Maurilio Reyes Cruz
Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maurilio Reyes Cruz
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1088/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos originales a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el indicado sistema como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). * Revisión del expediente Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de ela Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1088/2022-VIII Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso ************** por derecho propio, contra actos de ".**********, agente del ministerio público de Investigación de Zacatlán, Puebla." (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: ? La orden de presentación, comparecencia y/o arresto librada en contra del quejoso derivado del oficio **************; y, ? La ejecución de dichas órdenes. Los mencionados actos los atribuye a las autoridades responsables siguientes: En su carácter de autoridades ordenadoras: **************, Agente del Ministerio Público de Investigación Zacatlán Puebla. Con el carácter de autoridades ejecutoras: ? Juez de Paz de Camotepec, Zacatlán, Puebla; y, ? Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (por su correcta denominación). Sin embargo, las órdenes y ejecución reclamadas a las autoridades transcritas, deben subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende un oficio de citación para acudir a "CASA DE JUSTICIA ZACATLÁN" para el desahogo de una diligencia relativa a una investigación ministerial. No se inadvierte que en el capítulo relativo a los actos reclamados, el quejoso se duele de la orden de presentación, comparecencia y arresto, así como de su posible ejecución por parte de las autoridades que señala como responsables, sin embargo, de la integridad de su escrito de tutela constitucional, se puede apreciar que el temor a dichas órdenes derivó del oficio ************** (el cual adjuntó en copia simple en su demanda), suscrito por un Agente del Ministerio Público de Investigación de Zacatlán, Puebla, el cual le fue notificado en su domicilio; ello, de acuerdo con la narrativa de sus antecedentes bajo protesta de decir verdad. Por consiguiente, se debe considerar como reclamo toral de este juicio de amparo, la citación generada con motivo del oficio en mención y su notificación. Dicho acto únicamente atribuyó al agente del Ministerio Público investigador de Zacatlán, Puebla, en su calidad de autoridad ordenadora, así como al juez de paz de Camotepec, Zacatlán, Puebla, y al titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en carácter de autoridades ejecutoras. De donde se obtiene que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que el citatorio reclamado en la demanda sólo puede corresponder a un requerimiento de presentación con fines de investigación, y la notificación del mismo. De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una citación con fines de investigación, y la notificación del mismo, porque las autoridades ministeriales señaladas como responsables, sólo dispusieron un requerimiento para que aquél comparezca a las instalaciones de "CASA DE JUSTICIA ZACATLÁN" para el desahogo de una diligencia. En efecto, las autoridades señaladas en la demanda como responsables, una ordenadora y dos ejecutoras, sólo pretenden que se desahogue una diligencia; y al tratarse de autoridades relacionadas con una institución ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión y/o comparecencia, porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de citación con fines de investigación (desahogo de diligencia) emitida y notificada por autoridades auxiliares (en términos del artículo 233 , del Código Nacional de Procedimientos Penales), tales como el juez de paz (quien de conformidad con el artículo 744 , de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, su atribución se circunscribe únicamente a intervenir como amigable componedor entre las partes, para prevenir litigios en relación a esa controversia), así como de una institución ministerial (titular de la Agencia Estatal de Investigación), que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una citación de autoridad ministerial para desahogar una diligencia, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la citación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que cita a una persona para el desahogo de una diligencia, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la citación solamente se libra con el objeto de que una persona comparezca a una autoridad ministerial para que a través de una diligencia, aporte información que sea necesaria para la investigación, sin que ello implique de forma alguna la restricción de su libertad, sino que por el contrario, contribuye en aras de esclarecer los hechos que hayan sido de conocimiento del ministerio público para realizar una investigación. En otras palabras, la citación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede la persona citada expresar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la citación para recabar entrevista, lejos de coartarse algún derecho a la persona requerida, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda sobre los hechos de los que tenga conocimiento, relacionados con la carpeta de investigación. De lo anterior resulta patente que una citación para el desahogo de una diligencia, no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la citación para desahogar una diligencia puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la citación y notificación reclamadas por el quejoso, encuentran una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.5 Sólo resta indicar que esta juzgadora detectó que la citación dirigida al quejoso, tiene un apercibimiento que se hizo consistir en alguna de las medidas que se prevén en el artículo 104, del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales van desde una amonestación, hasta arresto por treinta y seis horas, sin que necesariamente se aplique de forma inmediata la última de las medidas en mención, ya que lo que se pretende por parte del ente ministerial, es que la parte quejosa desahogue una diligencia derivada de una investigación. Pero ese apercibimiento resulta insuficiente para considerar un acto de imposible reparación, porque sólo entraña la posibilidad de imponer alguna de las medidas que prevé el numeral 104, del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la cual no se tienen elementos para considerar una afectación directa a los derechos fundamentales del quejoso. En primer lugar, porque existe la posibilidad de que las autoridades ministeriales encargadas de la carpeta de investigación, esclarezcan los hechos con otros datos de prueba, es decir, descarten la necesidad de obtener información del quejoso a través de la diligencia que pueda desahogar; y en segundo término, porque bastaría la comparecencia de este a la carpeta de investigación, para desvanecer el apercibimiento que le fue formulado, que hasta el momento sólo implica la posibilidad de recibir cualquiera de las medidas previstas en el numeral 104, del Código Nacional Penal adjetivo. Sobre todo porque ningún elemento se tiene para considerar que el quejoso haya sido multado, amonestado o arrestado ni que pueda ser detenido, pues únicamente fue citado para el desahogo de una diligencia. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la citación para el desarrollo de la diligencia y la notificación que se hizo, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo considerado, se invoca por analogía la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso, porque los actos que reclamó a las autoridades responsables -citación para el desahogo de una diligencia-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotación interna. Se instruye al oficial encargado de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 21/2022), se tiene a la parte quejosa señalando su número de teléfono y correo electrónico. Se hace la precisión que ese medio de comunicación sólo será considerado para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 21/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Domicilio procesal y sin autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios al profesional **************, porque se encontró su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal y porque así lo solicitó de forma expresa la parte quejosa. Se autorizan las notificaciones electrónicas al usuario "**************" (perteneciente al autorizado en términos amplios **************), porque así lo solicitó de manera expresa la parte quejosa. Por consiguiente, no se tendrá para recibir notificaciones el diverso domicilio físico que señala en la demanda, pues la quejosa solicitó expresamente su notificación electrónica a través de ese usuario; aunado a que por virtud del actual esquema de contingencia sanitaria deben privilegiarse los medios electrónicos. Asimismo, es menester tener únicamente autorizada la notificación electrónica, porque constituye un medio eficaz para ese efecto, y a fin de evitar duplicidad de notificaciones, lo que generaría inseguridad jurídica. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, y cúmplase.
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