Mauricio Santillán Breceda

Expediente 211/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
211/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Santillán Breceda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Durango, Durango, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. En virtud de que el cuaderno original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; en su oportunidad procédase a su destrucción en el plazo establecido. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción en un plazo de seis meses, como lo establece el inciso a) de la fracción II, del numeral 20, del citado Acuerdo General, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "destruible".

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, se advierte que se omitió notificar la sentencia del veintiocho de septiembre del año en curso al Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Nombre de Dios, Durango por tanto, remítasele copia certificada del referido fallo vía correo electrónico nombredediosdgo@hotmail.com y con teléfono de confirmación (675)-878-00-43. En el entendido de que en caso de imposibilidad de hacerlo por esta vía el fedatario judicial adscrito deberá hacerlo del conocimiento de este tribunal federal (a través de una razón actuarial) para proveer lo que en derecho proceda.

  3. Principal

    V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 211/2020, promovido por ************* contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Nombre de Dios, Durango, por considerarlo violatorio de los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado de Durango, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES, ORDENADORAS y EJECUTORAS: 1.- C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, DE NOMBRE DE DIOS, DGO. ACTO RECLAMADO, De las autoridades antes mencionadas reclamo: 1.- El auto de fecha 24 de enero de 2020, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, Expediente No. 15/2017 y notificado que me fue por lista el 28 de Enero de 2020". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto del diecinueve de febrero de dos mil veinte bajo el número 211/2020, en el que se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se otorgó intervención a la Fiscal de la Federación adscrita; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En el Acuerdo General 4/2020, del diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación del miércoles dieciocho de marzo al domingo diecinueve de abril de dos mil veinte, pero esa suspensión continuó hasta el día treinta y uno de julio de la misma anualidad, según se estableció en los diversos Acuerdos Generales del propio órgano plenario 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. CUARTO. Con data cuatro de agosto de dos mil veinte este tribunal federal ordenó continuar con el procedimiento constitucional, por lo que se fijó fecha para la audiencia constitucional que se difirió en varias ocasiones por motivos legales y que finalmente se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos provenientes de autoridades cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuarto, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", es conveniente precisar que el análisis integral de la demanda de garantías, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, permite concluir que el promovente ************ es parte formal en el juicio ejecutivo mercantil 15/2017, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, con sede en Nombre de Dios, Durango, y reclama el acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se negó continuar con el procedimiento dentro de ese contradictorio TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, con sede en Nombre de Dios, Durango, pues así lo reconoció en su informe con justificación y se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió como complemento, a las que se les concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que establece: "INFORME JUST|IFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por el amparista Mauricio Santillán Breceda al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. El único concepto de violación que plantea el quejoso Mauricio Santillán Breceda es inoperante por insuficiente, sin que se advierta deficiencia que suplir en su favor en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Los ordinales 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Ambos numerales reconocen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que se traducen en que las autoridades deben emitir sus actos conforme al marco jurídico nacional. Es ilustrativa la tesis que puede ser consultada en la página 263, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Ahora bien, el impetrante Mauricio Santillán Breceda reclama el acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, por el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta, con sede en Nombre de Dios, Durango, en el que negó continuar con el procedimiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 15/2017, en los siguientes términos: ".Por recibido el escrito con número de folio 1135 presentado por el licenciado ******** mediante el cual solicita se fije fecha para la audiencia de desahogo de pruebas. Al respecto, díagase al promovente que una vez que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en diligencia de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho en la cual se decretó la interrupción del presente procedimiento por las causas que en la misma se fundan y motivan, se acordará lo conducente. Por lo que respecta a su diversa solicitud consistente en que se le informe si existe registrado en este Juzgado sucesión testamentaria o intestamentaria a bienes de la diversa demandada MA. MAGDALENA GOYTIA G., dígasele que no ha lugar a proporcionar la información solicitada puesto que no se justifica la necesidad de su petición como lo establece el artículo 1061 fracción III párrafo segundo del Código de Comercio en vigor, que en su texto hace referencia que si la partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos o bien como lo dispone el numeral 1062 del citaedo ordenamiento legal que se demuestre haber solicitado al protocolo dependencia o archivo público la expedición del documento y no se expida, y en vista de dichas manifestaciones, el juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, dentro del plazo de tres días y le informe al juez con apercibimiento en caso de no hacerlo de imposición de sanción pecuniaria hasta por los importes autorizados por la ley, que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada". NOTIFÍQUESE.". El inconforme Mauricio Santillán Breceda aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, no explica el motivo por el que el acuerdo reprochado viola esos preceptos máximos, lo que impide a este tribunal federal a analizar esos motivos de disconformidad; máxime que no se advierte alguna violación que lo haya dejado sin defensa y que amerite se supla en su deficiencia la queja como lo señala el artículo 79, de la Ley de Amparo, en tanto que el resolutor precisó que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en diligencia fechada el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se decretó la suspensión del procedimiento.. Y es que la figura jurídica de suplencia sólo tiene como fin establecer la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando el resolutor constitucional advierta su ilegalidad, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de analizar el acto reclamado para arribar a la determinación de que es constitucional. Ilustra por identidad de razones la jurisprudencia 1a./J. 40/97, visible en la página 224, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión". Finalmente, no se advierte que en la resolución reclamada haya existido contra el quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, sino en todo caso se trata de una interpretación jurídica que realizó el jurisdicente respecto de su petición, por lo que no es procedente suplir en su favor la deficiencia de la queja, lo que hace inoperante su argumento por insuficiente. Orienta la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, publicada en la página 1138, del Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada". Así como la jurisprudencia VI. 1o. J/10, que está glosada en la página 903, del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados". Y finalmente la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 1417, Libro 15, Febrero de 2015, del Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa". En consecuencia, al ser inoperante el concepto de violación expresado por el impetrante Mauricio Santillán Breceda, lo que procede es negarle la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a contra el acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil veinte por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Nombre de Dios, Durango dentro del juicio 15/2017. Notifíquese.

  4. Principal

    Durango, Durango, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 1412/2021 del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Nombre de Dios, Durango, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en proveído del diez de agosto último en relación con el estado procesal del juicio ejecutivo mercantil 15/2017. Notifíquese.

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