Mauricio Ramos Mendez Ortiz
Expediente 505/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/09/2019
Partes del expediente
- Mauricio Ramos Mendez Ortiz
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. --- Este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por el que la autoridad oficiante interpone recurso de inconformidad, en contra de la resolución de cumplimiento de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que el pleno de este órgano colegiado declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse los agravios de referencia a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que se le asigne el número de turno correspondiente, y una vez hecho lo anterior, sea devuelto a la brevedad posible a este tribunal colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense, a los autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, mediante el cual la secretaria general de acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Atento a lo anterior, hágasele del conocimiento a la autoridad oficiante que el nueve de mayo pasado, se dictó resolución mediante la cual esta presidencia tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan inconformarse. Notifíquese. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación y cuenta que anteceden, la presidencia de este Órgano de Control Constitucional procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, para resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. 1. Sentencia de amparo Entonces, para atender lo dispuesto en la hipótesis legal antes citada, es necesario tener en cuenta que este Tribunal Colegiado por ejecutoria pronunciada en sesión de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: a) Dejen insubsistente el acto reclamado; b) emitan uno nuevo en el que, al reasumir jurisdicción sobre los conceptos de impugnación no atendidos por el Magistrado instructor adscrito a la Segunda Sala Regional del nombrado tribunal, conforme a las directrices plasmadas en esta ejecutoria, estimen que el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable no tiene atribuciones para "aprobar" cuotas y tarifas referentes al pago de derechos por servicios hídricos, en particular, en lo que atañe al cobro por el permiso de descarga de aguas residuales para usuarios no domésticos, sino que únicamente pueden realizar una propuesta que queda supeditada a la autorización del Ayuntamiento y, eventualmente, de la Legislatura del Estado de México; y c) hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. 2. Actuaciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a dicha ejecutoria, en primer orden, mediante oficio TJA/SS/II/01897/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, la responsable determinó, en lo que interesa, lo siguiente: (...) IV. En atención al requerimiento realizado por la autoridad Federal se comunica, que esta Segunda Sección de la Sala Superior encuentra imposibilitada por el momento para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del término otorgando... Ateniendo a lo anterior a efecto de dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías el rubro citado y con el fin de que no se califique la contumacia ni dilación en atender los ordenamientos decretados por ese Órgano Colegiado, informo que l estudio será resuelto en sesión que será celebrada el día veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. se solicita se otorgue una prorroga a fin de dar cumplimiento al fallo protector. (...) Posteriormente, por oficio TJA/SS/II/02458/2019, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha, de la que se advierte que determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: 1. En su considerado tercero hizo constar que dejó insubsistente la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, tal y como se aprecia a continuación: A efecto de cumplimentarla la ejecutoria de amparo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxilia de la Segunda Región, en el juicio de amparo 505/2018, interpuesto por ********************; esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deja insubsistente la sentencia pronunciada el treinta de agosto del dos mil dieciocho, que puso fin al recurso de revisión 417/2018; en que se actúa y en su lugar se emite otra acatando los lineamientos vertidos en la ejecutoria que se cumplimenta. 2. En el considerando cuarto, atendió a las directrices plasmadas en la sentencia, en la que el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, no tiene atribuciones para el cobro por el permiso de descarda de aguas residuales; como se observa de la transcripción siguiente: .de la lectura de la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Regional de este Tribunal, se desprende que el A quo atendió parcialmente el artículo 273 fracciones III y IV del Código de Procedimientos Administrativos de Estado de México, al reconocer la validez de los actos impugnados, consistentes en el Acuerdo ********************publicado en la gaceta municipal el siete de febrero, oficio ********************de veintiséis de octubre y orden de ingreso con número de folio ********************de veintiséis de octubre, todos del dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 34 del Código adjetivo de la materia, dado que omitió pronunciarse respecto de algunas manifestaciones hechas valer por el accionante y que enfatiza en el presente medio recursivo, referentes a la competencia del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, para imponer contribuciones; que el acuerdo impugnado fue aprobado por el Consejo antes aludido, quien