Mauricio Vargas Hernández

Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1345/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Vargas Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes este Juzgado de Distrito y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente. CUMPLIMIENTO A PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito firmado por Mauricio Vargas Hernández, a través del cual cumple los requerimientos que se le formularon el treinta de diciembre de dos mil veintidós, es así, pues manifestó que no era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en la localidad, señaló como acto reclamado destacado la medida de restricción y narró bajo protesta de decir verdad la etapa procesal en que se dictó, así como, su contenido medular; por tanto, se acuerda: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso esencialmente reclama: La resolución dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del toca número 594/2022, mediante la cual esencialmente ordena la reposición del juicio Oral Ordinario número 2693/2022-F, a efecto de que se realicé un dictamen en materia de trabajo social para determinar las necesidades alimentarias del infante de iniciales C.Y.V.B. La medida de restricción decretada por la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en la localidad, en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y revisada para que continuara en los mismos efectos en audiencia preliminar del veinte de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio Oral Ordinario número 2693/2022-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SÉPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. En el caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia solo se refiere al siguiente acto: 1 La resolución dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del toca número 594/2022, mediante la cual esencialmente ordena la reposición del juicio Oral Ordinario número 2693/2022-F, a efecto de que se realicé un dictamen en materia de trabajo social para determinar las necesidades alimentarias del infante de iniciales C.Y.V.B. De los numerales jurídicos citados, se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Pues bien, en el presente caso el quejoso reclama la resolución dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del toca número 594/2022, mediante la cual esencialmente ordena la reposición del juicio Oral Ordinario número 2693/2022-F, a efecto de que se realicé un dictamen en materia de trabajo social para determinar las necesidades alimentarias del infante de iniciales C.Y.V.B . La prueba pericial ordenada por la responsable, no va encaminada a dictaminar la capacidad económica del quejoso, sino solo, a dictaminar la necesidad alimentaria del infante parte del juicio oral ordinario. Por lo que, tal acto no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que afecte directamente a la esfera jurídica del quejoso. Por ende, resulta improcedente el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el quejoso logra obtener una sentencia favorable posterior a la reposición ordenada, las violaciones de que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO A LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN DECRETADA POR LA JUEZA CIVIL DE PARTIDO ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR. Por otro lado, en el caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de conformidad con la cual el juicio es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para tal efecto en la ley de la materia. El motivo de improcedencia solo se refiere al siguiente acto: 1. La medida de restricción decretada por la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en la localidad, en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y revisada para que continuara en los mismos efectos en audiencia preliminar del veinte de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio Oral Ordinario número 2693/2022-F. En efecto, en el escrito aclaratorio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la medida se decretó el veintiséis de abril de dos mil veintidós y se revisó el veinte de junio del mismo año, por lo que el plazo de quince días con que contaba para ejercitar la acción de amparo comenzó el veintidós de junio de dos mil veintidós y terminó el doce de julio del mismo año, descontándose del cómputo los días veinticinco y veintiséis de junio, el dos, tres, nueve y diez de julio, por ser inhábiles. En consecuencia, si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, según se aprecia de la boleta de control que obra al inicio del expediente, la promoción del juicio resulta extemporánea por estar fuera del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Finalmente, en consecuencia del análisis de ambas causas de improcedencia respecto a los diversos actos reclamados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. Visto la demanda de cuenta, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 1345/2022-VII; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en esta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. I. Irregularidad relacionada con la precisión de las autoridades responsables. En relación con el señalamiento de las autoridades responsables el numeral 108, en su fracción III de la ley de la materia dispone que es requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda que en ésta se señalen con precisión la denominación completa de la o las autoridades responsables y su residencia. Al respecto, el impetrante, en el capítulo relativo a este requisito, señaló como autoridades responsables al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como al Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar. Sin