Mauro Amador Cervantes

Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
326/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Mauro Amador Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese orden de ideas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por ********************, quien se ostenta como defensor particular de ********************; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la actualización de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, como se explica en seguida. De acuerdo con la disposición referida en último término, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los solicitantes de la protección constitucional deben agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin que obste que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. A su vez, el origen legislativo de la porción normativa señalada en primer lugar, se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. En relación con dicha causal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables... Por otra parte, por cuanto a las autoridades administrativas respecta, de la interpretación conjunta de los artículos 52, 57, primer párrafo; 117, fracción III; y, 122, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que tocante a la regulación en relación con las órdenes de traslado, estos siempre deben ser autorizados por el Juez competente y la regla general es que la autorización sea previa; aunque de manera excepcional, la autorización será posterior a la ejecución del traslado. De lo que se obtiene que, aunque las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, esta deberá ser calificada con posterioridad por un Juez. Asimismo, que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento de controversias contra las órdenes de traslado. Es así, que dicho procedimiento jurisdiccional puede ser conocido por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente. Cuya promoción, a través de una controversia judicial contra la determinación administrativa, puede realizarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma o, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; y, para el caso que el juez se pronuncie en el plazo señalado, podrá interponer el recurso de apelación, contra dicha decisión. De igual modo, se advierte que el procedimiento aludido, prevé la suspensión del acto, la cual podrá decretarse a petición de parte, cuando se considere que se trata de caso urgente; o bien, de oficio, cuando el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, considere procedente la suspensión del acto que se reclama. En resumen, de las disposiciones legales aludidas, se deriva que contra las órdenes de traslado dictadas por autoridades administrativas, las personas privadas de su libertad pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución para que resuelva lo conducente respecto de la controversia que hagan valer, cuya promoción da lugar a la suspensión del acto reclamado. Bajo estas premisas, en el particular, el acto reclamado lo constituye: "a) El ataque a la libertad personal fuera de procedimiento que ha sufrido el directo quejoso consistente en el traslado en 3 días a 3 centros de reclusión diferentes, sin que al día de hoy, a estas horas en la causa penal obre alguna resolución por escrito ya sea administrativa o judicial que funde y motive las causas de dicho actuar. b) Los actos que importan peligro de privación de la vida, pues el directo quejoso al estar ejerciendo el cargo de Comisario de la Policía Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, tanto en su primer traslado como en el segundo, elementos de otras corporaciones le han manifestado que así lo van a traer de un centro de reclusión a otro hasta que le pase algo o lo desaparezcan, cuestión de la que tememos por la integridad del directo quejoso." Acto que el quejoso atribuye al Juez de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla y diversas autoridades administrativas y que dice, no tuvo intervención judicial; sin embargo, tampoco se aprecia que antes de acudir a esta vía de amparo, interpusiera algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución contra el traslado reclamado; y que, por tanto, la autoridad judicial competente realizara pronunciamiento al respecto. Por lo que al reclamarse la orden de traslado ejecutada en principio atribuida a autoridades administrativas, sin que a dicho del quejoso, se calificara su legalidad por juez competente; se deduce que antes de acudir a la instancia constitucional, quien pide amparo debió promover controversia judicial ante el Juez de Ejecución. O bien, para el caso que existiera autorización judicial del traslado, lo procedente sería interponer recurso de apelación, al ser ese medio de impugnación, el idóneo para analizar la legalidad del traslado en cuestión y modificarlo, revocarlo o nulificarlo, en términos del artículo 51, primer párrafo, 52, penúltimo párrafo, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. [...]" "Artículo 52. [...] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]." En consecuencia, si dichos recursos no fueron interpuestos, previo a la promoción de este juicio, se considera que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva a que se actualice la causa de improcedencia en estudio... Aunado a que la orden de traslado ejecutada no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón que los medios de defensa aludidos sí prevén la suspensión del acto reclamado, la cual, al igual que en la ley de Amparo, podrá decretarse de oficio o a petición de parte. Máxime que en la especie no opera alguna de las excepciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) del citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencia precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; tampoco se trata de persona extraña al procedimiento o auto de vinculación a proceso; aunado a que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, es evidente que la parte promovente del amparo omitió recurrir el acto, mediante los medios de impugnación ordinarios, antes de acudir a esta vía de control constitucional; por tanto, incumplió con el principio de definitividad, actualizándose las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. En la especie, se advierte que también se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Los preceptos mencionados disponen por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia invocada de manera manifiesta e indudable, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Amparo, se desecha de plano la demanda origen de este asunto...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano