Mauricio Ricardo Ortega Vera

Expediente 177/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
177/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Ricardo Ortega Vera

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec,Oaxaca,ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el diecisiete de febrero de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha determinación. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica a las diversas partes no señaladas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    notificación a la quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo presentada en el buzón judicial Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el dieciséis del mes y año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *****, contra actos de la Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 177/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. II. Desechamiento. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano; tomando como base, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicia, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la diversa X, del artículo 61 de la ley que rige la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios»; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. La interpretación gramatical del precepto invocado permite deducir que el juicio de amparo es improcedente por regla general, en contra de leyes o actos que hayan sido impugnados en otro juicio de amparo resuelto por sentencia ejecutoria, siempre y cuando se cumplan los requisitos de identidad precisados. a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio se haya resuelto, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese entendido, y de acuerdo con lo anterior, es patente que la disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en este órgano jurisdiccional, se tramitó el diverso juicio de amparo 87/2022, promovido por Mauricio Ricardo Ortega Vera, contra actos de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y otras autoridades, en el que reclamó, lo siguiente: ".1. De la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la ilegalidad e inconstitucionalidad del estudio, análisis, discusión y aprobación del dictamen con proyecto de decreto por que se declara procedente la revocación de mandato del ciudadano *****, regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoqueszco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente JDCI/64/2020 y que origino la integración de los expedientes CPGA/644/2021 y acumulado CPGA/799/2021, en el índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 2. De la mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la discusión y aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara procedente la Revocación de Mandato del Ciudadano MAURICIO RICARDO ORTEGA VERA, Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado plenamente que ejerció violencia política en razón de género, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expedientes JDCI/64/2020 y que origino la integración de los expedientes CPGA/644/2021 y acumulado CPGA/799/2021, en el índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 1. Del pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la discusión votación y aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara procedente la Revocación de Mandato del ciudadano***** , Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlan, Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado plenamente que ejerció violencia política en razón de género, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente JDCI/64/2020 y que originó la integración de los expedientes CPGA/644/2021 y acumulado CPGA/799/2021, en el índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. ." Luego, en auto de treinta y uno de enero de esta anualidad, se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados, tienen su origen en una resolución que se emitió en un juicio político electoral del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en la cual, se acreditó plenamente que, el ahora quejoso, ejerció violencia política en razón de género, en contra de un tercero; por tanto, se declaró procedente la revocación de mandato del peticionario del amparo, como Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlan, Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022; lo cual, jurídicamente, no debía ser examinado en ese juicio de amparo, pues el mismo, no se instituyó para reparar violaciones a los derechos políticos. Dicha determinación causó estado el quince de febrero en curso. Constancias que se traen a la vista como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la demanda de amparo que da origen al presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: "1. Del pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la discusión votación y aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara procedente la Revocación de Mandato del Ciudadano Mauricio Ricardo Ortega Vera, Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado plenamente que ejerció violencia política en razón de género, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente JDCI/64/2020 y que originó la integración de los expedientes CPGA/644/2021 y acumulado CPGA/799/2021, en el índice de la Comisión Permanente de Gemación y Asuntos Agrarios 2. De la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la discusión y aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara procedente la Revocación de Mandato del Ciudadano Mauricio Ricardo Ortega Vera, Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado plenamente que ejerció violencia política en razón de género, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante. Resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente JDCI/64/2020 y que originó la integración de los expedientes CPGA/644/2021 y acumulado CPGA/799/2021, en el índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 3. De la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la ilegalidad e inconstitucionalidad del estudio, análisis, discusión y aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara procedente la Revocación de Mandato del Ciudadano *****, Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022, en virtud de haberse acreditado plenamente que ejerció violencia política en razón de género, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante. Resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente JDCI/64/2020 y que originó la integración de los expedientes CPGA/644/2021 y acumulado CPGA/799/2021, en el índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. Ahora bien, entre el juicio de amparo 87/2022, y el juicio en que se actúa, existe identidad en cuanto al quejoso, las autoridades responsables, y los actos reclamados, al que a su vez subyace identidad en cuanto a la pretensión y sus hechos constitutivos. La identidad en el quejoso radica en que ambos juicios de amparo fueron promovidos por Mauricio Ricardo Ortega Vera. La identidad en cuanto al acto reclamado, radica en que en ambas demandas se reclama de las autoridades responsables, en esencia, la discusión, votación y aprobación del dictamen con proyecto de decreto, por el cual se declaró procedente la revocación del mandato del quejoso, como Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca. Con motivo de la identidad en los aspectos indicados, es que el auto de treinta y uno de enero de esta anualidad, dictado en el juicio 87/2022, de la estadística de este Juzgado, actualiza la improcedencia del juicio de amparo, porque mediante ese proveído determinó, esencialmente, que el juicio de amparo es improcedente virtud de que los actos reclamados, tienen su origen en una resolución que se emitió en un juicio político electoral del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Entonces, si en el amparo 87/2022, se analizó la naturaleza de los actos reclamados, es inconcuso que se actualiza la improcedencia en estudio. Sobre ese particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la jurisprudencia 2a./J.112/2012 (10a.), que la cosa juzgada actualiza la improcedencia del juicio de amparo cuando: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con motivo de la identidad en cuanto a la quejosa, actos reclamados y autoridades responsables que existe entre el juicio de amparo 87/2022, y el juicio en que se actúa, es que el acuerdo de desechamiento dictado en el juicio de referencia actualiza la improcedencia del juicio de amparo, porque mediante él se determinó que los actos reclamados no debían ser examinados en ese juicio de amparo, pues el mismo, no se instituyó para reparar violaciones a los derechos políticos, por lo que el amparo intentado en su contra resulta improcedente, sin que obste que la resolución citada, sea un auto de desechamiento y no una sentencia en que resolvió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues, en ciertos casos un auto de desechamiento es apto para constituir cosa juzgada y determinar la improcedencia del juicio de amparo por dicha circunstancia. Se traen a colación las consideraciones que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la jurisprudencia P./J.16/2020 (10a.). En dicha tesis, el Pleno argumentó que por regla general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, asimismo, que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. La jurisprudencia P./J.16/2020 (10a.), dice a la letra: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." En tales condiciones, conforme a las consideraciones que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asentó en la jurisprudencia P./J.16/2020 (10a.), la causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda de amparo, pero siempre y cuando las razones en que se haya sustentado hagan inejercitable la acción de amparo en un juicio posterior, entonces, el acuerdo de desechamiento de plano de la demanda dictado en el juicio de amparo 87/2022, que el quejoso promovió para reclamar a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y otras autoridades, los actos que nuevamente reclama en la demanda de amparo que se provee, actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XI, en relación con la diversa X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el citado acuerdo de desechamiento de plano de la demanda de amparo, se fundamentó la improcedencia del juicio de amparo contra los actos reclamados (que nuevamente impugna), en circunstancias que hacen inejercitable la acción de amparo, pues se hizo depender de que tales actos no pueden ser combatidos a través del juicio de amparo, dado que tienen su origen en una resolución que se emitió en un juicio político electoral del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en la cual, se acreditó plenamente que, el ahora quejoso, ejerció violencia política en razón de género, en contra de un tercero; por tanto, se declaró procedente la revocación de mandato del peticionario del amparo, como Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlan, Oaxaca, en el periodo constitucional 2020-2022; lo cual, jurídicamente, no debía ser examinado en dicho juicio de amparo, pues el mismo, no se instituyó para reparar violaciones a los derechos políticos, y en este sentido, al auto de desechamiento de plano de la demanda de amparo, subyace la definición de la naturaleza del acto impugnado, la cual es apta para dotar a la improcedencia del juicio de amparo que plasmó en ella, de la calidad de cosa juzgada. Luego, es que, la definición de la naturaleza de los actos reclamados que se realizó en el auto de desechamiento de la demanda de amparo de treinta y uno de enero de esta anualidad, en el sentido de que no podían ser analizados a través del juicio de amparo, es apta para hacer inejercitable la acción de amparo que el quejoso nuevamente intenta contra estos a través de este juicio de amparo, y por consiguiente, actualiza la improcedencia del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y, por tanto, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. III. Domicilio y autorizados. Téngaseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de cuente y por autorizado para dichos efectos a la persona que refiere, por así solicitarlo expresamente. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos V. Acceso, consulta y notificación electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se exhorta a las partes, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se insta a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. VI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. VII. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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