Maurilio Cortinas Ramírez

Expediente 138/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
138/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Maurilio Cortinas Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 11 a 16), que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por mediode lista del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 28-02-17 I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***y ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 138/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "Único.- Reclamamos de la C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN CIVIL de esta ciudad la Resolución Interlocutoria de fecha 24 de Enero de 2017, dictada dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil Expediente número, 60/2005, promovido por el señor Licenciado *** como Endosatario en Procuración de la C. ***y continuado con el mismo carácter por el señor Licenciado ***en contra de **Y *** " En esencia, el acto combatido consiste en resolución interlocutoria 3/2017, de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 60/2005 y su acumulado 523/2005, promovido por Blanca ***en contra de ***, ***y *** *** referente a la prescripción de convenio judicial. Ahora bien, la parte promovente allegó al escrito de demanda, un anexo del cual se desprende el contenido de la resolución reclamada, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación. "...Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Procedió el trámite en la vía incidental, resultando competente este juzgado para conocer, tramitar y resolver la prescripción negativa a la ejecución del convenio. SEGUNDO. La parte actora ***Y *** *** no acreditaron la legitimación activa, al no acreditarse hayan celebrado el convenio judicial aprobado en autos, ni mucho menos que de él le resulten obligaciones respecto de las cuales ejerciten la prescripción negativa a la ejecución, y ante tales circunstancias se rechaza la demanda incidental. TERCERO. No se hace especial condenación en costas. CUARTO. Notifíquese personalmente de conformidad con el artículo 309 fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil...". Asimismo, de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad, los promoventes refieren que el nueve de febrero de dos mil cinco, el endosatario en procuración de Blanca Estela Brito García, demandó a Gabriel Martínez Rodríguez y a los ahora quejosos sobre el pago de la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal, más accesorios legales, al primero de ellos como suscriptor y a los promoventes como avalistas del primero; radicándose la demanda bajo el número 60/2005, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en eta ciudad. IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto. En el asunto que nos ocupa, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo transcrito, se advierte que para que proceda la causal de improcedencia invocada es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea alguna resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.4o.C.J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, visible en la página trescientos sesenta y uno, registro electrónico 229800, que dice: *** Ahora bien, es primordial destacar que el artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Es decir, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. Así lo estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página dos mil seiscientos setenta y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, Civil, con registro número 345720, del rubro y texto siguientes: *** En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica en que en contra del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria número 3/2017, emitida el veinticuatro de enero del año en curso, dentro del juicio ejecutivo mercantil 60/2005, mediante la cual se resolvió que la parte actora, aquí quejosa, no acreditó la legitimación activa para solicitar la prescripción negativa de la ejecución del convenio judicial aprobado en el juicio de origen, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada, por los motivos que refiere, procede como medio de impugnación, el recurso de apelación contemplado en el artículo 1336 del Código de Comercio (en su texto anterior a la reforma del diecisiete de abril de dos mil ocho ), el cual no agotó la parte promovente a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal. Efectivamente, para sustentar lo anterior, se considera necesario traer a colación lo dispuesto en los preceptos 1336, 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio, que rigen y son aplicables al procedimiento del cual deriva el acto reclamado, atendiendo a la fecha de la interposición de la demanda del juicio natural. Los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación. Artículo 1339.- En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos: I. Respecto de sentencias definitivas; II. Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio, cualquiera que sea la naturaleza de éste. En cualquier otra resolución que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Artículo 1340.- La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Como puede observarse, de la interpretación sistemática de los anteriores dispositivos legales se desprende que en los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, es procedente el recurso de apelación en ambos efectos, respecto de sentencias interlocutorias, cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. Al respecto, debe decirse que en la actualidad tomando en consideración que la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de enero de dos mi diecisiete, se encuentra en $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), multiplicado éste por ciento ochenta y dos veces, nos arroja la cantidad de $14,567.20 (catorce mil quinientos sesenta y siete 20/100 moneda nacional). Por consiguiente, si la cantidad reclamada como suerte principal en el juicio de origen es de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), es evidente que atendiendo a lo anterior, excede el monto de ciento ochenta y dos veces el cual equivale a $14,567.20 (catorce mil quinientos sesenta y siete 20/100 moneda nacional), para hacer procedente el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria reclamada. De tal manera que si la parte quejosa no agotó el recurso de apelación previsto en el Código de Comercio, es improcedente el juicio de amparo al no respetarse el principio de definitividad, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que en la especie no se actualiza otros de los casos de excepción establecidos en la ley, a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo, pues no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley; algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acto reclamado carece de fundamentación, por lo cual, la parte promovente está obligada a instar el recurso correspondiente antes de intentar la vía constitucional. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del precepto 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho marcado con el número***, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. VIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

  3. Principal

    Notificación personal

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