en beneficio del reo, en el proveído que ahora se recurre, le fue invocada la nueva Ley Federal de Mecanismos Alterativos de Solución de Controversias, así como las disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, que ya prevé la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios; sin embargo, al no cumplir con los requisitos que establece el numeral 112 Ter, no resulta procedente la aprobación del acuerdo que pretende la defensa del procesado. 5. Que las razones por las que es aplicable la Ley Nacional de Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, aún cuando no se encontraban vigentes en la fecha en que ocurrieron los hechos atribuidos al encausado, es precisamente porque le pudiese resultar más benéfico al encausado, ya que ni en ese momento, ni en el que se propuso el medio de (sic) alterno para solucionar el conflicto por parte de la defensa, existía la posibilidad de llegar a una forma de terminación anticipada del procedimiento penal, como lo es con las reformas apuntadas, logrando a través de ellas, la extinción de la pena, como lo prevé el artículo 112 Ter, específicamente en su porción normativa que establece que el juez decretará la extinción de la acción penal una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada Lo que no ocurriría si se hubiese aplicado la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues como ya se dijo, únicamente ésta preveía la regulación de la responsabilidad ambiental, pero al margen de la responsabilidad penal a la que pudiera resultar acreedor, aunado a que no estaban vigentes en esa época las disposiciones en el código penal que se han mencionado en el párrafo que antecede. 6. Que la normativa con la que se inició la solución alterna de conflictos efectivamente fue a la luz de la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin embargo, al no estar contemplado en este momento procesal las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que incluyó la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios y que previo cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas, en su caso, el juez tendría la facultad de decretar la extinción de la acción penal, es por ello, que este juzgado, en beneficio del reo, en el acuerdo que se impugna a través del recurso de revocación que ahora se resuelve, aplicó disposiciones legales que entraron en vigor posteriormente, entre ellas, las del Código Federal de Procedimientos Penales, pues, se reitera, con dichas disposiciones ya se contempla la posibilidad de llegar a obtener la extinción de la acción penal, lo que le resulta más benéfico al encausado. 7. Por todo lo anterior, es que este juzgado considera que no se vulneran los derechos humanos del encausado al Invocar la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias, y las reformas al Código Procesal Penal Federal al proveer sobre la petición de la defensa del encausado, toda vez que, es precisamente que le resultan más benéficas tales disposiciones legales, por la nueva posibilidad de contemplar llegar a un acuerdo reparatorio con la implicación que ello conlleva, de extinguir la acción penal; razón por la que no procede revocar la determinación impugnada de once de julio de dos mil veintidós, al apegarse a las disposiciones de la Ley Federal citada, sin que ello implique que por su invocación tales acuerdos reparatorios procedan, pues no se cumplen los requisitos que prevé la propia legislación penal. De igual forma, refiere el encausado que en cuanto al cierre de instrucción, debe revocarse a fin de que se cambie la decisión de aceptar la salida alterna mediante el acuerdo reparatorio, al ser un efecto directo de la revocación del acuerdo que combate, ya que es de explorado derecho que dichos medios pueden levarse a cabo en cualquier etapa procesal hasta antes del dictado de cierre de instrucción, por ello, de revocarse la salida alterna deberá de revocarse el citado cierre. Sin embargo, dado el sentido de la presente resolución tampoco es dable revocar la parte conducente en cuanto al cierre de instrucción que solicita la defensa. Esto es, este tribunal, para emitir el auto de cierre de instrucción, tomó en consideración que por los argumentos ahí vertidos, que si bien, en su oportunidad se admitieron dichos medios alternos, lo cierto es que no es jurídicamente procedente aprobar los mismos, puesto que, como ya se determinó, no se estimaba procedente la petición planteada por la defensa del encausado ********************, en virtud de que del análisis de las constancias que integran esta causa penal, se advierte que no se satisfacen los requisitos exigidos por las fracciones I, II y III, del artículo 112 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, para la procedencia del mecanismo alternativo de solución de controversia denominado acuerdo reparatorio, en virtud de que si bien, este proceso penal ********************, al momento de emitir el auto, se encontraba en la etapa de instrucción; esto es, aún no se cerraba la instrucción y como consecuencia, no se han formulado conclusiones; también lo es que el delito por el cual se instruye dicha causa, se persigue de oficio; además es de naturaleza dolosa, en razón de que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 418, fracción III, en relación con el 421, en términos del 9°, párrafo primero y 13, fracción II, todos del Código Penal Federal; asimismo, no se encuadra en el tipo de delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas Razonamiento antes expuesto que tiene sustento en las siguientes disposiciones "Articulo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles. o III. Cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, pera el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida" "Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad: I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo. III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre; IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte, o V. inhabilitación, cuando el autor o participe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida. Los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos naturales." "Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. "Artículo 13.