Mauricio Rubén Arenas Gutiérrez

Expediente 886/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
886/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Mauricio Rubén Arenas Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual, el quejoso *****, da cumplimiento a la prevención que se le hizo en acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que el lugar en donde aperturó la cuenta bancaria **** fue en la sucursal *****, con dirección en ****, número **** (****), colonia ****, en la ciudad de ****. Asimismo, indicó que la autoridad contra la que presentó queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la Gerencia de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Puebla, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, misma que se radicó bajo el número ****-PUE-****-2020 y que el acto que le atribuyó a la misma, es el consistente en la inmovilización de la cuenta bancaria ****, al ser ilegal que no se le permita disponer de los recursos económicos provenientes de pensión para el bienestar de personas adultas mayores; queja que a su decir en la actualidad se encuentra en estatus de "activa". En tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. II. Determinación sobre la competencia. Ahora bien, previo a efectuar pronunciamiento en relación a la admisión o no de la demanda de amparo que nos ocupa, debe tenerse en cuenta que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Así, la competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general al caso concreto, en una área específica, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran establecidos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Por su parte, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Mientras que, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar su competencia, a saber: 1. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Señalado lo anterior, debe precisarse que en el caso concreto, la parte quejosa reclama lo siguiente: ".De la Gerente de Recaudación Fiscal en el Estado de Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de autoridad ordenadora, se reclama: La solicitud de inmovilización de la cantidad de $**** por concepto de "pensión", por ser considerada como un bien exceptuado de embargo de conformidad con la fracción XI, del artículo 157 del Código Fiscal de la Federación. Del ****, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ****, en su carácter de autoridad ejecutora, se reclama: La inmovilización de la cantidad de $****." Luego, en el escrito aclaratorio que se recibe, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el lugar en donde aperturó la cuenta bancaria **** cuya inmovilización reclama, fue en la sucursal ****, con dirección en ****, número **** (****), colonia ****, en la ciudad de ****. En ese sentido, si en el presente juicio de amparo se reclama la orden o facultad de la autoridad responsable Gerente de Recaudación Fiscal en el Estado de Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de decretar el aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria antes descrita del quejoso, respecto de los depósitos que percibe por concepto de "pensión de bienestar" por parte de la Secretaría de Bienestar, es evidente que respecto del primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuenta bancaria y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilice la cuenta, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad... En esa línea, se concluye que la competencia para conocer del presente juicio de amparo indirecto se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal en donde se aperturó la cuenta bancaria **** respecto de la cual el quejoso refiere es titular, misma que bajo protesta de decir verdad refirió se realizó en la sucursal ****, con dirección en *****, número **** (****), colonia ****, en la ciudad de ****; domicilio que sirve para fijar la competencia, por ser el lugar de jurisdicción en donde habrá de tener ejecución el acto que por esta vía se combate, es decir, aquél en donde la parte quejosa habrá de sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones que se impugnan... Por tanto, al considerar el citado domicilio fiscal del quejoso y las indicadas reglas de competencia del juicio de amparo indirecto se concluye que en el presente asunto, la competencia para conocer del presente juicio de amparo surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de ****, en turno. Debido a lo anterior, con fundamento en el artículo 37, párrafo primer de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por lo que se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de ****, para que por su conducto sea turnada como corresponda al Juez de Distrito en turno, hecho lo cual, se solicita al Juzgado al que competa recibir el presente asunto: se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo. Asimismo, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, auto de prevención, del escrito de cuenta, así como con el original del presente auto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos que reclama la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, sólo en caso de que se tratara de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se tendrá que efectuar pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada; circunstancia que en el caso no acontece, pues los actos de molestia que refiere el promovente no se encuentra en ninguno de los supuestos antes precisados

