Mauricio Rivera Torres
Expediente 720/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mauricio Rivera Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
México, Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo el oficio 18711/2023 con el cual se informa que ha quedado firme el auto de treinta de octubre del año en curso, sin acusar de recibo constancia alguna, toda vez que la autoridad referida no anexo constancias en su informe justificado Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que en él se indican, y que le fueran remitidas en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año en curso. Notifíquese por lista a las partes con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad De México, se le tiene acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 18518/2023. Asimismo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad De México, por el que pretende adherirse al cumplimiento del citado órgano jurisdiccional, sin mayor pronunciamiento toda vez que el juicio en que se actúa fue sobreseído. Notifíquese por lista a las partes con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se señalaron las trece horas del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obstante y atento a que el estudio de las causas de improcedencia del amparo, resultan una cuestión de orden público y examen oficioso por el juzgador constitucional en cualquier etapa del juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 17 constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, debe señalarse lo siguiente: El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) "V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Del precepto transcrito, se desprende que podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo siempre que durante su tramitación apareciere o sobreviniese alguna causal de improcedencia de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Amparo, pronunciamiento que puede hacerse en cualquier etapa del juicio, aún antes de celebrar la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, con la condición de que la causa de improcedencia que se invoque se actualice de una forma indudable y manifiesta y que además, no pueda ser desvirtuada con ningún elemento probatorio que pudiera ofrecer la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 1, Primera Parte, página 56, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR APARECER MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. La disposición de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que manda sobreseer cuando durante el juicio sobrevengan o aparezcan motivos de improcedencia, debe interpretarse en el sentido de que, por aparecer, se entienda que el juzgador se dé cuenta de un motivo de improcedencia durante la tramitación del juicio y no exclusivamente en el sentido de que ese motivo surja después de que el juicio ha sido entablado" También se cita en apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXV, página 2833, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el Juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, por que se le dio entrada a la demanda." De igual manera se cita en apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CVI, página 2233, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El motivo en que se funde, al igual que el que sirve para desechar la demanda de garantías, tiene que ser claro y manifiesto, en los términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Atento lo anterior, en el juicio de amparo en que se actúa, el quejoso ********, señaló como acto reclamado lo siguiente: *************. Ahora bien, de las constancias del juicio natural remitidas por las autoridades responsables, que las cuales por tratarse de actuaciones judiciales, adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: En el amparo ********, *************. La sentencia de mérito fue objeto de apelación de la que conoció y resolvió la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, instancia que mediante resolución pronunciada el diez de febrero de dos mil veintitrés en el toca 718/2022/03 (que constituye el acto reclamado en esta instancia), determinó modificar la señalada resolución, para el efecto de establecer que el inmueble sujeto a litigio, no admite cómoda división, por lo que debería procederse a su venta (foja 38 del Tomo II). Sin embargo, debido a que las demandadas promovieron juicio de amparo directo, en cumplimiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución pronunciada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés en el expediente D.C. 292/2023, donde se concedió la protección constitucional solicitada (foja2 del Tomo III), en acuerdo dictado por la Sala responsable el once de julio de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente la resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés (foja 89 del Tomo VII), y en cumplimiento a la referida sentencia protectora, mediante resolución emitida por ***************. De los antecedentes narrados se advierte que en la ESPECIE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA 61, FRACCIÓN XII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5° y 6°, ambos del citado ordenamiento, debido a que en su condición de tercero extraño propiamente dicho, con motivo del trámite del juicio generador de los actos reclamados, es claro que no se afecta el interés jurídico del quejoso por las consideraciones siguientes. En primer lugar, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada -presupuesto procesal indispensable para la procedencia de la acción constitucional-, postulado que preceptúa que el procedimiento constitucional sólo puede promoverse por la persona que resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten perjudicados por el acto de autoridad reclamado. La noción de perjuicio, para efectos de la procedencia del juicio tutelar de derechos fundamentales, presupone la existencia de una prerrogativa legítimamente tutelada, que cuando es transgredida por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar la protección constitucional. