Mauricio Pablo Sánchez
Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mauricio Pablo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
En Uruapan, Michoacán, siendo las diez horas con catorce minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia incidental en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 744/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho. En audiencia pública la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida del licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo; auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se concedió la suspensión provisional al quejoso; informe de cumplimiento a la suspensión provisional; informe previo y demás constancias que obran en autos. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da nueva cuenta con las que acompañó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, así como las que allegaron a la presente incidencia las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo al momento de rendir su informe al cumplimiento de la suspensión provisional. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa junto a su escrito inicial de demanda y las que adjuntaron a su informe al cumplimiento de la suspensión provisional las autoridades responsables señaladas con antelación; por lo que al no haber más pruebas pendientes por admitir o desahogar, se cierra dicha fase. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones a ese título, por lo que se procede a declarar cerrado este periodo. Consecuentemente, se pasa al estudio de los autos y procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho: VISTO, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 744/2023-II. R E S U L T A N D O : I. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. ********************, solicitó la suspensión definitiva en contra de las autoridades y acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES: N° AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 DIRECTOR DEL "HOSPITAL GENERAL DE URUAPAN" PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. OMISA 2 SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, RESIDENTE EN MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO. OMISA 3 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA. NIEGA (SE DESVIRTÚA) ACTO RECLAMADO: De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado, el siguiente: "La falta de tratamiento de hemodiálisis, atención médica y medicamentos que requiero para tratar mis padecimientos de INSUFICIENCIA RENAL, HIPERTENSIÓN Y DIABETES. La autoridad responsable me ha negado diversos medicamentos siendo estos INSULINA, ERITROPROYECTINA, HIERRO Y MULTIVITAMINICOS, y el TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS QUE REQUIERO PARA VIVIR, argumentando carecer de infraestructura y equipo necesario para brindarme dicho tratamiento.". II. Por acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso se ordenó formar como expediente único y en forma separada el presente incidente de suspensión, el cual quedó registrado bajo el número 744/2023-II; se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental la cual, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 138 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado, el siguiente: "La falta de tratamiento de hemodiálisis, atención médica y medicamentos que requiero para tratar mis padecimientos de INSUFICIENCIA RENAL, HIPERTENSIÓN Y DIABETES. La autoridad responsable me ha negado diversos medicamentos siendo estos INSULINA, ERITROPROYECTINA, HIERRO Y MULTIVITAMINICOS, y el TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS QUE REQUIERO PARA VIVIR, argumentando carecer de infraestructura y equipo necesario para brindarme dicho tratamiento.". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable denominada Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en razón de que expresamente en su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama, sin que tal negativa fuera desvirtuada por la parte quejosa. En tal evento, se tiene por inexistente el acto atribuido a la precitada autoridad responsable, de ahí que lo que procede es negar la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarse. Cobra puntual aplicación a lo expuesto, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página número 356, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, las referidas responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fueron omisas en rendir sus informes previos respecto de los actos reclamados precisados en el escrito inicial de demanda, no obstante encontrarse debidamente notificadas de los oficios por los que les fue requeridos dichos informes, como se desprende del acuse respectivo (foja 27), por lo que se le presumen ciertos los actos que se le reclaman. Apoya a lo anterior, la Tesis Aislada cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME PREVIO, FALTA DEL. PRESUNCION DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La presunción de certeza de los actos reclamados, que establece el artículo 132 de la Ley de Amparo cuando no se rinde oportunamente el informe previo, es una presunción iuris tantum y significa que a falta de informe el acto reclamado se tiene por cierto, salvo prueba en contrario. Lo que implica que no corresponde a la parte quejosa corroborar la presunción, sino que corresponde a las autoridades y terceros perjudicados, en su caso, demostrar lo contrario. Y aunque se podría pensar que se trata de un acto negativo, podría probarse, alegando los hechos y el derecho conducentes, que el acto reclamado de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, corresponde a la esfera legal de actuación de la autoridad omisa. Y si no hay en autos ningún elemento, por leve que sea, de que a pesar de ello la autoridad tenga o haya manifestado, en alguna forma, la intención de actuar, la prueba anterior bastará para desvirtuar la presunción legal." Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, para lo cual, se presumen ciertos los actos reclamados atribuidos a las mismas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. QUINTO. EFECTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA MEDIDA CAUTELAR. La parte promovente solicita la suspensión de plano respecto del acto que reclama; sin embargo, como se precisó en el juicio principal del que emana el incidente de suspensión en que se actúa, se ordenó acordar lo relativo a la apertura oficiosa del presente incidente de suspensión, para lo cual este juzgado de Distrito emprenderá el análisis del referido acto, de acuerdo a su naturaleza jurídica. