Mauricio Raul Rodríguez Morales

Expediente 455/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
455/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Raul Rodríguez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad; en atención a su contenido, comisiónese al área correspondiente a fin de habilitar el acceso al expediente en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el numeral 21, inciso b), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Toda vez que en el incidente respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del inciso c) del numeral último en cita. Por otra parte, con sustento en el precepto 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general mencionado, dado que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, una vez transcurrido el plazo de seis meses que ahí se establece. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el referido acuerdo general, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Por último, dado que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen; sin que se solicite acuse de recibo, pues es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, destaca que una vez que se realizó la revisión de las constancias remitidas por la Fiscal General de Justicia de esta ciudad, así como del presente expediente, se determina lo siguiente: (...) Por tanto, este juzgador advierte que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicha ley, se sobresee fuera de audiencia en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Materia Común, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en autos, pues precisa el acto reclamado por el que pretende ampliar la demanda de amparo, el cual consiste en: "(.) Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Lic. **** adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General de Justicia. Se le reclama: Las abstenciones en la investigación de la denuncia formulada por el suscrito (.)". Establecido lo anterior, es inconcuso que el acto indicado deriva de la facultad investigadora de la autoridad que señala como responsable; por tanto, se considera que se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que contra la misma procede el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Tomo I, Agosto de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Así como la diversa jurisprudencia emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, publicada en la página 943, Tomo I, Agosto de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Por tanto, dada la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda planteada por el quejoso; lo anterior en términos del precepto 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis I.1o.P.32 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2602, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO. Previo a verificar que se cumplen los requisitos del precepto señalado respecto de la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que el Juez constitucional analice si el nuevo acto reclamado por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar su procedencia con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo pues, de no ser así, debe desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia; de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda y de sustanciarse el procedimiento a partir del hecho de que se reúnen las exigencias del artículo 111 de la ley citada, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto improcedente el juicio biinstancial, no llevaría a ningún fin práctico, pues al dictar la sentencia respectiva, arribaría a la misma conclusión que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio; por ende, se insiste, debe desecharse de plano la ampliación de la demanda si el acto no es susceptible de control constitucional. Sin que ello atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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