embargo, de sus antecedentes se aprecia que también menciona al Juez Séptimo Civil de Partido, lo cual no existe certeza de cuales son la totalidad de autoridades que desea incorporar a la litis, aspecto que es importante, porque no solo permitirá la adecuada integración del juicio, además permite la vinculación de estos entes, a la medida suspensional que solicitó el accionante; de ahí que deba requerirse al promovente para que aclare dicha ambigüedad. II. Irregularidad relacionada con la precisión de los actos reclamados. Del artículo 114 de la Ley de Amparo se aprecia que es requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda que en esta se señale con precisión el acto reclamado. Preciso, de acuerdo a la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia Española, cuenta con una acepción relativa al lenguaje y significa conciso y rigurosamente exacto. Una vez, cumplida la prevención anterior, y, en caso de señalar como responsable al Juez Séptimo Civil de Partido, deberá indicar cuál es el acto que en concreto le reclama, en virtud de que, de su escrito no se advierte con claridad este aspecto. Por otro lado, en el capítulo relativo al señalamiento de los actos reclamados, la quejosa señaló esencialmente, la resolución de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Guanajuato, donde se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se realice una pericial en trabajo social para determinar las necesidades del infante de iniciales C. Y.V.B. y su ejecución por el juez natural. Sin embargo, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se aprecian manifestaciones de inconformidad relacionadas con la medida de restricción otorgada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en el juicio de origen, lo cual genera incertidumbre, porque este aspecto no se señaló como acto reclamado destacado. Por tanto, es indispensable requerir al promovente, para que indique de forma concisa y rigurosamente exacta, cuál o cuáles son los actos que en concreto desea reclamar. II. Irregularidad relacionada con los antecedentes de los actos reclamados. Por su parte, como lo establece el numeral 108 de la Ley de amparo, en su fracción V, es requisito que en el escrito inicial de demanda se exprese, entre otras cuestiones, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes de los actos reclamados o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; sin embargo, ante la imprecisión de uno de los actos reclamados, no se advierten cuáles son los antecedentes de éste -pues ninguno es referido por el quejoso-; ante este panorama, deberá requerirse también al inconforme para que, una vez aclarado el punto anterior, bajo protesta de decir verdad, narre los antecedentes del acto reclamado que resulte precisar en esta vía constitucional; en los que deberán señalar, la totalidad de los antecedentes que se relacionen con el acto que en su caso le atribuye al Juez Séptimo Civil de Partido, el momento en que se le notificó la resolución que resulte impugnar; así como, en relación con la medida de restricción, la etapa procesal en que se dictó, su contenido medular, si fue revisada o modificada con posterioridad, así como la fecha en que la conoció. REQUERIMIENTOS. Por lo anterior, se requiere al quejoso para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este auto: PRIMERO. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a al Juez Séptimo Civil de Partido. SEGUNDO. Cumplido lo anterior, precise de manera concisa y rigurosamente exacta, cuál o cuáles son los actos que reclama del Juez Séptimo Civil de Partido; asimismo, manifieste si es su deseo reclamar la medida de restricción que refiere en su capítulo de antecedentes. TERCERO. Narre bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los antecedentes de los actos que resulte precisar, ente los cuales deberá incluir la totalidad de los hechos o abstenciones que se relacionen con el acto que en su caso le atribuye al Juez Séptimo Civil de Partido y el momento en que se enteró de la resolución que resulte impugnar; así como, en relación con la medida de restricción, la etapa procesal en que se dictó, su contenido medular, si fue revisada o modificada con posterioridad, así como la fecha en que la conoció. En el entendido que deberá exhibir el número de copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a todas las partes e integrar el incidente de suspensión que se tramita en cuerda separada. APERCIBIMIENTOS. Se le apercibe de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo indicado o de no exhibir las copias del escrito aclaratorio, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle Crespo, número 154, colonia San Pedro de los Hernández, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la parte impetrante, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Israel García Becerra y Jairo Isaac Gallegos Aranda, por no contar no acreditar ejercer la profesión de derecho y no contar con el registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único Órganos Jurisdiccionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas desde este auto inicial). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten las partes durante el trámite del presente juicio. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO.- Visto la demanda de cuenta, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 1345/2022-VII; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en esta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. I. Irregularidad relacionada con la precisión de las autoridades responsables. En relación con el señalamiento de las autoridades responsables el numeral 108, en su fracción III de la ley de la materia dispone que es requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda que en ésta se señalen con precisión la denominación completa de la o las autoridades responsables y su residencia. Al respecto, el impetrante, en el capítulo relativo a este requisito, señaló como autoridades responsables al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como al Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar. Sin embargo, de sus antecedentes se aprecia que también menciona al Juez Séptimo Civil de Partido, lo cual no existe certeza de cuales son la totalidad de autoridades que desea incorporar a la litis, aspecto que es importante, porque no solo permitirá la adecuada integración del juicio, además permite la vinculación de estos entes, a la medida suspensional que solicitó el accionante; de ahí que deba requerirse al promovente para que aclare dicha ambigüedad. II. Irregularidad relacionada con la precisión de los actos reclamados. Del artículo 114 de la Ley de Amparo se aprecia que es requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda que en esta se señale con precisión el acto reclamado. Preciso, de acuerdo a la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia Española, cuenta con una acepción relativa al lenguaje y significa conciso y rigurosamente exacto. Una vez, cumplida la prevención anterior, y, en caso de señalar como responsable al Juez Séptimo Civil de Partido, deberá indicar cuál es el acto que en concreto le reclama, en virtud de que, de su escrito no se advierte con claridad este aspecto. Por otro lado, en el capítulo relativo al señalamiento de los actos reclamados, la quejosa señaló esencialmente, la resolución de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Guanajuato, donde se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se realice una pericial en trabajo social para determinar las necesidades del infante de iniciales C. Y.V.B. y su ejecución por el juez natural. Sin embargo, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se aprecian manifestaciones de inconformidad relacionadas con la medida de restricción otorgada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en el juicio de origen, lo cual genera incertidumbre, porque este aspecto no se señaló como acto reclamado destacado. Por tanto, es indispensable requerir al promovente, para que indique de forma concisa y rigurosamente exacta, cuál o cuáles son los actos que en concreto desea reclamar. II. Irregularidad relacionada con los antecedentes de los actos reclamados. Por su parte, como lo establece el numeral 108 de la Ley de amparo, en su fracción V, es requisito que en el escrito inicial de demanda se exprese, entre otras cuestiones, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes de los actos reclamados o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; sin embargo, ante la imprecisión de uno de los actos reclamados, no se advierten cuáles son los antecedentes de éste -pues ninguno es referido por el quejoso-; ante este panorama, deberá requerirse también al inconforme para que, una vez aclarado el punto anterior, bajo protesta de decir verdad, narre los antecedentes del acto reclamado que resulte precisar en esta vía constitucional; en los que deberán señalar, la totalidad de los antecedentes que se relacionen con el acto que en su caso le atribuye al Juez Séptimo Civil de Partido, el momento en que se le notificó la resolución que resulte impugnar; así como, en relación con la medida de restricción, la etapa procesal en que se dictó, su contenido medular, si fue revisada o modificada con posterioridad, así como la fecha en que la conoció. REQUERIMIENTOS. Por lo anterior, se requiere al quejoso para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este auto: PRIMERO. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a al Juez Séptimo Civil de Partido. SEGUNDO. Cumplido lo anterior, precise de manera concisa y rigurosamente exacta, cuál o cuáles son los actos que reclama del Juez Séptimo Civil de Partido; asimismo, manifieste si es su deseo reclamar la medida de restricción que refiere en su capítulo de antecedentes. TERCERO. Narre bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los antecedentes de los actos que resulte precisar, ente los cuales deberá incluir la totalidad de los hechos o abstenciones que se relacionen con el acto que en su caso le atribuye al Juez Séptimo Civil de Partido y el momento en que se enteró de la resolución que resulte impugnar; así como, en relación con la medida de restricción, la etapa procesal en que se dictó, su contenido medular, si fue revisada o modificada con posterioridad, así como la fecha en que la conoció. En el entendido que deberá exhibir el número de copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a todas las partes e integrar el incidente de suspensión que se tramita en cuerda separada. APERCIBIMIENTOS. Se le apercibe de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo indicado o de no exhibir las copias del escrito aclaratorio, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle Crespo, número 154, colonia San Pedro de los Hernández, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la parte impetrante, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Israel García Becerra y Jairo Isaac Gallegos Aranda, por no contar no acreditar ejercer la profesión de derecho y no contar con el registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único Órganos Jurisdiccionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas desde este auto inicial). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten las partes durante el trámite del presente juicio. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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