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y los numerales 127, fracción II y 128 de la Ley de Amparo vigente, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a). Que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que exista la solicitud del agraviado; y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. SEXTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA. Ahora bien, toda vez que el quejoso se duele de la omisión de brindarle la atención médica necesaria y el tratamiento adecuado respecto del padecimiento de insuficiencia renal, hipertensión y diabetes (que requiere para vivir). De lo que se sigue que, en sí mismo, tal acto de molestia es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación al derecho a la salud de la parte quejosa. Por tanto, al actualizarse los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso ********************, la suspensión definitiva solicitada. En ese sentido, como se precisó se concede al quejoso la suspensión definitiva del acto reclamado, para los siguientes efectos: a) Las autoridades señaladas como responsables de inmediato deberán prestar al quejoso ********************, la atención médica necesaria respecto de su padecimiento de insuficiencia renal, hipertensión y diabetes (que requiere para vivir) y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud, esto es, deberán proporcionar el tratamiento médico y suministrar el medicamento que requiere. b) Ahora bien, en caso de que el Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no cuente con la infraestructura y el medicamento necesario para la adecuada atención médica respecto de los tratamientos del citado quejoso, ni se le puedan practicar los estudios necesarios, deberá canalizarlo a otra institución del sector salud pública, o de ser el caso, privada, donde se le pueda brindar la atención médica y medicamentos que necesita, ello con plena responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior, debiendo las autoridades responsables, a través del personal correspondiente, tomar las medidas adecuadas para su atención y en su caso, tratamiento médico y se le practiquen los estudios de laboratorio que resulten necesarios, todo ello bajo su más estricta responsabilidad. Lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente la salud de la parte quejosa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Al respecto, debe decirse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las afectaciones especiales del derecho a la salud e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia, impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. Ha sido coincidente en asociar el derecho a la salud con el derecho a la vida y al de la integridad personal, pues ha determinado que "Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurarle a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida". De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la protección de la salud, previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; lo cual, dijo, es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1, del artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; mientras que el artículo 12 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y refiere que los Estados deben adoptar medidas ´para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Todo lo cual es acorde a la tesis 1a. LXV/2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 457, Materias(s) Constitucional, Administrativa, con número de Registro digital 169316, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". Por tanto, considerando que el derecho a la vida se tutela también con el derecho a la salud, es que se reitera la concesión de la medida cautelar para los efectos precisados con anterioridad, al estar de por medio la salud del quejoso, debe privilegiarse su derecho a ella. SÉPTIMO. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que informen dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de esta determinación, el cumplimiento que den a dicha medida suspensional. A quien se le hace saber lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)." OCTAVO. NO SE FIJA GARANTÍA. Dada la naturaleza del acto reclamado y en atención a que no existe tercero alguno al cual se le pudieran causar daños o perjuicios con la concesión de la suspensión definitiva, no se fija garantía alguna para que surta efectos dicha medida cautelar. NOVENO. VIGENCIA DE LA MEDIDA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2006797 y de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." DÉCIMO. CONSIDERACIÓN FINAL. En ese orden, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si bien están obligadas a acatar la suspensión desde este momento en que se concede, también lo es que están obligadas a revocar su actuación considerando el instante en que se otorgó la suspensión y deben componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1ª./J. 34/2014 (10ª), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 430, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUELLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN" Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : ÚNICO. Se CONCEDE al quejoso ******************** la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente interlocutoria y por las autoridades señaladas en el primer resultando. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que, vía correo electrónico, remite Luis Alberto Martínez Santibáñez, apoderado jurídico de la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, para lo cual manifiesta textualmente lo siguiente: "Hago del conocimiento a su señoría que el Informe Justificado correspondiente al presente Juicio de Amparo, ya fue rendido a través del correo electrónico autorizado para tales efectos el 10 diez de octubre del año en curso. Se anexa captura de pantalla." Lo resaltado es propio. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la autoridad en cita, dígasele que el requerimiento formulado en el referido proveído de trece de noviembre de la anualidad que transcurre, se realizó a fin de que rindiera su informe previo, mas no así el informe justificado, tal como lo refiere dicha responsable. Asimismo, se hace la precisión de que, si bien es cierto que el incidente de suspensión en que se actúa deriva del juicio principal, el mismo se lleva por cuerda separada, es por ello que los acuerdos que se dicten tanto en el juicio principal como en el de la presente incidencia, no influyen entre sí. REQUERIMIENTO. Por tanto, requiérase de nueva cuenta y por última ocasión, mediante oficio que al efecto se gire, a las autoridades responsables mencionadas con antelación, para el efecto de que rindan sus informes de previos respecto de los actos que se le reclaman; ordenándose agregar al comunicado en mención los diversos oficios 19907/2023 y 19908/2023, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que subsiste en sus términos el apercibimiento con el que se conminó a las autoridades responsables descritas en párrafos que anteceden en caso de no rendir sus informes previos, mismo que fue dictado el ********************del año en curso. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas con veinticuatro minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 744/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, estando presente la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa asistida por el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe; por lo que procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo; al auto de veintisiete de septiembre del año en curso, en el que se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete; informes justificados y las demás constancias que obran en autos. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas: El Secretario da nueva cuenta con las documentales que anexó a su escrito de cuenta la parte quejosa y con las diversas documentales que allegaron a juicio las autoridades responsables. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales exhibidas en autos por la parte quejosa y por las autoridades responsables; por lo que no habiendo más pruebas pendientes por admitir o desahogar, se da por terminada la etapa de pruebas. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de su derecho para formular alegatos, por lo que se cierra dicho periodo. Por último, al no obrar en autos más que relacionar, se da por terminada la presente audiencia; y se pasan los autos para el dictado de la resolución correspondiente; y, V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 744/2023-II, promovido por ********************, contra actos de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : I. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés y turnado el mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán más adelante. II. En esa misma data, se admitió a trámite el escrito inicial de demanda y se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de atención médica) atribuidos a autoridades residentes en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Uruapan, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON SEDE EN MORELIA; Y, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON SEDE EN MORELIA. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, debe tenerse como acto reclamado: " La falta de tratamiento de hemodiálisis, atención médica y medicamentos que requiero para tratar mis padecimientos de INSUFICIENCIA RENAL, HIPERTENSIÓN Y DIABETES. La autoridad responsable me ha negado diversos medicamentos siendo estos INSULINA, ERITROPROYECTINA, HIERRO Y MULTIVITAMINICOS, y el TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS QUE REQUIERO PARA VIVIR, argumentando carecer de infraestructura y equipo necesario para brindarme dicho tratamiento. ". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, pues al momento de rendir su informe justificado, por conducto de su representante Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, negó categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que el justiciable haya aportado prueba alguna para desvirtuarlo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia del siguiente rubro: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época 227634 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Pag. 627 Jurisprudencia(Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados por la parte quejosa a la autoridad señalada con anterioridad, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la citada responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaria de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable. De ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta y se tiene como cierto el acto reclamado a dichas autoridades responsables. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, aunque para ello se supla su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder a la quejosa. En el caso, es necesario establecer las prerrogativas relativas al derecho fundamental a la salud, las que se encuentran reconocidas por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". "Artículo 4o. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. [.]". Asimismo, el referido artículo 4º, en su párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "[.] Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.". Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Disposiciones que son aplicables en favor del quejoso, porque la demanda de amparo se presentó el veinte de agosto de dos mil veintitrés, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas, de las que se advierte que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La Ley establecerá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual prevé que la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. En ese sentido, la ley a la que el artículo 4º Constitucional, se refiere como la que definirá un sistema de salud para el bienestar para las personas que no cuenten con seguridad social, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita, es la Ley General de Salud, que en sus artículos 1º y 2º, fracción V, establece: "ARTÍCULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social". "ARTÍCULO 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: [.] V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados [.]". Así, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protección al derecho a la salud que, entre otras finalidades, tiene el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población y, tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Luego, como autoridades sanitarias, la citada Ley General de Salud, en sus artículos 4º y 5º, dispone: "ARTÍCULO 4o.- Son autoridades sanitarias: I.- El Presidente de la República;--- II.- El Consejo de Salubridad General;--- III.- La Secretaría de Salud, y--- IV.- Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal". Asimismo, indica cómo está constituido el Sistema Nacional de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud conforme a los siguientes artículos: "TÍTULO SEGUNDO Sistema Nacional de Salud. CAPÍTULO I- Disposiciones Comunes. "ARTÍCULO 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud". También, dicho Sistema Nacional de Salud tiene, entre otros, el objetivo de proporcionar servicios de salud a toda la población y colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, tal y como lo prevé el artículo 6°, fracciones I y III, de la Ley General de Salud, que establece: "ARTÍCULO 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; [.] III.- Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social". Así, en seguimiento a la amplitud de la ley, respeto al principio de no discriminación, se precisa que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis P. XVI/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, visible en la página 29, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". Esto es, se establece que la protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Entendiéndose por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. De manera que establece la competencia entre la Federación y las entidades federativas para la distribución de la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, entre éstas, desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Tan es así, que establece que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de éstas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. Asimismo, se indican los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, entre otros, contar con Clave Única de Registro de Población o, en caso de no contar con dicha clave, podrá presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Todo lo anterior se rige, conforme a la normativa siguiente: "LEY GENERAL DE SALUD. "ARTÍCULO 77 Bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este Título". "ARTÍCULO 77 Bis 2.- Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación a que se refiere este Título. La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud". "ARTÍCULO 77 Bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias; II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta especialidad que se brinden por las entidades agrupadas en su sector coordinado e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto a nivel federal como por parte de las entidades federativas; [.] V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere esta Ley; VI. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019) VII. Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de la capacitación que se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; [.] XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica, de conformidad con lo establecido en su reglamento interior; XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios. [.] XIV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los establecimientos de salud a que se refiere el artículo 77 bis 9 de esta Ley; [.] XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio (sic) de salud, medicamentos y demás insumos asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios prestados y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y fiscalización de los recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento. B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en la presente Ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad; II. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). III. Aplicar, de manera racional, transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y los recursos que aporten, para la ejecución de las acciones de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren. Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. a) Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad federativa de que se trate en los términos del artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen a los servicios estatales de salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, debiendo estos últimos informar a la Secretaría de Salud dentro de los tres días hábiles siguientes, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad federativa. b) (DEROGADO, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). IV. Programar, de los recursos a que se refiere el Capítulo III de este Título, aquellos que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Salud. V. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). VI. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019). VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables; VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto de sus servicios estatales de salud, la documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos en numerario que le sean transferidos, en términos del presente Título, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les sea solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y IX. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019) X. Transferir a la Federación los recursos a los que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 15 en los términos que se establezcan en los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019)". "ARTÍCULO 77 Bis 6.- El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente: Las modalidades orgánicas y funcionales de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; Los conceptos de gasto; El destino de los recursos, y Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019)". Artículo 77 bis 7.- Para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el presente Título, se deberán reunir los requisitos siguientes: Ser personas que se encuentren en el territorio nacional; No ser derechohabientes de la seguridad social, y Contar con Clave Única de Registro de Población. En caso de no contar con dicha clave, podrá presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias.". Así, para comprender con mayor precisión los alcances del derecho a la salud, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se considera oportuno tomar en cuenta, por las razones que las componen, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del juicio de amparo en revisión 237/2008, en el que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, estableció que la protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Señaló que no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, precisó que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Criterio que integró la secuencia de ejecutorias que dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, visible en la página 486, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". Criterios que cobran vigencia, pese a que surgieran con anterioridad a la última reforma del artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la norma constitucional, vigente en la época de las ejecutorias, así como al dictado de esta sentencia, prevén el derecho de toda persona a la protección de la salud. De tal manera, la protección de la salud, en lo individual, es el derecho que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica; de ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: "Declaración Universal de Derechos Humanos. "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.". "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables". El citado marco normativo, permite identificar el derecho fundamental de la parte quejosa, respecto a la protección a su salud, especialmente si se trata de una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social. Asimismo, el Estado mexicano ha suscrito distintos pactos internacionales que contienen lineamientos vinculados específicamente con ese derecho fundamental, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25.1, en lo conducente dispone lo siguiente: "Artículo 25.1. [.] Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en su artículo 12, el derecho a la protección de la salud y las medidas pertinentes para alcanzar su efectividad. El instrumento mencionado aborda los temas en los términos siguientes: 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deben adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para: a. La reducción de la mortinatalidad y mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños. b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". De igual manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce el derecho a la protección a la salud, al disponer en su artículo XI, que: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, la vivienda, y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Finalmente, los artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado como "Protocolo de San Salvador", disponen: "Artículo 9. Derecho a la seguridad social 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto". "Artículo 10. Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables". En conjunto, la Constitución Política de nuestro país y los tratados internacionales regulan el derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el estado inclinados a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción; y, para la efectividad del derecho fundamental y el debido cumplimiento de las obligaciones de los entes de gobierno, previstos en la Constitución Federal, en los pactos multinacionales y en los ordenamientos jurídicos secundarios, el estado mexicano ha creado instituciones de seguridad social que prestan el servicio de salud, como lo es, en el caso, el Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en donde se brinda la atención médica al peticionario del amparo ********************, así como la entrega de medicamentos para el padecimiento que le aqueja, insuficiencia renal crónica. Lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el citado quejoso ********************, adjuntó a su escrito inicial de demanda, las siguientes documentales: Resumen médico suscrito a favor del quejoso por el medico nefrólogo Juan Carlos Abascal García, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; Constancia de Vigencia de No Derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Constancia de acreditación de no afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y, Copia simple de la credencial de elector expedida a favor del quejoso por el Instituto Nacional Electoral, con número de clave PBSNMR53070816H200. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo; y, respecto de las cuales se aprecia que la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consistente en practicar al quejoso las sesiones de hemodiálisis que necesita para la enfermedad de insuficiencia renal crónica. De tal manera que tal omisión afecta su derecho de seguridad jurídica que se interrelaciona con su derecho a la salud, puesto que, se carece de certeza para establecer que se continuará brindando el tratamiento de hemodiálisis en forma definitiva al peticionario del amparo ********************, y deja abierta la posibilidad de que éste cesará con el tiempo. Por lo que es insuficiente para satisfacer el derecho a la protección de la salud del quejoso, el que dependa de la autoridad el seguimiento de las medidas inicialmente adoptadas, dado que la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a ésta a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente el tratamiento y servicios que requiere para tratar la insuficiencia renal crónica, cuya omisión de tratamiento y medicamento inicialmente reclamó al promover la acción de amparo; pues lo que se pretende evitar es el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita, si las responsables le reconocen como integrante de sus programas de salud pública, en calidad permanente. Sin que para las autoridades responsables represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud de la parte quejosa en el padecimiento que le aqueja, insuficiencia renal crónica, que no está afiliado en alguna institución de seguridad social, en razón de que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de esa ley y sus disposiciones reglamentarias. Esto es, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita a la quejosa y que lo motivó a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, vulneró su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimiento, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaria entre la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo. Tal es caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió su declaración 1/20 y, respecto de aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en la pandemia e indicó: "Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia". En tales condiciones, tomando en consideración que en el presente asunto, se ventilan derechos inherentes a la salud de la quejosa, contemplado en el artículo 4º, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales y demás leyes reglamentarias ya referidas, porque como se estudió en líneas anteriores, el derecho fundamental en comento comprende la atención, tratamiento y suministro médico, oportuno, necesario y gratuito, sin importar el tipo de enfermedad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 136/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, visible en la página 61, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". Con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, al haberse transgredido el contenido de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Federal, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: La autoridad responsable Secretaria de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superior jerárquico del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso ********************, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente en la actualidad, debiendo para ello tomar en cuenta: En la opción que se elija por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, es decir, en la localidad de Taretán, Michoacán de Ocampo de Ocampo, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y lo cite al efecto, al menos dos veces por año. Por lo que deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión), con el apercibimiento que no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá una multa en términos de esta propia ley y se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del cargo y la consignación. SÉPTIMO. Se requieren acuses de recibo. De igual manera, para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. NOVENO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y autoridad precisados en el cuarto considerando del presente fallo; lo anterior, por las razones esgrimidas en dicho considerando. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando segundo, por las razones expuestas en el quinto y sexto decisorio del presente fallo y para los efectos indicados en esta resolución. TERCERO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal de autos, se advierte que no se cuenta con los informes previos de las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, los cuales se requirieron mediante proveído de veintisiete de septiembre de la anualidad que transcurre. REQUERIMIENTO. Atento lo anterior, requiérase mediante oficio que al efecto se gire, a las autoridades responsables mencionadas con antelación, para el efecto de que rindan sus informes de ley respecto de los actos que se le reclaman; ordenándose agregar al comunicado en mención los diversos oficios 19907/2023 y 19908/2023, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que subsiste en sus términos el apercibimiento con el que se conminó a las autoridades responsables descritas en párrafos que anteceden en caso de no rendir sus informes previos, mismo que fue dictado el veintisiete de septiembre del año en curso. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia incidental prevista para el día de hoy se difiere y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable que se indica.
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