Maurilio Rolando Vasquez García
Expediente 559/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maurilio Rolando Vasquez García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, determina lo siguiente: Se declara consentido el acuerdo de tres de agosto de esta anualidad, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: Que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo. El amparo se otorgó para los efectos siguientes: Ordene dejar insubsistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************. Emita otro, en el que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo y conforme a los lineamientos dictados en la presente sentencia, señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo ahí previsto. Misma que deberá desahogarse también dentro del citado plazo legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual, deberán remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la junta responsable que si no actúa como se le indica en esta determinación, este juzgado de distrito, le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser procedente, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase a la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese.
- Principal
" . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 559/2022, promovido por *** contra la omisión atribuida a la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, consiste en determinar si existe abierta dilación procesal por no desahogarse la audiencia inicial dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 682/2021, en el cual el quejoso es parte actora; y si con dicha omisión se trasgreden los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Maurilio Rolando Vásquez García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por la omisión que más adelante se precisará. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó a este juzgado el dieciocho de mayo, donde quedó registrada con el número 559/2022 y fue admitida en esa misma data; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se reclama la abierta dilación procesal en un expediente laboral que se tramita dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele, es la omisión por parte de la Junta Especial Numero dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de señalar fecha y hora para la audiencia inicial y desahogarla, dentro de los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 682/2021. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable convino en la existencia del acto reclamado. Existencia que se corrobora con la copia certificada de la determinación de ocho de junio de este año, dictada en el expediente laboral 682/2021 del índice de la Junta Especial número Dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Por lo expuesto, se tiene plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. QUINTO. ESTUDIO. El quejoso refiere de manera toral en sus conceptos de violación, que a pesar de haber presentado la demanda laboral origen del juicio radicado con el progresivo 682/2021, desde el cinco de julio de dos mil veintiuno, al día de la presentación de la demanda de amparo y durante la secuela de este juicio, no se ha desahogado la audiencia inicial, lo que constituye una trasgresión al derecho humano de pronta impartición de justicia, consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario traer a colación el artículo 17 de la Constitución Federal que dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Dicho numeral determina, en la parte que corresponde, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y bajo los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, omitiendo parcialidad respecto de alguno de los contendientes o arbitrariedad en su sentido, y; d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En congruencia con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha analizado dicho tópico y ha establecido, de manera resumida, que existen determinados principios que integran el derecho subjetivo concerniente a la impartición de justicia, los cuales pueden resumirse en las siguientes premisas: Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener resolución sobre una pretensión. La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 921075, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Página 227, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así, se deduce que los órganos jurisdiccionales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija; además de que el principio de expeditez que refiere el texto constitución debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Además de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación del alcance del artículo 17 Constitucional, dada la función de control convencional que se ha dado a órganos como el que resuelve, es menester complementar ese derecho fundamental previsto en nuestra carta Magna, con las normas del derecho interamericano que, por disposición del artículo 1° de la misma, son aplicables en México en materia de derechos humanos, y en ese tenor, tenemos que para el caso del derecho a una tutela judicial efectiva, traducido en este caso, al derecho a un recurso sencillo y rápido, en el artículo 25.2 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. [.] 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2(10a.), del Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1096, del Libro XI, Agosto de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que impone: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Una vez precisado que el más Alto Tribunal de la Nación, ha definido el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en los plazos establecidos, sin que éstos, lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En el caso, como quedó establecido previamente, el quejoso compareció a esta instancia constitucional, a demandar la trasgresión que existe por no impartirse justicia pronta y expedita en el juicio laboral 682/2021, en el que tiene reconocido el carácter de parte actora, pues refiere que se ha excedido el plazo para que se celebre la audiencia inicial. En torno a lo anterior, los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral debe ser público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se inicia a instancia de parte, obligando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Por otro lado, el artículo 771 reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral en el sentido de que corresponde a la junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Por su parte, el artículo 873 regula que una vez recibida la demanda, se fijará fecha para la celebración de la audiencia bifásica, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su recepción. En ese sentido, si el quejoso argumenta que presentó su demanda laboral desde el cinco de julio de dos mil veintiuno y a la fecha en que se resuelve el presente asunto no se ha desahogado la audiencia inicial, misma que se fijó para el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, es decir, más de un año después de presentada la demanda, ese aspecto denota que la autoridad laboral no observa los plazos que fija la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, es claro que la citada audiencia se ha señalado en una fecha excesivamente lejana, sin que se argumente la necesidad de tal retraso; lo anterior, contraviene lo establecido en el artículo 17 constitucional. De ahí que, si la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones no ha tomado las medidas necesarias para celebrar la audiencia bifásica, se pone de manifiesto que no se ha ajustado a los plazos señalados por la legislación obrera para el desahogo del procedimiento sometido a su jurisdicción, violentando con ello los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Por ende, se vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental denominado derecho a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional que consiste, como se ha mencionado, en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, deviene fundado lo alegado por el quejoso, pues la responsable ha violado lo ordenado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, al resultar fundado el concepto de violación en el cual el quejoso estimó vulnerado en su perjuicio el derecho fundamental de pronta impartición de justicia, consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente conceder a Maurilio Rolando Vásquez García, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO.- EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, en el último considerando de la sentencia que conceda la protección constitucional, se procede a determinar con precisión los efectos de la concesión del amparo, especificando las medidas que la autoridad deba adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho violado. En ese sentido, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, deberá proceder como sigue: Ordene dejar insubsistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 682/2021. Emita otro, en el que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo y conforme a los lineamientos dictados en la presente sentencia, señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo ahí previsto. Misma que deberá desahogarse también dentro del citado plazo legal. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra el acto reclamado a la Junta Especial Numero dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de desahogar la audiencia inicial dentro del plazo legal, en el juicio laboral 682/2021. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el presidente de la Junta Especial Número Dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dése vista a las partes. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable, la documental que exhibe junto con su informe. NOTIFÍQUESE.
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