MAURICIO STIVALET PARIZOT y Otros.
Expediente 945/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- MAURICIO STIVALET PARIZOT y Otros.
Actuaciones
- Principal
PERSONAL: con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, mediante aviso de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se le notifica por medio de lista el proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, de autos se aprecia que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda copia certificada del acta de nacimiento con número identificador electrónico **, certificado de nacimiento folio **, correspondiente a la menor de identidad reservada **; sin embargo, resulta innecesaria su conservación; por tanto, se deja a su disposición, a efecto de que comparezca en este juzgado a recogerla en día y horario hábil, dejando copia certificada en su lugar, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, seguirá la suerte del expediente principal. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que no constan documentos originales y que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA QUE SE PRECISA, MEDIANTE AVISO DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo que se le notifica por medio de lista la determinación de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictadas dentro del presente juicio de amparo. DETERMINACIÓN DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito de cuenta, firmado por el quejoso ***, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales ***, mediante el cual desahoga la prevención que se le realizó mediante proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve. En ese sentido y como cuestión previa, es importante destacar que en el citado auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se previno al quejoso. Bajo ese contexto, a través del escrito de cuenta el quejoso refirió... Así, de la transcripción realizada se aprecia que en esencia, el impetrante de amparo se duele de la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve mediante la cual se ordena que se determine el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *** así como la diversa que resuelve el no ejercicio. Ahora, respecto a que indicará si hizo valer algún medio de impugnación, el quejoso señaló que no presentó ningún recurso, en virtud de que aduce que no existe medio de impugnación para esos efectos. Previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo, y más recientemente, con la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA." hizo extensiva aquella premisa, para afirmar que dentro de ese todo que es la demanda, debe incluirse, desde luego, los anexos que le acompañen. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese orden, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve mediante la cual se ordena que se determine el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***; así como la diversa que resuelve el no ejercicio. En esa idea, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen. Así como se ha dicho en párrafos que anteceden, la parte quejosa se duele de la resolución que determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, así como la diversa que resolvió el no ejercicio. Luego, del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar la resolución que determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, así como la diversa que resolvió el no ejercicio, será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Es aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J.3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la resolución que determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, así como la diversa que resolvió el no ejercicio, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que se pueden destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deber ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Motivo de lo anterior es que si en el presente asunto se reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve mediante la cual se ordena que se determine el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***; así como la diversa que resuelve el no ejercicio, el promovente, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, so pena de incurrir en una causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20 Constitucional. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el juez de control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, como se ha dicho en párrafos que anteceden, previo agotar el juicio de amparo por la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve mediante la cual se ordena que se determine el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***; así como la diversa que resuelve el no ejercicio, la parte quejosa tendrá que acudir al recurso que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotar el medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. Se cita por su aplicación, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 355, Tomo XXVIII, Enero de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto.
- Principal
PERSONAL. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, mediante aviso de trece de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se le notifica por medio de lista el acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo firmada por el quiejoso por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde. Téngase al peticionario de amparo promoviendo por sí y en representación de la aludida menor de edad. Ahora, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, dentro del término de CINCO DÍAS, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que la parte quejosa pueda subsanarlas en tiempo. En ese orden, debe precisarse que la parte quejosa no señala de manera clara y precisa el acto o actos reclamados, generando confusión a fin de fijar la litis en el presente juicio de amparo; por tal motivo, requiérasele para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto subsane las deficiencias de su demanda de amparo, en los rtérminos que se precisan. Se apercibe al impetrante de amparo que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, este juzgado se tendrá POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 7,636 expedientes
- Mauricio Sosa Martínez1174/2016
- Mauricio Stivalet Parizot570/2019
- Mauricio Stivalet Parizot80/2020
- Mauricio Stivalet Parizot155/2020
- Mauricio Stivalet Parizot604/2020
- MAURICIO STIVALET PARIZOT y Otros.957/2019
- Mauricio Stivalet Parizot563/2019
- Mauricio Stivalet Parizot157/2020
- Mauricio Tena Sanchez62/2021
- Mauricio Torija Martínez400/2020
- Mauricio Valenzuela Jara670/2019
- Mauricio Viveros Bueno688/2018