Mauricio Valentín Romero Zavala

Expediente 810/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
810/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Mauricio Valentín Romero Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de mayo último, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en aplicación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    III. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

  3. Principal

    de confomridad con el articulo 27, fraccion i inciso c, de la ley de amparo, se notifica al quejoso rl auto de treinta y uno de mayo del año en curso por medio de lista que en lo conducente dice: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Mauricio Valentín y Alejandro Gibran, de apellidos Romero Zavala, contra el acto del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; por lo que se ordena formar expediente y registrarse en el libro de gobierno con el número 810/2017-IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio ordinario mercantil 143/2017, en el que el juez responsable apercibe a los quejosos, para que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado al requerimiento formulado, se desechará su demanda ante la falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe examinarse el escrito de la demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano. De la disposición legal antes precisada se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo cual es relevante precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Así, en relación al acto precisado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que obliga a desechar la presente demanda de garantías, previsto en el numeral 61, fracción XII , de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5 , fracción I, del mismo ordenamiento, debido a que el mismo no afecta el interés jurídico del quejoso por no causarle un agravio personal y directo. El origen de la citada figura, es decir, el interés jurídico, se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional. Se establece como un principio básico del juicio de amparo, pues, como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. De esta forma, como presupuesto básico del juicio de amparo se tiene que una persona podrá solicitar legítimamente la protección de la justicia federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. Con esta afirmación se pueden desprender los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y, b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En tales supuestos, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto autoritario se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del artículo 61 aludida. Delimitado lo anterior, en el caso concreto, sin bien como se mencionó con antelación, los promoventes reclaman: el proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio ordinario mercantil 143/2017, en el juez responsable apercibe a los quejosos, para que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado al requerimiento formulado, se desechará su demanda ante la falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario; sin embargo, dicha determinación no irroga un agravio personal y directo en forma real y actual, que los legitime para solicitar la protección constitucional. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado está supeditado a lo que en su momento el juez responsable determine, esto es, si hace efectivo o no el apercibimiento decretado a los aquí quejosos y en su caso, deseche la demanda promovida por aquéllos, pues se reitera, su repercusión depende de lo que finalmente resuelva la autoridad al respecto. Ello es así, porque al momento de la presentación de la demanda, solamente se tiene el requerimiento y apercibimiento formulados a los quejosos para el caso de no desahogar lo requerido en el juicio natural, sin que por el momento, en su caso, se haya hecho efectivo el apercibimiento decretado, esto es, desechar la demanda. De ahí que, no se perciba una afectación directa, inmediata o indirecta que pudiera resentir la parte quejosa pues, como ya se mencionó, la afectación depende de sí la autoridad responsable hace efectivo el apercibimiento decretado y desecha la demanda, lo cual, hasta en ese momento se afectaría directamente su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Mauricio Valentín Romero Zavala, sin perjuicio de que los solicitantes de amparo puedan designar otro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por los promoventes en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que mencionan únicamente para oír y recibir notificaciones, pues así lo refieren expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de cuidar que los juicios de garantías no queden paralizados, con fundamento en el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar ésta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. FUNDAMENTOS. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido.

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