- Son autores o participes del delito (.) II.- Los que los realicen por sí; (.)". Con base a todos y cada uno de los argumentos jurídicos antes expuestos, resulta infundado el recurso de revocación hecho valer por el defensor particular del procesado ********************, en contra del proveído de once de julio de dos mil veintidós, confirmándose el mismo. [.]." Lo transcrito con antelación evidencia que el Juez responsable acató lo extremos de la sentencia concesoria, pues en relación con los planteamientos del quejoso que se destacó fue omiso en atender, en la nueva determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señaló por su orden lo siguiente: i) La solicitud y el acuerdo reparatorio fueron promovidos con anterioridad al dictado del auto de formal prisión y de la instauración del sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. ii) Es de tomarse en cuenta que el acuerdo reparatorio se logró desde el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través del oficio ********************, manifestó su conformidad con llevar a cabo el medio de solución de conflictos propuesto por la defensa del procesado, con el fin de revertir el proceso de deterioro ambiental, y contribuir a la observancia de los objetivos estratégicos qué forman parte de la misión y visión de dicha institución. iii) Que en el caso se invocaron y aplicaron disposiciones de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, toda que se atendió a lo que resulta más benéfico al encausado, no obstante que la legislación aplicable en el momento en que se solicitó el mecanismo alterno de solución de controversias era la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual contempla un capítulo relativo a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, atendiendo al propio artículo 1°. de dicho cuerpo de leyes, el proceso judicial previsto en esa legislación, se dirigirá a determinar únicamente la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que proceda en términos patrimoniales. administrativos o penales, y en esa medida, estimó que resultaban aplicables por ser más favorables al reo, la Ley de Mecanismos de Solución de Conflictos y las reformas al Código Procesal Penal Federal, en el cual ya se contempla dicho mecanismo, como una forma de extinción de la acción penal, lo cual resulta más benéfico al procesado, pues anteriormente, con la Ley de Responsabilidad Ambiental, no preveía tal medio de extinción de la acción penal, de ahí que no resulta violatorio al debido proceso. Añade el Juez responsable que el hecho de aplicar la ley que estimó más favorable al encausado, no implica de forma alguna, que ello represente de manera automática la aprobación por parte de ese juzgado de la propuesta del encausado de llegar a un acuerdo reparatorio. Lo anterior, pues según aduce, el artículo 112 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece, que los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el inculpado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del procedimiento penal. Señalando que tales acuerdos son procedentes en los casos siguientes: "III. Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida; IV. Delitos culposos, o III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas." Lo que en el caso, según preciso, no acontece, en virtud de que no se satisfacen los requisitos exigidos en dicha porción normativa. iv) Que ciertamente a la fecha que en se propuso la salida alterna, no existía la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y, pues esta fue publicada con posterioridad, y antes de que se dictara autor de formal prisión, por lo que la ley aplicable era la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental Sin embargo, precisa el Juez responsable, dicha legislación únicamente estaba destinada a determinar la responsabilidad ambiental, pero sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera surgir; menos aún implicaba una forma de extinción de la acción penal como lo pretende la defensa, toda vez que el Código Federal de Procedimientos Penales que rige nuestro procedimiento penal, en aquél momento no preveía esa forma de terminación del juicio, es por ello, que en beneficio del reo, en el proveído recurrido, fue invocada la nueva Ley Federal de Mecanismos Alterativos de Solución de Controversias, así como las disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, que ya prevé la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios v) Que las razones por la cuales son aplicables al caso concreto la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, a pesar de que dichas legislaciones se expidieron posteriormente a la fecha en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen al procesado, es precisamente porque le resultaba más benéfico al encausado, ya que ni en ese momento, ni en el que se propuso el medio alterno para