Mauricio Rocha Lopez
Expediente 237/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mauricio Rocha Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, por lo que respecta al incidente de suspensión derivado del presente asunto, de conformidad con de conformidad con el Capítulo 8, Apartado 8.1.2, Punto 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se negó la suspensión, en ese sentido, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión son susceptibles de destrucción. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por *******************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables actos del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y Presentaciones, Director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, ambos con residencia en La Paz, Baja California Sur, Comandante de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado y Comandante de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en San José del Cabo, Baja California Sur, y Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte, Ciudad, por los argumentos expuestos en el considerando segundo de esta resolución.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el sobre devuelto por el Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, que contienen el oficio 6514, con el cual se solicitó informe justificado al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, con la leyenda al reverso "MAL DIRIGIDO". En cumplimiento al apercibimiento hecho a la parte quejosa en acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, sin mayor trámite se tiene por inexistente la autoridad responsable denominada por el quejoso AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, se suspende toda comunicación con la misma, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar el pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedida, y al principio de celeridad procesal, asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, con el cual comunica que requirió a la Administración Postal 23401 de San José del Cabo, Baja California Sur, para que dentro del término de tres días, informe el destino que les dio a los oficios 6514/2022, 6515/2022, 6516/2022, 6517/2022, 6518/2022, 6519/2022, 6523/2022 y 6524/2022, los cuales fueron depositados el veintitrés de junio del año en curso; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda. Por otra parte, vistos los sobres devueltos por el Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, que contienen los oficios 6515, 6516, 6517, 6519 y 6524, con el cual se solicitó informe justificado al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR; JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; COMANDANTE DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, DE CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR; COMANDANTE DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, DE CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR, con las leyendas al reverso "REHUSADO NO EXISTE TITULAR", MAL DIGIRIDO", "REHUSADO MAL DIRIGIDO", "NO HAY QUIEN RECIBA" y "NO HAY QUIEN RECIBA". En cumplimiento al apercibimiento hecho a la parte quejosa en acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, sin mayor trámite se tiene por inexistente las autoridades responsables denominadas por el quejoso AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR; JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SU JUDICIALIZACIÓN, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; COMANDANTE DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, DE CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR; COMANDANTE DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, DE CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR, se suspende toda comunicación con las mismas, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar el pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedida, y al principio de celeridad procesal, asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo.
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