Mauricio Sanchez Rojas

Expediente 930/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
930/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Mauricio Sanchez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    IV.-Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo...; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    IV.- ".Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de amparo, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se procede a notificar por lista la resolución que se transcribe: Vista la demanda de amparo promovida por .., por propio derecho, contra actos del Juez de Control .. y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de juicios de amparo que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, con el número 930/2020-IV. Ahora bien, previo a acordar lo conducente en torno al ocurso de que se trata, es dable destacar que la demanda de amparo que se examina fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual, conforme al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo1 , es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos; ello, con la finalidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, es importante destacar que en el artículo 3 la Ley de Amparo se establecen las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, tratándose de promociones electrónicas:. Acorde con lo anterior, los artículos 6, 10, 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establecen:. En este contexto, del artículo 3 de la Ley de Amparo se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, es menester destacar que los artículos 6, 10, 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, se prevé que las partes podrán promover, esto es, presentar solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, así como acceder a los expedientes electrónicos, mediante el uso de Firma Electrónica. De igual forma, se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En efecto, conforme a los numerales 10 y 45 del referido Acuerdo General 12/2020, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. Luego, el artículo 52, párrafo tercero, del Acuerdo en comento, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Se estima pertinente destacar que el numeral citado en último lugar, si bien se encuentra en la sección tercera, intitulada "De la presentación de promociones y recursos" y no en la sección segunda que regula la presentación de demandas, ambas correspondientes al capítulo quinto denominado "De la presentación de solicitudes, demandas, incidentes, promociones y recursos por vía electrónica", lo cierto es que ese precepto también resulta aplicable en tratándose de los escritos iniciales de demanda de amparo, pues todo documento que se genere de forma electrónica con la firma correspondiente contendrá una evidencia que corrobora que se trata de un documento signado de manera digital. En ese contexto, en el caso se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los preceptos 6, 10, 16, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, pues no contiene firma electrónica del promovente del amparo, .., conforme a la regulación descrita en dicho Acuerdo. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote la firma electrónica del citado promovente que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, la cual, como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Además, la parte promovente del amparo está imposibilitada para promover la demanda de amparo en la forma en que lo hizo, pues no reclama actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que este juzgador está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos. En mérito de lo anterior, es menester destacar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén:. De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el precepto 3, de la Ley de Amparo, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese contexto, si la parte quejosa opta por promover en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, salvo en los casos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, la firma electrónica resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de esa firma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de garantías, el artículo 3, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, es importante destacar que del contenido de los artículos 10, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que la parte promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó cuando se registró conforme al numeral 16 del citado Acuerdo General, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo. De igual forma, indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. En el caso en concreto, la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica del quejoso, .. y, por tanto, este juzgador no advierte la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3 de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, implica que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentra vigente, la parte promovente fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, se concluye que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional.. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo promovida por .., por propio derecho."

  3. Principal

    IV.-Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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