solucionar el conflicto, existía la posibilidad de llegar a una forma de terminación anticipada del procedimiento penal, como lo es con las reformas apuntadas, logrando a través de ellas la extinción de la pena. Lo que no ocurriría si se hubiese aplicado la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues ésta únicamente preveía la regulación de la responsabilidad ambiental, pero al margen de la responsabilidad penal a la que pudiera resultar acreedor. vi) Refiere que la normativa con la que se inició la solución alterna de conflictos es la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Sin embargo, al no estar contemplado en este momento procesal las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que incluyó la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios y que previo cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas, en su caso, el juez tendría la facultad de decretar la extinción de la acción penal, es por ello, que en beneficio del reo, en el acuerdo que se impugnó a través del recurso de revocación, se aplicaron disposiciones legales que entraron en vigor posteriormente, entre ellas, las del Código Federal de Procedimientos Penales, pues con dichas disposiciones ya se contempla la posibilidad de llegar a obtener la extinción de la acción penal, lo que le resulta más benéfico al encausado. vii) La responsable adujó que no se vulneran los derechos humanos del encausado al Invocar la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias, y las reformas al Código Procesal Penal Federal al proveer sobre la petición de la defensa, toda vez que, precisamente le resultan más benéficas tales disposiciones legales, por la nueva posibilidad que contempla de llegar a un acuerdo reparatorio con la implicación que ello conlleva, de extinguir la acción penal. Razón la anterior, por la cual estimó que no procede revocar la determinación impugnada, al apegarse a las disposiciones de la Ley Federal citada, sin que ello implique que por su invocación tales acuerdos reparatorios procedan, pues no se cumplen los requisitos que prevé la propia legislación penal. Asimismo, en relación con la manifestación en el sentido de que debe revocarse el cierre de instrucción, a fin de que se cambie la decisión de aceptar la salida alterna mediante el acuerdo reparatorio, el Juez responsable precisó que dado el sentido de la resolución tampoco es dable revocar la parte conducente en cuanto al cierre de instrucción pues para emitir dicho auto (de cierre de instrucción), tomó en consideración que por los argumentos ahí vertidos, que si bien, en su oportunidad se admitieron dichos medios alternos, lo cierto es que no es jurídicamente procedente aprobar los mismos, puesto que, como ya se determinó, no se estimaba procedente la petición planteada por la defensa del encausado *******************, en virtud de que del análisis de las constancias que integran la causa penal, se advierte que no se satisfacen los requisitos exigidos por las fracciones I, II y III, del artículo 112 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, para la procedencia del mecanismo alternativo de solución de controversia denominado acuerdo reparatorio, en virtud de que si bien, el proceso penal se encontraba en la etapa de instrucción al momento de emitir el auto; esto es, aún no se cerraba la instrucción y como consecuencia, no se han formulado conclusiones; también lo es que, el delito por el cual se instruye dicha causa, se persigue de oficio; además es de naturaleza dolosa, en razón de que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 418, fracción III, en relación con el 421, en términos del 9°, párrafo primero y 13, fracción II, todos del Código Penal Federal; asimismo, no se encuadra en el tipo de delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. 4. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este órgano jurisdiccional determina que se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues de lo expuesto con antelación se desprende, que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, se pronunció con libertad de jurisdicción, respecto de los planteamiento del quejoso que omitió atender en la determinación reclamada; ante lo cual se concluye que el fallo protector se encuentra cumplido 5. Manifestaciones de la parte quejosa No se soslayan las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en su escrito registrado con el número interno 13542, tendiente a evidenciar que el juez responsable no acató los efectos de la ejecutoria de amparo, empero, el suscrito advierte, que los argumentos vertidos abordan cuestiones que no fueron materia del estudio ni de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, escapando a la materia de análisis realizado por este órgano jurisdiccional. Se afirma lo anterior, pues el quejoso pretende evidenciar el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, controvirtiendo las consideraciones en que el Juez responsable sustentó la respuesta a los planteamientos que omitió atender en la determinación reclamada. En efecto, el quejoso aduce que si bien la responsable reconoce que el acuerdo reparatorio propuesto como salida alterna se dio antes al dictado del auto de formal prisión y de la instauración del sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, también lo es que, a consideración del quejoso, "no dice el por qué no" este hecho se puede acordar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en sentido favorable al reo por ser el que más le beneficia. En otro aspecto, si bien la responsable