en dicho del actor no tiene tal atribución; que no se definió a qué tipo de contribución pertenece el cobro del permiso de descarga de aguas residuales; que no se analizó que el permiso antes mencionado es un servicio público que de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de México, artículo 1, numeral 3, sub numeral 3.2.1, es un ingreso para la Hacienda Pública como un derecho, del cual de acuerdo con el artículo 9 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, su pago está tasado por la Legislatura; y finalmente que se inobservó que la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, refiere en el Capítulo Tercero, lo relativo a "los permisos", estableciendo claramente que los mismos refieren la competencia exclusiva de la Secretaría, debido a la utilización del sistema de jurisdicción estatal; lo cual transgrede en perjuicio del ahora recurrente el contenido del artículo 22 en relación con el diverso 273 fracción III del Código Adjetivo de la Materia, razón por la que esta Segunda Sección de la Sala Superior procede a su análisis como continúa: Referente que el permiso de descarga de aguas residuales resulta ser un servicio público, mismo que de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de México, en el artículo 1, numeral 3, sub numeral 3.2.1., está considerado como un ingreso para la Hacienda Pública por concepto de "derechos"; asimismo, que el artículo 9 del Código Financiero del Estado de México, determina cómo se clasifican las contribuciones y el concepto de cada una de ellas, entendiendo que los derechos son una contraprestación, esto es, se paga por el servicio que se recibe, siendo una contribución tasada por la Legislatura; es de indicarse que el pago del permiso de descarga de aguas residuales para usuarios no domésticos, es considerado como un "derecho", de conformidad con la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el Ejercicio 2017, tal y como lo establece su artículo 1, numeral 3, sub numeral 3.2.1, que literalmente señalan: (SE TRANSCRIBE) Ahora bien, el artículo 9 del Código Financiero del Estado de México, se clasifican las contribuciones y el concepto de cada una de ellas, como sigue: (SE TRANSCRIBE) Así tenemos que de la anterior clasificación se define a los "derechos", como las contraprestaciones establecidas en ese Código, que deben pagar las personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Entidad, así como por recibir servicio que presten el Estado, sus organismos y Municipios en funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órgano desconcentrados, en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en el Código Financiero de la Entidad, como puede verse, existe una excepción referente que prevé la norma jurídica en análisis que establece que cuando se trate de organismos descentralizados, como en el caso lo es siempre que dicha contraprestación no se encuentre prevista en el Código Financiero de la Entidad. Ahora bien, a fin de atender lo aludido por el actor, consistente en que el A quo inobservó que la Ley del Agua del Estado de México y Municipios, refiere claramente en el Capítulo Tercero, lo relativo a "los permisos", y que los mismos son de competencia exclusiva de la Secretaría, debido a la utilización del sistema de jurisdicción "estatal"; es necesario puntualizar, que efectivamente como lo plantea el recurrente el capítulo antes aludido en su artículo 143 de la Ley del Agua del Estado de México, indica: (SE TRANSCRIBE) Dispositivo legal del que se aprecia, que efectivamente la Secretaría es la autoridad competente para el otorgamiento de permisos que tengan por objeto la descarga de aguas residuales de tipo industrial o servicios a infraestructura hidráulica de jurisdicción estatal, sea cual fuere el origen del abastecimiento del agua potable; el tratamiento de aguas residuales provenientes de la infraestructura hidráulica de jurisdicción estatal, así como su uso y aprovechamiento particular, que no persiga fines de lucro; el uso, ocupación y/o aprovechamiento de los bienes inherentes; y la instalación de líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión de productos derivados del petróleo o cualquiera otra obra subterránea, superficial o áreas en los bienes inherentes; no obstante lo anterior, el mencionado Capítulo Tercero, relativo a "los permisos" de la Ley del Agua del Estado de México y Municipios, no es aplicable al caso concreto, es decir, al permiso de descarga de aguas residuales para usuarios no domésticos y su pago, toda vez que el permiso que prende obtener el justiciable es de carácter municipal pues tal y como se especificó el líneas anteriores la autoridad demandada en el juicio natural, es la competente para emitir el permiso que el actor pretende. En otro tenor, respecto a que el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no cuenta con la competencia para imponer contribuciones; se indica que es fundado lo sostenido por el accionante del juicio natural, como se verá a continuación: Del análisis de los actos impugnados en el juicio principal consistentes en el Acuerdo ********************, publicado en la Gaceta Municipal el siete de febrero, el oficio ******************** por el entonces Director de Construcción y Operación Hidráulica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y orden de ingreso con número de folio ********************/2017, ambos de veintiséis de octubre, todos de dos mil diecisiete, se desprende que el acto primigenio es el Acuerdo Número ********************, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del citado