Maurilio Roberto Santiago

Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1313/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Maurilio Roberto Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, previas las anotaciones correspondientes, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación de cuenta se precisa que el presente expediente no contiene documentos originales; asimismo, con fundamento en el artículo 20 fracción I, inciso a) del multicitado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio, este órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso Juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1313/2022. PARTE QUEJOSA Maurilio Roberto Santiago, a nombre de su hijo ROBERTO MAURILIO SANTIAGO RAMÍREZ. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas. 2.- Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Capital, con residencia en la Comunidad de Cineguillas, Zacatecas. 3.- Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia en Materia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial II Fresnillo Zacatecas. 4.- Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de Tapachula, Chiapas. 5.- Director General o quien lo represente, del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas". 6.- Director de Administración del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas". ACTO RECLAMADO Lo hace consistir, esencialmente, en la negativa de orden de traslado de la parte quejosa, del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas" donde se encuentra recluido a un Centro de Reinserción Social ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, cercano al lugar de su domicilio. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1, 4, 8, 17, 18 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. INCOMPETENCIA al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Ahora, previo a la pronunciación del trámite de la demanda de amparo y dado que la competencia legal, es un presupuesto procesal de orden público y, por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado para conocer del presente asunto y se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, es aplicable la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este sentido, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo en estudio, ya que el acto tendrá o tienen ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", lugar en el que se encuentra recluido el quejoso ROBERTO MAURILIO SANTIAGO RAMÍREZ. Con relación a lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutare, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada. Sobre el particular se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que en tratándose de una orden de traslado ejecutada, es competente el juez de distrito en donde se encuentre recluido el quejoso, esto es, en este caso el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. En esta intelección, es evidente que surge una causa de incompetencia para este órgano de control constitucional que impide conocer de los actos reclamados por el quejoso, acorde a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues se reclama la orden de traslado ejecutada del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas" donde se encuentra recluido a un Centro de Reinserción Social ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; de ahí que, es competente por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Además, se colige que al tratarse de una controversia judicial sobre condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad, con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta, la competencia para conocerlo corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Ahora, el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecuión Penal dispone: Artículo 24. Jueces de Ejecución. [.] Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. [.] Del anterior preceto se desprende que, para conocer del procedimiento de ejecución penal, es competente el Juez donde se encuentra recluido la persona privada de su libertad, indistintamente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. En ese orden de ideas, tratándose de controversias judiciales relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocerlo, deberá resolverse en atención al que corresponda con el centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el organo competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto suscitado. Tal situación, se apoya también en el principio de concentración, pues de adoptarse un criterio distinto, no se resolverían los diversos supuestos a dirimir, como es caso en que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia. Sirve de apoyo a o anterior la Jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1703, Undécima Época, Materias(s): Penal, registro digital: 2023554, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia". Asimsmo, es aplicable la tesis XIII.1o.P.T.1 P (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4394, Materias(s): Penal, Undécima Época, registro digital: 2025035, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE EN FAVOR DE LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, AL TRATARSE DE UNA CUESTIÓN DE INTERNAMIENTO. Hechos: Los Jueces de Ejecución contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a quién era el competente para conocer de una solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida por una persona privada de la libertad en un centro federal de readaptación social, con motivo de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversos de los que corresponden a dicho centro penitenciario. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia para conocer de una solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se surte en favor de la Jueza o el Juez de Ejecución del territorio y fuero del centro penitenciario en que se encuentra la persona privada de la libertad, al margen del fuero o entidad federativa donde se impuso la medida privativa de libertad, al ser una cuestión de internamiento. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 3/2020, fijó un criterio para distinguir la competencia de un Juez o Jueza de Ejecución conforme a la naturaleza del acto que se somete a su consideración. Por un lado, los aspectos de naturaleza sustantiva inherentes a la pena impuesta, es decir, las que impactan en su modificación, duración o extinción y, por otro, los de tipo adjetivo, como son las cuestiones de internamiento reguladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.) estableció que cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocerla deberá resolverse en atención al que corresponda al centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como serían el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación; aspectos que no se relacionan ni impactan con el régimen de imposición o modificación de penas. Por tanto, la Primera Sala del Máximo Tribunal destacó que se apartaba de los criterios sostenidos en sus tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), en las cuales se estimaba que el traslado es un acto que afectaba de manera indirecta la libertad personal, pues en una nueva interpretación, conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, reconoció que ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa el medio ordinario de defensa denominado controversia judicial. Por lo anterior, es dable establecer que el traslado tiene la naturaleza de condición de internamiento y, por ende, en el caso concreto, el Juez de Ejecución competente para conocer del traslado voluntario de una persona privada de la libertad en un centro federal debe ser el Juez de Distrito que vigila ese centro de internamiento, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como serían el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Considerar lo contrario trastocaría el principio de concentración, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales, que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros y entidades federativas, lo que generaría incertidumbre jurídica para la persona en reclusión respecto de la autoridad a la que le corresponde acudir, toda vez que uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal es la transformación del sistema penitenciario a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, quienes requieren de tutela judicial efectiva reforzada. Por tanto, si el directo agraviado ROBERTO MAURILIO SANTIAGO RAMÍREZ, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", se estima que la competencia relativo a controversias relacionadas con condiciones de internamiento, en especificó, la negativa del traslado aquí reclamado, le corresponde a un Juez de Ejecución Penal en ese propia Entidad, y a su vez, la competencia para conocer sobre la resolución del presente juicio de garantías le concierne al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Por ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase los autos originales del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con Residencia en Tapachula, haciéndose la solicitud que, de no tener inconveniente, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; acusando el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y como lo solicita, por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la persona que menciona. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1313/2022. PARTE QUEJOSA Maurilio Roberto Santiago, a nombre de su hijo ROBERTO MAURILIO SANTIAGO RAMÍREZ. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas. 2.- Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Capital, con residencia en la Comunidad de Cineguillas, Zacatecas. 3.- Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia en Materia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial II Fresnillo Zacatecas. 4.- Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de Tapachula, Chiapas. 5.- Director General o quien lo represente, del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas". 6.- Director de Administración del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas". ACTO RECLAMADO Lo hace consistir, esencialmente, en la negativa de orden de traslado de la parte quejosa, del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas" donde se encuentra recluido a un Centro de Reinserción Social ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, cercano al lugar de su domicilio. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1, 4, 8, 17, 18 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. INCOMPETENCIA al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Ahora, previo a la pronunciación del trámite de la demanda de amparo y dado que la competencia legal, es un presupuesto procesal de orden público y, por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado para conocer del presente asunto y se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, es aplicable la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este sentido, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo en estudio, ya que el acto tendrá o tienen ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", lugar en el que se encuentra recluido el quejoso ROBERTO MAURILIO SANTIAGO RAMÍREZ. Con relación a lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutare, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada. Sobre el particular se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que en tratándose de una orden de traslado ejecutada, es competente el juez de distrito en donde se encuentre recluido el quejoso, esto es, en este caso el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. En esta intelección, es evidente que surge una causa de incompetencia para este órgano de control constitucional que impide conocer de los actos reclamados por el quejoso, acorde a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues se reclama la orden de traslado ejecutada del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas" donde se encuentra recluido a un Centro de Reinserción Social ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; de ahí que, es competente por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Además, se colige que al tratarse de una controversia judicial sobre condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad, con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta, la competencia para conocerlo corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Ahora, el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecuión Penal dispone: Artículo 24. Jueces de Ejecución. [.] Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. [.] Del anterior preceto se desprende que, para conocer del procedimiento de ejecución penal, es competente el Juez donde se encuentra recluido la persona privada de su libertad, indistintamente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. En ese orden de ideas, tratándose de controversias judiciales relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocerlo, deberá resolverse en atención al que corresponda con el centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el organo competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto suscitado. Tal situación, se apoya también en el principio de concentración, pues de adoptarse un criterio distinto, no se resolverían los diversos supuestos a dirimir, como es caso en que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia. Sirve de apoyo a o anterior la Jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1703, Undécima Época, Materias(s): Penal, registro digital: 2023554, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia". Asimsmo, es aplicable la tesis XIII.1o.P.T.1 P (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4394, Materias(s): Penal, Undécima Época, registro digital: 2025035, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE EN FAVOR DE LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, AL TRATARSE DE UNA CUESTIÓN DE INTERNAMIENTO. Hechos: Los Jueces de Ejecución contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a quién era el competente para conocer de una solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida por una persona privada de la libertad en un centro federal de readaptación social, con motivo de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversos de los que corresponden a dicho centro penitenciario. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia para conocer de una solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se surte en favor de la Jueza o el Juez de Ejecución del territorio y fuero del centro penitenciario en que se encuentra la persona privada de la libertad, al margen del fuero o entidad federativa donde se impuso la medida privativa de libertad, al ser una cuestión de internamiento. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 3/2020, fijó un criterio para distinguir la competencia de un Juez o Jueza de Ejecución conforme a la naturaleza del acto que se somete a su consideración. Por un lado, los aspectos de naturaleza sustantiva inherentes a la pena impuesta, es decir, las que impactan en su modificación, duración o extinción y, por otro, los de tipo adjetivo, como son las cuestiones de internamiento reguladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.) estableció que cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocerla deberá resolverse en atención al que corresponda al centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como serían el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación; aspectos que no se relacionan ni impactan con el régimen de imposición o modificación de penas. Por tanto, la Primera Sala del Máximo Tribunal destacó que se apartaba de los criterios sostenidos en sus tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), en las cuales se estimaba que el traslado es un acto que afectaba de manera indirecta la libertad personal, pues en una nueva interpretación, conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, reconoció que ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa el medio ordinario de defensa denominado controversia judicial. Por lo anterior, es dable establecer que el traslado tiene la naturaleza de condición de internamiento y, por ende, en el caso concreto, el Juez de Ejecución competente para conocer del traslado voluntario de una persona privada de la libertad en un centro federal debe ser el Juez de Distrito que vigila ese centro de internamiento, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como serían el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Considerar lo contrario trastocaría el principio de concentración, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales, que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros y entidades federativas, lo que generaría incertidumbre jurídica para la persona en reclusión respecto de la autoridad a la que le corresponde acudir, toda vez que uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal es la transformación del sistema penitenciario a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, quienes requieren de tutela judicial efectiva reforzada. Por tanto, si el directo agraviado ROBERTO MAURILIO SANTIAGO RAMÍREZ, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas", se estima que la competencia relativo a controversias relacionadas con condiciones de internamiento, en especificó, la negativa del traslado aquí reclamado, le corresponde a un Juez de Ejecución Penal en ese propia Entidad, y a su vez, la competencia para conocer sobre la resolución del presente juicio de garantías le concierne al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Por ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase los autos originales del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con Residencia en Tapachula, haciéndose la solicitud que, de no tener inconveniente, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; acusando el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y como lo solicita, por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la persona que menciona. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE Y CÚMPLASE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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