Mauricio Sosa Solís
Expediente 729/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mauricio Sosa Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de los mismos que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes el cinco de octubre en curso, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de firmada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. En contra de dicha resolución, el propio quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que fue resuelto en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, revocando la sentencia recurrida, para el efecto siguiente: "La juez natural deje insubsistente todo lo actuado en los autos del juicio ordinario mercantil de origen y ordene se lleve cabo (sic) el emplazamiento respectivo. En el entendido que la concesión del amparo no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de los codemandados en el juicio de origen (Caza Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Carlos Alonso Emilio Zapato Rosado) que hubieran sido emplazados de forma legal, pues esa no es una consecuencia lógica y natural de la existencia de un litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que, entre otros, rige al juicio constitucional. (.) - - - Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución, toda vez que son consecuencia del aludido ilegal emplazamiento al juicio ordinario mercantil". Por auto de veintiuno de septiembre siguiente, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a las responsables su cumplimiento. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, las autoridades responsables remitieron sendos oficios informando sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Siendo el número 3062, de veintisiete de septiembre pasado, signado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial, recibido por auto de veintinueve de ese propio mes, al que anexó dicha autoridad copia certificada de constancias conducentes del juicio ordinario mercantil de origen, de los que se desprende lo siguiente: Que mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto todo lo actuado en el referido juicio, a partir del emplazamiento practicado al aquí quejoso MAURICIO SOSA SOLIS, con fecha diez de mayo del año dos mil doce; asimismo, comisionó al actuario de su adscripción, a fin de que dé debido cumplimiento al auto de inicio, de cuatro de mayo de dos mil doce, en el domicilio que obra en autos como del citado quejoso; de igual forma, declaró insubsistente los embargos que se trabaron con relación a dicho amparista y giró oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para hacerle saber dicha determinación. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I de la ley de la materia, se advierte que las responsables se encontraban obligadas a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen y ordenar se lleve a cabo el emplazamiento respectivo, con relación al quí quejoso, cuya concesión se hizo extensiva a los actos de ejecución; lo que así hicieron y acreditaron fehacientemente con los oficios y copias certificadas del juicio de origen que remitieron a este Juzgado. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de los mismos que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes el cinco de octubre en curso, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de firmada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. En contra de dicha resolución, el propio quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que fue resuelto en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, revocando la sentencia recurrida, para el efecto siguiente: "La juez natural deje insubsistente todo lo actuado en los autos del juicio ordinario mercantil de origen y ordene se lleve cabo (sic) el emplazamiento respectivo. En el entendido que la concesión del amparo no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de los codemandados en el juicio de origen (Caza Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Carlos Alonso Emilio Zapato Rosado) que hubieran sido emplazados de forma legal, pues esa no es una consecuencia lógica y natural de la existencia de un litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que, entre otros, rige al juicio constitucional. (.) - - - Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución, toda vez que son consecuencia del aludido ilegal emplazamiento al juicio ordinario mercantil". Por auto de veintiuno de septiembre siguiente, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a las responsables su cumplimiento. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, las autoridades responsables remitieron sendos oficios informando sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Siendo el número 3062, de veintisiete de septiembre pasado, signado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial, recibido por auto de veintinueve de ese propio mes, al que anexó dicha autoridad copia certificada de constancias conducentes del juicio ordinario mercantil de origen, de los que se desprende lo siguiente: Que mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto todo lo actuado en el referido juicio, a partir del emplazamiento practicado al aquí quejoso MAURICIO SOSA SOLIS, con fecha diez de mayo del año dos mil doce; asimismo, comisionó al actuario de su adscripción, a fin de que dé debido cumplimiento al auto de inicio, de cuatro de mayo de dos mil doce, en el domicilio que obra en autos como del citado quejoso; de igual forma, declaró insubsistente los embargos que se trabaron con relación a dicho amparista y giró oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para hacerle saber dicha determinación. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I de la ley de la materia, se advierte que las responsables se encontraban obligadas a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen y ordenar se lleve a cabo el emplazamiento respectivo, con relación al quí quejoso, cuya concesión se hizo extensiva a los actos de ejecución; lo que así hicieron y acreditaron fehacientemente con los oficios y copias certificadas del juicio de origen que remitieron a este Juzgado. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Con conocimiento de las partes, agréguense a estos autos los oficios 3062 y sin número, signados respectivamente por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña la primera, que remiten en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Con conocimiento de las partes, agréguense a estos autos los oficios 3062 y sin número, signados respectivamente por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña la primera, que remiten en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Notifíquese personalmente. se notifica al quejoso de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
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