Maurilia Alatorre Estrada

Expediente 233/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
233/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2020

Partes del expediente

  • Maurilia Alatorre Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Octava Investigadora en el Estado de Querétaro; atento a su solicitud, mediante oficio que derive de presente proveído, remítanse las copias certificadas que solicita, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Agréguese a los autos el escrito signado por *** apoderado de Financiera Rural. Organismo Público Descentralizado; personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo y visto el contenido de la copias certificadas de las escrituras públicas que exhibe y la constancia de emplazamiento (foja 5). En atención a su solicitud...expídase a su costa las copias que solicita, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos...

  3. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE (COMPETENCIA Y DEMANDA) V I S T O el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite a) ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo directo civil 131/2018; b) oficio de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro a través del cual, remite informe justificado, demanda original, expediente 703/2008 en dos tomos, traslado de demanda, documentos exhibidos por las partes y emplazamiento de la tercero interesado, siendo éstas: 1) escrito y demanda de amparo promovida por el licenciado David Guillermo Skinfill Acosta, en nombre de las quejosas *****; 2) constancia de emplazamiento de la tercero interesada ******Estado de Querétaro, de quince de febrero de dos mil dieciocho, 3) informe justificado rendido por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad; y, 4) El expediente original número 703/2008 (en dos tomos) relativos al juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro; luego de que por auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito y declinó competencia para conocer de dicha demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, el cual por razón de turno, correspondió a este Juzgado Federal, en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento de la superioridad, que con fundamento en los artículos 1, 33 y 35 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada por razón de turno y al efecto, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado David Guillermo Skinfill Acosta, quien comparece en nombre de las quejosas MAURILIA ALATORRE ESTRADA Y MARIA ISABEL ALATORRE ESTRADA; contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese la presente demanda bajo el número de registro 233/2018-IV y se ordena dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ante todo, independientemente de que se advierten irregularidades, en cuanto al pretender acreditar la personalidad de quien promueve la demanda de amparo a favor de las quejosas, así como que de la lectura de la demanda, no se advierte capítulo de antecedentes del acto reclamado, en vez de prevenir al promovente para que la subsane, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia en estricto acatamiento de lo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se procede a proveer sobre la demanda planteada; y, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado por su contenido y alcance en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, sin embargo, del estudio de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número 703/2008 del índice del Juez Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, se advierte que el auto que señala fecha para la audiencia de remate lo es el de ocho de enero de dos mil dieciocho, razón por la cual, el acto reclamado se analizará a la luz de éste último. ANTECEDENTES Previamente, conviene reseñar los antecedentes de demanda, que a saber son: 1) Financiera Rural Organismo Público Descentralizado, a través de su apoderada Magaly Ruiz Botello, demando en la vía ejecutiva mercantil, el pago de $2,505,000.00 (Dos millones quinientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), y diversas prestaciones a las ahora quejosas. 2) Por auto de veintiocho de abril de dos mil ocho, la Juez octavo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Querétaro, radicó y admitió la demanda referida en el párrafo que antecede, bajo el número 703/2008, y despachó ejecución en contra de las aquí quejosas. 3) Por escrito de ocho de julio de dos mil ocho, las ahora quejosas dieron contestación a la demanda interpuesta en su contra e hicieron valer las excepciones correspondientes. 4) Una vez, llevado por sus cauces legales, por sentencia de tres de abril de dos mil nueve, se condenó a las aquí quejosas al pago de $2,505,000.00 (Dos millones quinientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), así como intereses convencionales y moratorios en los términos ahí señalados. 5) En etapa de ejecución de sentencia, y con motivo de la condena a la cual fueron constriñidas las aquí quejosas, les fue embargado un fracción del inmueble rustico ubicado en Churinzillo, municipio de Pénjamo, Guanajuato, el cual fue aprobado para su remate mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 6) Posteriormente, por auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se señalaron las doce horas del nueve de febrero de dos mil dieciocho, en tercera amoneda, a efecto de llevar a cabo el remate del inmueble embargado. Siendo ésta determinación la que constituye el acto reclamado. Así, en el caso, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en los procedimientos de remate, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. La citada regla fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo, con el objetivo de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, impedir que este medio extraordinario de control fuera usado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva en el procedimiento de remate, que constituye verdad legal respecto a los derechos litigiosos que en ésta se decidieron. En efecto, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese ejecutivo, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas en la secuela procesal, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, esto, porque en el asunto que nos ocupa aún no se ordena el otorgamiento de escrituras y mucho menos la entrega de los bienes rematados, por ende, se considera que aún no se trata de la última resolución dentro del remate, de ahí entonces que la determinación aquí combatida, no puede ser impugnable en el juicio de amparo que nos ocupa. Se estima así, porque si en el caso que nos ocupa, el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 703/2008, por la cual, el Juez de Origen señala fecha para que tenga verificativo el remate del inmueble embargado en el juicio natural, es inconcuso que resulta improcedente el ejercicio de la acción constitucional, ni aun el en supuesto de que se pretendiera reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se interponga la demanda de amparo CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DEL REMATE, entendiendo ésta como la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, así como la entrega de los bienes rematados, ya sea que ambas resoluciones se dicten coetáneamente o no. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2007355, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de dos mil catorce, página mil setecientos treinta y ocho, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En las anotadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV, párrafo tercero del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de que se trata. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS - Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Alberto Skinfill Rivera. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Por último, dada la voluminosidad de los tomos relativos al expediente 703/2008, del índice de la autoridad responsable, con los mismos fórmense dos tomos por separado e identifíquense con el número del presente juicio de amparo.....IV

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