  2. Principal

    I. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual, el quejoso *****, da cumplimiento a la prevención que se le hizo en acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que el lugar en donde aperturó la cuenta bancaria **** fue en la sucursal *****, con dirección en ****, número **** (****), colonia ****, en la ciudad de ****. Asimismo, indicó que la autoridad contra la que presentó queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la Gerencia de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Puebla, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, misma que se radicó bajo el número ****-PUE-****-2020 y que el acto que le atribuyó a la misma, es el consistente en la inmovilización de la cuenta bancaria ****, al ser ilegal que no se le permita disponer de los recursos económicos provenientes de pensión para el bienestar de personas adultas mayores; queja que a su decir en la actualidad se encuentra en estatus de "activa". En tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. II. Determinación sobre la competencia. Ahora bien, previo a efectuar pronunciamiento en relación a la admisión o no de la demanda de amparo que nos ocupa, debe tenerse en cuenta que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Así, la competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general al caso concreto, en una área específica, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran establecidos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Por su parte, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Mientras que, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar su competencia, a saber: 1. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Señalado lo anterior, debe precisarse que en el caso concreto, la parte quejosa reclama lo siguiente: ".De la Gerente de Recaudación Fiscal en el Estado de Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de autoridad ordenadora, se reclama: La solicitud de inmovilización de la cantidad de $**** por concepto de "pensión", por ser considerada como un bien exceptuado de embargo de conformidad con la fracción XI, del artículo 157 del Código Fiscal de la Federación. Del ****, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ****, en su carácter de autoridad ejecutora, se reclama: La inmovilización de la cantidad de $****." Luego, en el escrito aclaratorio que se recibe, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el lugar en donde aperturó la cuenta bancaria **** cuya inmovilización reclama, fue en la sucursal ****, con dirección en ****, número **** (****), colonia ****, en la ciudad de ****. En ese sentido, si en el presente juicio de amparo se reclama la orden o facultad de la autoridad responsable Gerente de Recaudación Fiscal en el Estado de Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de decretar el aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria antes descrita del quejoso, respecto de los depósitos que percibe por concepto de "pensión de bienestar" por parte de la Secretaría de Bienestar, es evidente que respecto del primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuenta bancaria y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilice la cuenta, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad... En esa línea, se concluye que la competencia para conocer del presente juicio de amparo indirecto se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal en donde se aperturó la cuenta bancaria **** respecto de la cual el quejoso refiere es titular, misma que bajo protesta de decir verdad refirió se realizó en la sucursal ****, con dirección en *****, número **** (****), colonia ****, en la ciudad de ****; domicilio que sirve para fijar la competencia, por ser el lugar de jurisdicción en donde habrá de tener ejecución el acto que por esta vía se combate, es decir, aquél en donde la parte quejosa habrá de sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones que se impugnan... Por tanto, al considerar el citado domicilio fiscal del quejoso y las indicadas reglas de competencia del juicio de amparo indirecto se concluye que en el presente asunto, la competencia para conocer del presente juicio de amparo surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de ****, en turno. Debido a lo anterior, con fundamento en el artículo 37, párrafo primer de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por lo que se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de ****, para que por su conducto sea turnada como corresponda al Juez de Distrito en turno, hecho lo cual, se solicita al Juzgado al que competa recibir el presente asunto: se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo. Asimismo, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, auto de prevención, del escrito de cuenta, así como con el original del presente auto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos que reclama la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, sólo en caso de que se tratara de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se tendrá que efectuar pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada; circunstancia que en el caso no acontece, pues los actos de molestia que refiere el promovente no se encuentra en ninguno de los supuestos antes precisados.

  3. Principal

    I. Certificación secretarial y estado procesal. De la certificación secretarial que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha faltan las constancias de notificación de los oficios ****/2020 y ****/2020, de diecisiete de marzo del actual; a través de los cuales, se ordenó notificar a las autoridades responsables Juez 63 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Actuario adscrito al anterior, el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la sentencia definitiva; mismos que se ordenaron reenviar el veintidós de septiembre actual, depositados en la Oficina de Correos de México, el veinticinco siguiente, como se advierte de la copia de la factura que se agrega para constancia En tales condiciones, con apoyo en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI de Correos de México, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita los acuses de recibo de los oficios ****/2020 y ****/2020, dirigidos al Juez 63 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Actuario adscrito al anterior, o en su caso informe el curso que se les dio, los que fueron depositados en la oficina de correos el veinticinco de septiembre del año en curso, tal y como consta de la copia de la factura oficial que se le remite para su conocimiento. Se apercibe a la autoridad requerida que de no hacerlo o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por el importe de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que sustituyen al salario mínimo general vigente diario para todo el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo en vigor; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por desacato a un mandamiento de autoridad judicial.

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