Organismo celebrado el trece de enero de dos mil diecisiete, con el que las autoridades demandadas fundaron los otros dos acto combatidos, razón por la que en primer lugar se examina el aludido Acuerdo. Tenemos que el Acuerdo Número ********************, fue emitido por el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que se aprobaron las cuota aplicables para el pago del permiso de descarga de aguas residuales de uso no domestico con vigencia anual, por cada una de las conexiones a la red de drenaje conforme al punto primero al quinto de dicho acuerdo, publicado en la Gaceta Municipal Año 2, número 28, de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, mismo e dispone: De lo preinserto se aprecia que el fundamento legal de dicho acuerdo es el contenido de los artículos 37 y 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, 10 y 11 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y 5 del Reglamento del Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales del Municipio de Naucalpan de Juárez, México, que a la letra señalan: (SE TRANSCRIBE) Dispositivos legales que establecen, ente otras cuestiones, que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos; que serán autoridad fiscal conforme a lo dispuesto en el Código Financiero y ejercerán los actos de autoridad que les señale la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; que la administración de los organismos operadores municipales estará a cargo de un consejo directivo y un director general; asimismo que el Consejo Directivo se integrará conforme a lo que disponga el ordenamiento jurídico de su creación y tendrá las funciones que le señalen la Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable. Empero de dichos numerales antes transcrito , no se advierte que de forma específica y concreta se establezcan las facultades del Consejo Directivo del Organismo demandado, en las que se ubique la de aprobar el precio público por el permiso de descarga de agua residual para uso no doméstico, como indebidamente se realizó, pasando por alto lo estatuido por los numerales 31 fracción VI y 115 fracciones III, inciso a) y IV párrafo primero, inciso c) de nuestra Carta Magna, en relación con el artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispositivos legales que si bien indican que los municipios tienen a su cargo, entre otros servicios públicos, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; asimismo, que dichos municipios de manera libre administrarán su hacienda, misma que se formará de rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso, de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. En virtud de que no se debe interpretar, que al tener los municipios libre administración de su hacienda, también se les permita establecer las tarifas para el cobro del permiso de descarga de aguas residuales de uso no doméstico con vigencia anual, como sucede a través del Acuerdo Número ********************, celebrado en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del citado Organismo celebrado el trece de enero de dos mil diecisiete, en el que ciado Consejo Directivo aprobó las cuotas aplicables para el pago del multicitado permiso de descarga de aguas residuales, en la administración 2016-2018, sin contar con atribuciones para ello. Pues cómo lo establece el artículo 139 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que a la letra indica: (SE TRANSCRIBE) Numeral que prevé que cuando los Ayuntamientos, de conformidad con las características o circunstancias técnicas y operativas de la prestación de los servicios relacionados con el agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, requieran de tarifas diferentes a las establecidas, las propondrán a más tardar el quince de noviembre a la legislatura, porque es el poder legislativo quien tiene la faculta para fijar las tarifas que como pago por derechos tengan que efectuar las personas por el permiso de descarga de aguas residuales en uso no doméstico con vigencia anual, lo cual no fue observado por el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al emitir el Acuerdo Número ********************, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del celebrado el trece de enero de dos mil diecisiete, ya que esta autoridad de forma discrecional fijó la contribución cuando a ella, en todo caso, le corresponde aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso particular, y al Legislador estatal precisar los elementos de la contribución. Lo anterior es así, porque en el multicitado Acuerdo el Consejo Directivo fijó la forma y términos en que se tienen que determinar los derechos para la expedición del permiso de descarga de aguas residuales en uso no domestico con vigencia anual, cuando tal atribución únicamente le compete a la Legislatura del Estado de México, como se observa en el Decreto número 114 de la Legislatura del Estado de México, publicado en la gaceta de gobierno el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el que se tuvo a bien aprobar las tarifas para los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, diferentes a las contenidas en el Titulo Cuarto, Capitulo Segundo, Sección Primera del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil ocho, que en su artículo primero, apartado décimo tercero a la letra indica: Lo cual en la especie no sucedió, al ser el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien sin contar con las atribuciones para regular las tarifas para el otorgamiento del multicitado permiso, indebidamente a través del Acuerdo número ********************, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria por el mencionado Consejo Directivo y publicado en la Gaceta Municipal de siete de febrero de dos mil diecisiete, aprobó las cuotas aplicables para la obtención del Permiso de Descarga de Aguas Residuales de uso no doméstico con vigencia anual, resultando por tanto ilegal al generar una violación al principio de legalidad tributaria, en vinculación con el diverso de estricta aplicación de la norma, como lo estableció el Tribunal Colegiado en la sentencia a cumplimentar. En tal tesitura, si el Acuerdo número ********************, no tiene validez alguna, es correcto concluir el expediente ******************** y la orden de ingreso número ********************por el importe de $********************(********************pesos ********************/100 moneda nacional), ambos de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, al ser emitidos con fundamento en el aludido Acuerdo son inválidos al derivar de un acto viciado desde su origen. En consecuencia, resulta procedente declarar la invalidez lisa y llana del Acuerdo ********************, publicado en la Gaceta Municipal el siete de febrero de dos diecisiete, la respuesta número ********************/2017 emitida en el expediente ******************** por el entonces Director de Construcción y Operación Hidráulica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y orden de ingreso con número de folio ********************/2017, ambos de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 1.8 fracción I y 1.11 fracción I del Código Administrativo del Estado de México. Resultando importante precisar que la determinación anterior no implica, como lo pretende la parte actora, que no pague los derechos para la expedición del permiso de descarga de aguas residuales en uso no domestico con vigencia anual, pues, en atención al principio de legalidad, eventualmente deberá pagarla con base en la ley correspondiente. Finalmente, por cuanto hace a las demás manifestaciones del revisionista, se indica que resulta innecesario su análisis al resultar fundado suficiente el que fue estudiado para revocar la sentencia recurrida y declarar la validez de los actos controvertidos. (.) 3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución precedente, mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera; al respecto, únicamente las autoridades tercero interesadas realizaron manifestaciones, las que se analizaran con posterioridad, razón por la cual, se procede oficiosamente verificar si la autoridad responsable acató el fallo protector, y en su caso, si existe exceso o defecto en su cumplimiento, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Análisis del cumplimiento. De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente transcritas, la presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos de la ejecutoria que concedió el amparo, pues dejó sin efectos el acto reclamado y dictó una nueva sentencia en la que procedió como sigue: Dejó insubsistente la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos del recurso de revisión 417/2018. Emitió nueva sentencia en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria en cumplimiento, consideró Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no cuenta con la competencia para imponer contribuciones. Resolvió lo que consideró ajustado a derecho al declarar la invalidez lisa y llana del Acuerdo ********************, publicado en la Gaceta Municipal el siete de febrero de dos diecisiete, la respuesta número ********************/2017 emitida en el expediente ******************** por el entonces Director de Construcción y Operación Hidráulica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y orden de ingreso con número de folio ********************/2017, ambos de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 1.8 fracción I y 1.11 fracción I del Código Administrativo del Estado de México. En esas condiciones, al haber dejado insubsistente la sentencia reclamada, y dictado otra, siguiendo los lineamientos establecidos por este Tribunal, debe estimarse que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, sin que se aprecie que hubiese incurrido en exceso o defecto alguno al cumplir con dicha ejecutoria. Al respecto, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis, la presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, porque al proceder en el sentido en que lo hizo, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, con residencia en Tlalnepantla, restableció las cosas al estado que guardaban antes de la violación denunciada por la parte quejosa, ajustándose únicamente a llevar a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Manifestaciones respecto al cumplimiento. Mediante oficios recibidos el veintidós de abril del año en curso, las autoridades tercero interesadas manifestaron su desacuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en cuanto a lo siguiente: Respecto al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, manifestó lo siguiente: En ese sentido es menester señalar que como se manifestó dentro del presente procedimiento, la contribución materia de la Litis en el juicio natural fue, impuesta por la Legislatura del Estado, a través del decreto 114, por el que se tuvo a bien aprobar las tarifas para los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, diferentes a las contenidas en el Titulo Cuarto, Capitulo Segundo, Sección Primera del Código Financiero del Estado de México y Municipios publicado en la gaceta de gobierno del Estado de México y Municipios. Por lo que lo único