Mauricio Osorio Domínguez

Expediente 1132/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1132/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Mauricio Osorio Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, y sus anexos, consistentes en la resolución dictada en el recurso de queja 110/2018, en la cual se determinó: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por MAURICIO ***. (Titular del Ayuntamiento demandado).". En consecuencia, acúsese recibo del testimonio recibido y háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. .

  2. Principal

    Intégrese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja e informa que se admitió con el número 110/2018.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso, por el cual interponen queja contra el auto que desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito original de agravios y copia certificada del cuaderno principal. Háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    RADICACIÓN Y REGISTRO. Visto el escrito de demanda signado por Mauricio Osorio Domínguez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1132/2018-I-B. DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a criterio de la suscrita, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Dicha causa de improcedencia se encuentra prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, de la invocada legislación, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario señala que es improcedente el juicio biinstancial contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales celebrados por el Estado de México. Así, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el presente caso, el acto reclamado consiste en la determinación de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 1217/2010 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, en el que se requirió al aquí quejoso para que esté presente en la diligencia de entrega de cosas embargadas en dicho juicio laboral a la parte actora en el citado asunto Aquilino Pérez Pablo, programada para las quince horas del uno de agosto del año en curso, y en el que se le apercibió que de no comparecer se aplicaría en su contra una suspensión del cargo por diez días hábiles sin goce de sueldo; acto que, a criterio de este juzgado no es de imposible reparación. Ello es así, en virtud de que de la lectura integra de la demanda se obtiene que el impetrante de amparo se duele esencialmente del apercibimiento con que fue conminado, consistente en la suspensión del cargo por diez días hábiles sin goce de sueldo, en caso de desacato a lo ordenado por una autoridad, advirtiéndose que tal actuar no produce una afectación actual y directa al quejoso, ya que su efectividad está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, de ahí que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2010813, Libro 26, de fecha Enero de 2016, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En consecuencia, al estar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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