Maurilia Alatorre Estrada
Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maurilia Alatorre Estrada
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de presente juicio de amparo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que el expediente es susceptible de ser destruido. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 7 DE MARZO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a siete de marzo de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. Maurilia Alatorre Estrada. II. Autoridades responsables. Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de ciudad de Querétaro, Querétaro y otras. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 190/2019-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Incompetencia. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, se estima, es el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad de Irapuato, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se advierten tres reglas para fijar la competencia para los Jueces de Distrito; a saber: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o donde se haya ejecutado el acto reclamado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda de amparo. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. De lo derivado del precepto de que se trata se desprende dichas reglas de competencia de un Juzgado de Distrito, y la parte promovente del amparo reclama en este asunto: Falta o ilegal emplazamiento, así como todas sus consecuencias en el expediente 703/2008, del índice del juzgado responsable "que dice tener en copropiedad el inmueble fracción de terreno rustico ubicado en el Rancho Churinzillo, municipio de Pénjamo, Guanajuato". Precisado lo anterior, y como de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la quejosa aduce bajo protesta de decir verdad, que al constituirse el cuatro de marzo del año en curso, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del municipio de Pénjamo, Guanajuato, se percató que el inmueble de que se trata, el cual tiene en copropiedad con su hermana María Isabel Alatorre Estrada, con domicilio en calle Padre Hidalgo número 627 de la localidad Santa Ana Pacueco, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, presentaba un gravamen derivado del juicio bajo el número 703/2008, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de ciudad de Querétaro, Querétaro, solicitando la suspensión del acto reclamado; resulta evidente que dicho acto no tiene ejecución material en esta entidad federativa, en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que, sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio donde se ubica el bien inmueble de referencia, y por ende, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda, es el Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato. Esto es así, pues, como ya quedó asentado en el párrafo que antecede, los actos de molestia reclamados por la quejosa (acto que realizó anotación registral del bien que defiende y del cual aduce ser copropietaria), tiene efectos positivos de ejecución material que repercuten en el territorio del Juez que se estima competente para conocer del presente asunto. Por tanto, al tratarse de actos reclamados que requieren y tuvieron ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, conforme lo dispone el primer párrafo del numeral 37 de la legislación de la materia. Datos que generan convicción en el sentido de que los actos que por esta vía se reclaman, tuvieron y tendrán su ejecución en el municipio de Pénjamo, Guanajuato; y por ende, se estima que se actualiza el primer supuesto de competencia para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado tiene ejecución material; esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado, por ello, se estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como la tesis VI.2o.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Febrero de 1996; Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús Ascencio Aboytes, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral y el correlativo ordinal 24 segundo párrafo, ambos de la ley de amparo a la demás personas que refiere en su ocurso, por así haberlo solicitado. VI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con le licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe."
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