que efectuó el Consejo Directivo fue aprobar las cuotas aplicables por el aludido concepto, tal como costa en el contenido del acuerdo ********************, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan. Por ello, no deviene de ilegal el acuerdo ********************publicado en la Gaceta municipal de fecha siete de febrero del dos mil diecisiete, por el que se aprueba el precio público por el permiso de descarga de agua residual para uso no domestico relativo al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, ni la respuesta contenida en el oficio ********************de veintiséis de octubre y orden de ingreso con número de folio ********************de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, toda vez que al realizar una actividad comercial en la que realiza descarga de aguas residuales la red de drenaje municipales encuentra obligado a obtener el permiso de aguas residuales previo pago de derechos correspondientes; mismo que tiene como fin constatar el cumplimiento de los parámetros permisibles de contaminantes del agua y no así gravar el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público para descargas, por lo que no se trata de una doble tributación como equivocadamente lo señala el gobernado, ya que si bien es cierto el particular señalo que ya realizaba el pago por concepto de drenaje y alcantarillado, también lo es que se trata de una causa diversa al permiso de descarga de aguas residuales. De lo anteriormente manifestado se puede apreciar que la Segunda Sección de la Sala Superior de Justicia Administrativa deja en total estado de indefensión a mi representada, toda vez que se centra solamente a tomar en cuenta los razonamientos vertidos por la parte actora, omitiendo valorar los argumentos manifestados anteriormente, mismos que se hicieron valer a lo largo del presente juicio. Por consiguiente se actualiza en perjuicio de mi representada una trasgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, en atención a lo establecido por el artículo 22 del Código de Procedimientos Administrativos que a la letra dice: "Las resoluciones serán claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso administrativo" de lo cual se desprende que es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas a lo largo del juicio sin omitir ninguno de ellos. Resultando procedente solicitar sea considerado por los C.C Magistrados el tener por no cumplimentado lo ordenado en el fallo emitido dentro del juicio de amparo 505/2018. Con respecto a la Directora Jurídica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, Estado de México, señaló lo siguiente: . la sentencia emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictada dentro del recurso de revisión número 417/2018, en cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, derivado del juicio de amparo directo 505/2018, trasgrede los principios de legalidad, así como de exhaustividad, pues de la lectura integra de la misma, no se desprende un verdadero análisis y estudio del asunto en concreto, pues solo se limitó a utilizar los argumentos invocados por el Tribunal Colegiado, sin realizar un verdadero análisis, ni exponer los razonamientos lógico jurídico que aplicó al momento de acatar el cumplimiento de sentencia. Y si bien es cierto, el actuar de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es atender los lineamientos marcados por la ejecutoria de amparo, también es cierto, que éste cuenta con la facultad potestativa o discrecional que confieren las leyes, a fin de poder emitir sus propios criterios, lo cual sin lugar a dudas se encuentra subordinado a la regla general establecida por el artículo 16 constitucional, en cuanto este precepto impone la ineludible obligación de fundar y motivar sus determinaciones, guiándose para su decisión por las exigencias del interés público, esta facultad discrecional debe ejercitarse en forma tal, que se respete el principio de igualdad ante la ley, y en el asunto en concreto no se desprende que se haya llevado a cabo un verdadero análisis del asunto, pues a fin de cumplimentar con lo ordenado por el Tribunal Colegiado, se limitó a revocar la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho y declarar la invalidez lisa y llana del acuerdo ********************, publicado en la Gaceta Municipal el siete de febrero, oficio ********************de veintiséis de octubre y orden de ingreso con número de folio ********************de veintiséis de octubre, todos de dos mil diecisiete, no obstante que en punto c) de la ejecutoria de amparo se señaló: "...c) hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda.", lo cual implica, que si bien, debe atender las directrices plasmadas en la ejecutoria de mérito, ello no impide que realice un adecuado análisis procesal a fin de resolver conforme a derecho, pues ese derecho está cohesionado con la obligación que tiene el juez para que en el ejercicio de su función jurisdiccional aplique el derecho que corresponda al conflicto que es motivo de solución, debiendo emitir una sentencia que cumpla con la debida fundamentación y motivación. Lo cual incumplió la autoridad señalada como responsable, ya que se basó única y exclusivamente en los argumentos vertidos en la ejecutoria de mérito, así como en los agravios expuestos por la parte actora, sin embargo, en ningún momento se atendieron los argumentos vertidos por las autoridades señaladas como terceras perjudicadas/interesadas, cuando resulta evidente que existió un consentimiento por el ahora quejoso, al haber realizado los tramites a fin de obtener el Permiso de