Mauricio Ruiz Virgen
Expediente 969/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mauricio Ruiz Virgen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. I. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. III. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de documento. Toda vez que existen documentos originales del quejoso Miguel Ruiz Virgen, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y solicítese el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 969/2017, promovido por Mauricio Ruiz Virgen, contra los actos que reclama de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, y Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado al día siguiente a este juzgado, Mauricio Ruiz Virgen solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: Emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 274/2011, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede esta ciudad, y actuaciones subsecuentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda propuesta, a la que le correspondió el expediente 969/2017, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: Emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 274/2011, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede esta ciudad, y actuaciones subsecuentes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada del contenido del propio informe, del que se advierte que hace manifestaciones que evidencian la certeza de los actos que se le atribuyen, lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de origen que acompañó al mismo; constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Por su parte, el Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación admitió la existencia del acto reclamado. CUARTO. Se actualiza causa de sobreseimiento. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previamente a su análisis, es menester puntualizar los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las documentales allegadas por el Juez responsable, valoradas con antelación, de la manera siguiente: 1. El veinticinco de marzo de dos mil once, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, en esta ciudad, admitió a trámite la demanda promovida en la vía sumaria civil hipotecaria por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (tercero interesado), por conducto de su apoderado legal, en contra del aquí quejoso Mauricio Ruiz Virgen, y otra, la cual quedó registrada con el número de juicio 274/2011, donde se ordenó emplazar a la parte demandada. 2. En cumplimiento a lo anterior, en diligencias de cuatro de abril de dos mil once, el actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, en esta ciudad, procedió a efectuar el emplazamiento encomendado. 3. Luego, el apoderado legal de la parte actora y los demandados, exhibieron el convenio judicial inserto en escrito de cinco de abril de dos mil once, ratificado en la misma fecha ante la fe del licenciado José Isaac Ornelas Castro, Notario Público 129, con ejercicio y residencia en esta ciudad, suscrito por las partes actora y demandada, con relación al juicio sumario civil hipotecario 274/2011, a fin de someter el citado convenio a la consideración del juez de origen, el cual fue aprobado y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en acuerdo de tres de mayo de dos mil once. 4. Posteriormente, en acuerdo de veintisiete de junio de dos mil trece, se tuvo por presentada a la parte actora, promoviendo incidente de liquidación de convenio judicial, con lo cual se dio vista a los demandados, para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho correspondiere. 5. Seguido el procedimiento de ejecución, el veintinueve de mayo del dos mil catorce, se agregó el avalúo exhibido por el perito en valuación, con el cual se dio vista a la parte demandada, por el plazo de tres días, para que se impusiera de su contenido y manifestara si desea nombrar perito a su costa, con apercibimiento de nada manifestar se tendrá por consentido dicho peritaje. 6. En auto de veinte de junio de dos mil catorce, se admitió el incidente de actualización del saldo de veces salarios mínimos al mes de junio de dos mil catorce, promovido por el apoderado legal de la parte actora. 7. El ocho de octubre de dos mil catorce, se dictó interlocutoria donde se aprobó el incidente de liquidación planteado, por la cantidad de trescientos once mil quinientos cuarenta y cinco pesos con veintisiete centavos. 8. El cinco de noviembre siguiente, se adjudicó a favor de la parte actora el bien inmueble sujeto a hipoteca. 9. El once de diciembre de dos mil catorce, se requirió a la parte demandada, por el otorgamiento de la escritura de adjudicación correspondiente al inmueble hipotecado. 10. El quince de enero de dos mil quince, se ordenó extender en rebeldía de la parte demandada, la escritura pública relativa al bien inmueble hipotecado, en favor de la parte actora, la cual se tuvo por exhibida en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, donde además se ordenó desocupar el citado inmueble, y ponerlo en posesión material de la parte actora. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dispositivos indicados que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante juez de distrito: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Debe precisarse que el accionante de la instancia constitucional, se ostenta tercero extraño al juicio sumario civil hipotecario 274/2011, entablado en su contra, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (parte tercera interesada), ante la autoridad responsable. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha interpretado que cuando el quejoso siendo parte formal en un juicio y no fue emplazado a éste, o bien, fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 195, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Octava Época Registro: 205455 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 78, Junio de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 18/94 Página: 16 EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De lo anotado se colige, que si bien, el quejoso se ostenta en la presente vía constitucional como tercero extraño por equiparación, debe tenerse presente que tal figura, como se dijo, se entiende como aquella persona que al ser parte formal y material en la controversia, no fue emplazada o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, ocasionando el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta, para reclamar la ausencia del llamado a juicio o en su caso, los vicios en que se incurrió al realizar dicho acto jurídico; y sólo acorde con esa posición, se le podrá equiparar a un tercero y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. Ahora bien, como se destacó de manera previa en la narrativa de antecedentes del acto reclamado, el solicitante de la tutela constitucional compareció al juicio sumario civil hipotecario 274/2011, toda vez que en auto de tres de mayo de dos mil once, se tuvo por recibido el escrito firmado en forma conjunta por el apoderado legal de la parte actora y por los demandados, entre ellos, el aquí quejoso, que contiene el convenio judicial celebrado entre ambas partes, sometido a consideración del juez del conocimiento, ratificado ante notario público. De lo anterior es dable concluir, que no asiste al reclamante de la protección constitucional la calidad de persona extraña a juicio, dado que se encuentra debidamente incorporado a la relación procesal en el juicio natural, donde tiene el carácter de demandado, por lo que se patentiza que fue sabedor del contenido del procedimiento seguido en su contra, cuando menos desde el tres de mayo de dos mil once; data en que se tuvo por recibido el escrito al que se insertó el convenio judicial celebrado por las partes actora y demandada. Por ende, tal fecha debe considerarse como aquella en la que conoció el procedimiento del que deriva el acto que en esta vía se reclama, desvirtuándose plenamente el carácter de persona extraña al procedimiento, al no ser jurídicamente válido que ahora alegue indefensión cuando acudió al juicio natural a fin de dar por concluida la contienda judicial, mediante la presentación del convenio aludido. En esa tesitura, si el quejoso reclama el emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 274/2011, y si de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes de que se dictara sentencia definitiva y, además, compareció al mismo, es evidente que perdió el carácter de persona extraña a juicio, pues tal conocimiento y comparecencia, le permitió en su momento, imponerse de los autos y hacer valer, a través de los mecanismos de impugnación ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio procedimiento. En ese orden argumentativo, al desvirtuarse el carácter de tercero extraño al juicio de origen con el que se ostenta el peticionario de amparo, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 189916 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 39/2001 Página: 93 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En ese tenor, al tener actualización la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos subsecuentes y de ejecución, dado que no se relaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. En sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia siguiente: "Séptima Época Registro: 394472 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 516 Página: 339 SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide estudiarlos. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia del cuyo contenido literal es como sigue: "Octava Época Registro: 394984 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 1028 Página: 708 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mauricio Ruiz Virgen, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y del Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, ante Andrea García Arellano, secretaria que autoriza y da fe
- Principal
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mauricio Ruiz Virgen, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y del Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese.
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