Mauricio Rojas Nájera
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mauricio Rojas Nájera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje insubsistente la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, en la parte relativa, emita una nueva determinación de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto del argumento planteado por la parte quejosa consistente en la omisión de la Jueza de Primera Instancia de proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de remoción de albacea. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio 1276 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós y 1471 de trece de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en autos del toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, y el trece de diciembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en autos del toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, y el trece de diciembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar se pronunció respecto del argumento planteado por la parte quejosa consistente en la omisión de la Jueza de Primera Instancia de proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de remoción de albacea, y determinó confirmar la interlocutoria de treinta de junio de dos mil veintiuno; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, en la parte relativa, emita una nueva determinación de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto del argumento planteado por la parte quejosa consistente en la omisión de la Jueza de Primera Instancia de proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de remoción de albacea. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en autos del toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, y el trece de diciembre de dos mil veintidós, procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar se pronunció respecto del argumento planteado por la parte quejosa consistente en la omisión de la Jueza de Primera Instancia de proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de remoción de albacea, y determinó confirmar la interlocutoria de treinta de junio de dos mil veintiuno. No pasa desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa en relación a la vista otorgada a las partes con el cumplimiento que emitió la responsable atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria protectora, donde destaca que la nueva determinación que emite la autoridad responsable no atendió sobre que ofreció en el incidente de remoción de albacea, además el nuevo acto no está debidamente fundado y motivado ya que los numerales aplicados van en su perjuicio violando la garantía de audiencia y legalidad contenidas en el artículo 14 y 16 constitucional. Al respecto, dígase que lo anterior es infundado e inoperante y no ha lugar acordar favorable sus consideraciones toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, ya que contrario a su dicho, lo infundado es en razón de que la responsable en su nuevo actuar si expone las razones y fundamentos por los cuales no asiste la razón a la parte quejosa respecto de valorar las pruebas ofrecidas en la incidencia y que la Jueza de Primera Instancia omitió proveer lo relativo en el incidencia de remoción de albacea. Ahora, el hecho como lo refiere la parte quejosa de no estar de acuerdo con la nueva determinación, al referir que no le asiste la razón a la autoridad al existir una indebida fundamentación y motivación de la forma que resuelve la Sala, además de no ser procedente su actuar, ya que existen dos procedimientos para la remoción de albacea y toman el que menos le favorece. Lo que pretende la parte quejosa es combatir la nueva determinación que emite la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuestiones diversas al núcleo de la ejecutoria de amparo, por tal razón, este juzgado no puede analizar sus argumentos, de hacerlo así, se estaría excediendo en los alcances que se dieron en la ejecutoria de mérito, ya que nunca fue materia de estudio la cuestión que ahora combate en su escrito de referencia, esto es, se reitera que lo fue para que fundara y motivara su nueva actuación en los términos tantas veces mencionados, y si ahora pretende combatir la nueva forma en que fundó y motivó su actuar la responsable, no puede ser materia de este estudio, ya que de existir una indebida fundamentación y motivación son actos diversos a los que pretende atacar en este momento procesal ya que no se abordó estudio de fondo alguno, de hacerlo se dejaría en estado de indefensión a las partes. Por lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa a efecto de que las nuevas cuestiones de fondo y la indebida fundamentación y motivación que ahora alega las haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Mauricio Rojas Najera, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte para los afectos legales a que haya lugar, las cuales que serán tomadas en consideración al momento de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Secretaria de Acuerdo de la Sección de Amparos Mixta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil veintidós, en el toca civil ********************, relativa al juicio familiar ********************. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrado con el número de folio 29324, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Andrés Hipólito Prieto, Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita la devolución de los testimonios autorizados del toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, y solicita una prórroga para dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga a la autoridad responsable, por lo tanto, requiérase al Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Morelos, para que en el término de diez días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo siguiendo los lineamientos en ella establecidos. De igual forma, conforme a lo solicitado por la oficiante, devuélvase los tomos toca civil 413/2021-8, relativa al juicio familiar 709/2002-2, con el fin de que acate en su términos la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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