Descargas de Aguas Residuales para usuarios no domésticos del año 2017, que expide el Organismo Público Descentralizado, al ser un usuario comercial que por disposición expresa se encuentra contemplados a pagar a fin de obtener el permiso correspondiente. De igual manera dejo de atenderse, lo expuesto en relación a que el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuenta con autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, en el cual se establece que la Administración de los Organismos Publico Descentralizados Municipales estará a cargo de un Consejo Directivo, ello en relación directa con los artículos 15 del Reglamento del Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales, 8 y 10 del Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan, en los cuales se establecen las atribuciones del Consejo Directivo, dentro de las que destacan las que determinar las políticas, normas de organización y administración que orienten las actividades del Organismo, todas estas actividades encaminadas a atender aquellas atribuciones que en materia de prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de aprovechamiento sustentable se han atribuido a el Organismo Público Descentralizado. En ese orden de ideas, también se dejó de atender al hecho de que el Organismo Público Descentralizado, goza de personalidad jurídica, patrimonio propio, y por ende, de una estructura separadas del aparato central del Estado, quien realiza funciones públicas en el ámbito administrativo con miras a cumplir con los objetivos establecidos en el marco de las leyes, así como los planes y programas establecidos dentro de las atribuciones que les confieren la Ley del Agua y su Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables, en virtud de ello, fue que el Consejo Directivo, llevo a cabo la aprobación de las cuotas aplicables por el Permiso de Descarga de Aguas Residuales desde el año 2008, por lo que el actuar del citado Consejo Directivo, fue el de ajustar dichos precios públicos tomando en consideración la industria, servicios y comercios establecido en este Municipio de Naucalpan de Juárez, que se encuentran conectados a la red municipal, así como el costo diferenciado por los metros cuadrados del predio. Siendo incorrecto que se asuma que el Consejo Directivo, no cuenta con facultades para emitir el Acuerdo número ********************, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento del Municipio de Naucalpan (O.A.P.A.S.), pues como se ha señalado dicha autoridad si cuenta con facultades para realizar el acto que se tilda de ilegal, al ubicarse el impetrante del amparo dentro de la hipótesis normativa que lo obliga a cubrir el pago y con ello obtener el multicitado Permiso de Descarga, ya que no solo recibe el servicio de agua potable por parte de este Organismo Público Descentralizado, sino que además recibe el servicio de alcantarillado y recepción de aguas residuales para su manejo y conducción, es decir, hace uso de la red de alcantarillado municipal, destacando además que se trata de un usuario no doméstico, el cual debe contar con el citado permiso, siendo ello una obligación ineludible, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de del Agua para el Estado de México y Municipios. Motivo por el cual, la determinación adoptada por la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa, está limitando no solo el actuar del Consejo Directivo perteneciente a este Organismo Público Descentralizado, sino también, el actuar de la Legislatura del Estado, quien impuso la tarifas por el pago para la expedición del Permiso de Descarga de Aguas Residuales para Usuario no Domésticos, mediante su publicación en la Gaceta de Gobierno del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, por ende, la actuación realizado por el Consejo Directivo de este Organismo Público Descentralizado de ninguna manera transgrede lo establecido en la Carta Magna, siendo lo conducente que al momento de acordar en relación con el cumplimiento de la ejecutoria se tome en consideración lo antes expuesto, pues como se ha indicado existe un exceso en el cumplimiento de la ejecutoría materia del presente proveído. Argumentos que son inoperantes, debido a que son tendentes a sostener la legalidad del oficio ********************, así como de la respuesta contenida en el oficio DAR/-********************-2017, alegando que se le dejó en estado de indefensión al omitir valorar argumentos hechos valer a lo largo del juicio, aspectos que no son materia de esta determinación de cumplimiento, ya que como se adelantó, lo aquí analizado versa sobre el cumplimiento de los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, los cuales según se ha expuesto, fueron cumplidos. 6. Decisión Con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO para los efectos legales a que haya lugar. 7. Medio de impugnación en contra de la presente resolución. Infórmese a las partes, quejosa y tercera interesada que, conforme a los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución. De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente en relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el numeral ********************4 de la ley en cita 8. Notificaciones. Para los para los fines antes indicados, notifíquese personalmente la presente resolución al quejoso, y mediante oficio a las autoridades tercero interesadas. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese, en los términos indicados. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos. JAMV/kjsv.
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