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 con registro digital 170500, emitida por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, en materia común, que a la letra señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Es importante recordar, que el juicio tutelar de derechos fundamentales se concibe como un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que justifica la actuación del órgano -como medida excepcional-, únicamente cuando se combatan actos de autoridad susceptibles de afectar de manera directa, real, objetiva y jurídica, los derechos de los impetrantes del amparo. En ese sentido, si el procedimiento de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, resulta lógico que no proceda respecto de cualquier tipo de actos de autoridad, sino únicamente contra los que ocasionen un agravio personal, directo, real y actual, que afecten derechos sustantivos reconocido en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Sentadas las premisas anteriores, se vuelve a señalar que en la especie, *************. Al respecto, se parte de la base de que motivo de no haber sido llamado a defender sus intereses, pues estima que la venta judicial no es idónea para resolver el litigio (foja 13). Empero, como se aprecia de las constancias del juicio natural -relatadas con antelación- si bien se había emitido sentencia definitiva en el juicio de origen, como resultado de la protección constitucional otorgada a las demandadas en el amparo D.C. 292/2023, ************. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 22/92 estableció, en relación con el tópico que nos atañe, que el procedimiento constitucional instado por una persona extraña a juicio, le es aplicable el principio general de procedencia, consistente en que solamente puede promoverse a instancia de parte agraviada, lo que significa que es necesaria la demostración de que las actuaciones del sumario al que es extraño o que deriven del mismo y que reclama, le ocasionan un agravio actual, inmediato y directo. Asimismo, -precisó nuestro Máximo Tribunal- para que el agravio se produzca en perjuicio de la persona extraña a juicio, debe emanar de las actuaciones que pretendan ejecutarse en su perjuicio y no con anterioridad, pues será hasta ese momento, cuando las características que debe revestir el agravio que el acto reclamado ocasione a la parte quejosa, se actualicen ya que previamente a ello, tal juicio solamente trae consigo la posibilidad incierta de que llegue a afectarle porque, precisamente por ser ajena a la controversia respectiva, los actos y resoluciones del juicio no la obligan, lo cual original tan solo derechos y obligaciones para las partes en el litigio, además de que tales actuaciones son susceptibles de ser modificadas o revocadas mediante los recursos o medios de defensa que para las partes en el procedimiento judicial regule la ley de la materia. Tales razonamientos dieron origen a la Jurisprudencia P./J. 17/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 78, junio de 1994, página 15, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TRATANDOSE DE ACTUACIONES QUE REQUIERAN EJECUCION PARA QUE EL AGRAVIO SE ACTUALICE, EL TERMINO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DEBERA EMPEZARSE A COMPUTAR A PARTIR DE QUE PRETENDAN EJECUTARSE EN SU PERJUICIO. La interpretación relacionada de los artículos 107, fracciones I, III, inciso c) y VII constitucional y 4o. y 114, fracción V, de la Ley de Amparo permite concluir que al juicio de garantías promovido por persona extraña a juicio le es aplicable el principio general de procedencia del amparo consistente en que sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, lo que significa que es necesaria la demostración de que las actuaciones del juicio al que es extraño o que deriven del mismo y que reclama le ocasionan un agravio actual, inmediato y directo. Por ello, la regla general a la que debe atenderse para determinar la oportunidad para la promoción del juicio de garantías por persona extraña a juicio es la afectación a su interés jurídico, es decir, el término relativo deberá empezarse a computar a partir de que tiene conocimiento de la actuación que le cause el perjuicio jurídico que lo legitime para promoverlo, pero no puede consignarse al respecto una regla general en torno a cuál será la actuación que le pare tal agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4o de la Ley de Amparo, pues ello dependerá del caso concreto. Sin embargo, tratándose de actuaciones que requieran ejecución para que el agravio se produzca en perjuicio de la persona extraña a juicio, debe determinarse que el término para que promueva amparo empezará a computarse a partir de que tales actuaciones pretendan ejecutarse en su perjuicio y no con anterioridad, pues será hasta ese momento cuando las características que debe revestir el agravio que el acto reclamado ocasione a la parte quejosa se actualicen, ya que previamente a ello tal juicio sólo trae consigo la posibilidad incierta de que llegue a afectarle porque, precisamente por ser ajena a la controversia respectiva, los actos y resoluciones del juicio no la obligan, originando tan solo derechos y obligaciones para las partes en el litigio, además de que tales actuaciones son susceptibles de ser modificadas o revocadas mediante los recursos o medios de defensa legal que para las partes en el procedimiento judicial prevea la ley de la materia. Lo anterior permite concluir que, en estos casos, el agravio directo e inmediato para la procedencia del amparo ********************, independientemente de que la determinación relativa se limita a fijar la oportunidad para que el tercero extraño a juicio promueva amparo." Conviene señalar que el hecho de que se haya declarado insubsistente la sentencia de la Sala que el quejoso señaló en forma destacada como acto reclamado, no extingue la condición de tercero extraño del impetrante, lo que hace necesario hacer el presente pronunciamiento tomando como parámetro su causa de pedir, vinculada a su condición frente al juicio natural, en ese sentido, si de las actuaciones relatadas, se advierte que no existe alguna determinación tendente a desposeer al peticionario del amparo de los derechos que pretende defender respecto el inmueble señalado, ni a afectarlo con una orden de venta, es que se concluye que a este momento procesal el quejoso no resiente afectación alguna a su esfera jurídica. Asimismo, apoya a lo anterior la tesis II.2o.212 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIII, junio de 1994, página 590, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Así las cosas, ***********, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ************, por los motivos expresados con anterioridad. Atento lo antes expuesto, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA QUE HABÌAN SIDO SEÑALADAS PARA CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, que se encontraba fijada para las trece horas con treinta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables así como al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y por lista a la tercera interesada.
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