señala que el acuerdo reparatorio se logró desde el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través del oficio ********************, manifestó su conformidad con llevar a cabo el medio de solución de conflictos propuesto por la defensa del procesado, con el fin de revertir el proceso de deterioro ambiental, el quejoso aduce que la responsable olvida que el acuerdo reparatorio fue alcanzado hasta esa fecha porque en un primer lugar no se acordó la propuesta planteada sino hasta que un Tribunal Colegiado le ordeno pronunciarse, después, agrega el inconforme, el propio juzgado responsable cuestionó la personalidad de la "Delegación de la RPOFEPA para signar el acuerdo reparatorio", aunado a la negativa por "70 plantas de peyote que reclamaba el M.P." y por último, señala, se opusieron a la Ley de Mecanismos, lo que aduce, llevo a descontextualizar la propuesta de salida alterna En otra parte, aduce el quejoso que contario a lo expuesto por el juez, el "artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental", nada dice de materia penal o administrativa, solo se refiere a la obligación de reparar el daño, de ahí que estima, la propuesta de repararlo es una salida alterna de solución de conflictos valida a la luz de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, aunado a los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, refiere que lo resuelto por el Juez "es un sin sentido", pues aduce que la norma que más beneficia al reo es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, porque extingue la pena, pero que en el caso no es procedente su aplicación porque no cumple los requisitos para la procedencia de los acuerdos reparatorios. En otro apartado el quejoso refiere que, el juez aduce que si la salida alterna se hubiera aprobado, sería solo a determinar la responsabilidad ambiental pero sin perjuicio de la penal, lo que tilda de incorrecto, pues señala que si se hubiera acordado en la fecha correcta la propuesta de atender la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, bajo la figura de la reparación de daño, en lugar de atender al proceso penal que se abrió violando el derecho de alcanzar una salida alterna, la responsable se vuelve a equivocar en que el "artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, señala que hay otra responsabilidad, eso no lo dice la ley ambiental, y no sería necesario que en dicha ley existiera una forma de extinción de la acción penal, "porque simplemente no existiría", ya que de acordar la salida alterna antes de dictar el auto de formal prisión, "lo que pasaría sería que no existiría acción penal ejercitada y por tanto no habría proceso penal que extinguir", lo que aduce pasa por alto la responsable al momento de resolver. En diverso aparatado, aduce el quejoso que si se utilizara la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en la fecha en que se propuso, no habría motivo de proceso penal, y en consecuencia la reparación del daño ambiental se hubiese remediado hace casi diez años. Añade, que el juzgador pierde de vista que la supuesta aplicación beneficiosa de la norma a la persona es inaplicable y por tanto insostenible; lo anterior, pues aduce que aplicar una norma que más le beneficia a la persona, es precisamente que se aplique, y no que se elija y después se diga que en el caso concreto no aplica. Como se puede advertir, las manifestaciones expuestas con antelación, se encuentran encaminadas a controvertir la legalidad de las determinaciones emitidas por el Juez responsable al dar contestación a los planteamientos que omitió atender en la determinación reclamada, y que generaron la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, aspectos respecto de los cuales se dejó libertad de jurisdicción al juez responsable para emitir su determinación, de ahí que no puedan ser motivo de análisis en esta determinación, pues el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se debe declarar de manera lisa y llana, absteniéndose de prejuzgar sobre la legalidad de dicha ejecución Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 301, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución Notifíquese personalmente a las partes; por medio de lista; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la adscripciónLo proveyó y firma el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/3541/2023 de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual formula manifestaciones con relación a la vista ordenada en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, una vez transcurrido el plazo concedido a las partes en el diverso de veintiséis de junio del presente año. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juez Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en atención a su contenido, se provee: Vista cumplimiento. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta, por conducto del actuario judicial de la adscripción, dese vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia del oficio respectivo; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio al tercero interesado Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Mauricio Ruiz González576/2018
- MAURICIO RUIZ GONZÁLEZ y Otros.830/2018
- Mauricio Santamaría Calixto1689/2023
- Mauricio Sarquis Ortuño494/2021
- Mauricio Soriano Ferrer752/2023
- Mauricio Torres Sanchez23/2021
- Mauro Angel Ramos Ortiz731/2020
- Mauro Ángel Ramos Ortiz1016/2023
- Mauro Angel Ramos Ortiz237/2018
- Mauro Ángel Ramos Ortiz984/2017
- Mauro Antonio Orta Méndez1325/2023
- Mauro Estala Cortina980/2021