Mauricio Rojas Carrasco

Expediente 1128/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1128/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Mauricio Rojas Carrasco
  • Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL AVISO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ***********, EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por ***************, por sí, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales ******* y *******, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1128/2019-II-C. DESECHAMIENTO Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama: 1. El acuerdo dictado en la audiencia principal el seis de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente ****(del índice estadístico del Juzgado responsable), en el que proveyó que atendiendo al orden y método que rigen al juicio de origen, no se proveen de conformidad los medios de convicción ofrecidos por el aquí quejoso, en virtud de que no resultó ser el momento procesal oportuno para ello; y, 2. La determinación que resolvió el recurso de revocación que interpuso el aquí impetrante de garantías, en contra del acuerdo señalado en el párrafo que antecede, mismo en el que se sostuvo el criterio de que los medios probatorios ofertados por el garantista dentro del juicio de origen *****(del índice estadístico del Juzgado responsable), no fueron ofertados en tiempo y forma, tal y como lo establece el ordenamiento legal que rige a dicho juicio. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicho acto sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra los de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que los actos reclamados no son de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que las determinaciones combatidas tienen su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado a las determinaciones vinculadas con el desechamiento de pruebas aportadas por una de las partes y la confirmación de dicho criterio, y por regla general dichas violaciones se pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de la resolución que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución correspondiente, si es contrario a los intereses del hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la resolución, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Para tener claridad con lo anterior, se citan los artículos 2.373, 2.374, 2.376, 2.377, 2.378 y 2.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales regulan el divorcio incausado, y establecen: CAPÍTULO IX Del Divorcio Incausado Requisitos Artículo 2.373. La solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive (.). Procedimiento Artículo 2.374. Presentada la solicitud, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces. Además, se señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto. Audiencia de Avenencia Artículo 2.376. En la audiencia de avenencia el juez tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, no habiéndose obtenido la conciliación, citará a una segunda audiencia con el mismo propósito, en un término de tres días, y si en esta segunda audiencia de conciliación no se logra avenir a las partes, continuará la misma y el juez las escuchará sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. De manifestar su conformidad con los términos del convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a la categoría de cosa juzgada, decretando la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal. La aprobación del convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso, respecto de los restantes se procederá conforme al precepto legal siguiente. Artículo 2.377. De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en definitiva. En la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes. Con los escritos que presenten las partes, se les dará vista para que manifiesten lo que a su interés convenga, opongan defensas y excepciones y ofrezca los medios de prueba respectivos, por un plazo de cinco días. Citación a la audiencia inicial Artículo 2.378. De no formularse pretensión alguna, o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el juez citará a las partes a la audiencia inicial a que se refiere el artículo 5.50 de este Código, que tendrá verificativo dentro de los cinco días siguientes. El procedimiento continuará conforme a las reglas del Libro Quinto de este Código.. Irrecurribilidad Artículo 2.379.- La resolución que decrete el divorcio será irrecurrible. De los citados preceptos se advierte que el procedimiento de divorcio incausado se inicia con la presentación de la solicitud correspondiente, sin necesidad de señalar la razón que lo motive, y de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces, señalando día y hora para una audiencia de avenencia, no habiéndose obtenido la conciliación se citará a una segunda audiencia, que de no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en definitiva. Asimismo, en la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, la guarda y custodia de menores o incapaces y régimen de convivencia, cuyos alcances habrán de determinarse con independencia de la disolución del vínculo conyugal civil, para lo cual, deberá otorgare a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes, sin que la resolución de divorcio sea recurrible. Al respecto se destaca que de conformidad con el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el juez decretará la disolución del vínculo matrimonial y otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes. Ahora bien, en el caso, de las constancias allegadas al presente juicio se advierte que, el aquí quejoso reclama actos cuyo contenido consiste en determinaciones vinculadas con el desechamiento de pruebas aportadas por él dentro del juicio de origen, así como la determinación del recurso de revocación que confirmó dicho criterio, que de ningún modo, constituyen una sentencia definitiva que resuelva todos los aspecto planteados en la litis del juicio de origen. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207343, que es del rubro y texto siguiente: (...) Así como, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro 208717, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: (...) Por ende, si la determinación reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano