Mauricio Ortíz Espinoza

Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Ortíz Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Notificación personal.

  2. Principal

    . Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por ******, por el cual cumple la prevención efectuada en auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós. Análisis de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. En este contexto, para evidenciar la actualización de la presente causa de improcedencia, es necesario determinar cuál es la naturaleza de un tercero extraño a juicio por equiparación o en estricto sentido en un proceso jurisdiccional, para lo cual, es menester conocer el contenido del 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que textualmente establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo Indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Conforme al texto constitucional y legal transcritos, la persona extraña a juicio es aquella que es ajena a una controversia judicial o administrativa, en la cual, no es parte; por tanto, tendrá como medio de defensa para que se le escuche, el juicio de amparo; de ahí que, la persona extraña a juicio tendrá un interés susceptible de ventilarse en la controversia y, en consecuencia, la capacidad legal para apersonarse y actuar No obstante lo anterior, resulta necesario, por razón de método, destacar que en caso de que un quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique; es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Por una parte, la persona extraña en estricto sentido se identifica como la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto, se ubica la persona que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado, pero que sufre un perjuicio o privación de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, en el dictado de resoluciones, o en la ejecución de éstas, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa y vencida en juicio. Entonces, de resultar que efectivamente es persona extraña a la controversia y que la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, están involucrados en la controversia, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención de la persona en comento es simplemente extraer de aquella controversia su libertad o sus propiedades, posesiones o derechos. Por otra parte, la persona extraña por equiparación, se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el actor -en el caso del litisconsorcio activo necesario- o la parte demandada y no son llamados [emplazados a juicio] o se les emplazó ilegalmente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 251 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Octava Época, página 168, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". En este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se ordene el emplazamiento o, en su caso, se declare nulo el juicio a partir del ilegal emplazamiento, resultando nulas todas las actuaciones posteriores y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, Tesis VII.2o.C. J/21, página 1305, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.". Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la contradicción de tesis 401/2011, sostuvo que la persona que se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, pierde ese carácter cuando en el juicio de origen antes de la emisión de la sentencia definitiva, conozcan del juicio natural, es decir, que hayan sido sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, lo cual es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada -107 de la vigente-, toda vez que como quedó puntualizado, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio Para lo cual, la Sala citó la jurisprudencia P./J. 40/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Página: 81, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". De lo anterior, concluyeron que si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, al ser parte demandada en el juicio de origen que se instruye en su contra, en el cual aún no se ha dictado la sentencia respectiva, si de autos se acredita que el promovente del juicio de garantías tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra, ello hace que pierda el carácter con el que se ostenta, en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, por lo que, en ese supuesto, en el juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada -61, fracción XVIII, de la vigente-. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, Página: 1627, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País se pronunció en similar sentido en la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Página: 93, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". En tal tesitura, la naturaleza de la persona extraña a juicio por equiparación, es decir, cuando es llamada al juicio pero que no fue emplazada o le fue indebidamente, no es irrestricta, sino que se encuentra sujeta su actualización a que la parte quejosa no haya sido sabedora de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, pues de lo contrario es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación. Asimismo, que en el proceso jurisdiccional aún no se haya dictado la sentencia respectiva, en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses. Por su parte, los artículos 76, 78, 736 Bis y 736 Bis 1, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, establecen lo siguiente: "ART. 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. (.) ART. 78.- Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se fallarán en la sentencia definitiva. (.) ART. 736 BIS.- Toda cuestión accesoria que tenga relación inmediata con el proceso principal, y que no tenga señalado un procedimiento propio en este Código, deberá tramitarse en la misma pieza de autos, en la forma prevista en las disposiciones de este capítulo. La autoridad judicial desechará de oficio los incidentes ajenos al negocio principal, sin perjuicio del derecho de la parte que lo haya promovido para deducir la pretensión en la forma correspondiente. (.) ART. 736 BIS 1.- La demanda incidental deberá formularse de acuerdo con las disposiciones establecidas para la demanda principal, en cuanto fueren aplicables. En el escrito de demanda incidental las partes ofrecerán pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar y que no sean extraños a la cuestión incidental planteada. Todos los documentos físicos a electrónicos que se han de aducir como demostrativos, se presentarán con este escrito.". Del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, se advierte que las notificaciones hechas en forma distinta lo establecido por la citada legislación, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Por otro lado, de una interpretación sistemática de los artículo 78, 736 Bis y 736 Bis 1, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, se advierte que el incidente de nulidad de actuaciones procede por la falta de emplazamiento, el cual debe ser resuelto antes del dictado de la sentencia definitiva. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, del índice del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, aduciendo que se enteró de dicho procedimiento porque el dos de junio de este año, recibió dos notificaciones relativas a los tocas civiles 91/2022 y 150/2022, del índice de la Sala Mixta Civil y Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Colima, recursos que derivaron del juicio de origen. Destacándose que el quejoso manifestó que en ambos tocas se apeló la misma determinación. Por otro lado, en el escrito de cuenta el promovente manifestó que consultó el sitio virtual del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para consultar el estado procesal del juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, del índice del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima; sin embargo, del análisis que hace este Juzgado a la copia simple de la consulta de referencia, se advierte que aún no se ha dictado la sentencia definitiva en el juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, del índice del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima. Esa circunstancia se corrobora con el hecho de que en el apartado de antecedentes de las copias que allegó la parte quejosa de la demanda de amparo directo al que la pretendieron emplazar como tercera interesada, se precisó que aquél juicio de protección constitucional se promovió contra la resolución dictada por la Sala Mixta Civil y Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Colima, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dentro del toca civil 91/2022, por el cual se confirmó el acuerdo dictado por el Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, el cuatro de agosto de dos mil veinte, en el juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, en el que se admitió parcialmente la demanda civil. En esa tesitura, tomando en cuenta que en el juicio de origen aún no se ha emitido la sentencia definitiva, el acto reclamado de que se trata, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, pues es impugnable mediante el incidente de nulidad actuaciones ante la autoridad responsable, lo que puede traer como consecuencia la reparación de las violaciones aducidas, antes de acudir al juicio de amparo, agotando, en principio, el medio de defensa a su alcance y dar con ello cumplimiento al citado principio rector del juicio de amparo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, Página: 698, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la parte agraviada se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, en virtud de que como quedó delimitado en párrafos que anteceden, se actualizaron los dos supuestos para que perdiera el carácter de tercera extraña juicio, es decir: I. Es sabedora de los actos reclamados y del proceso seguido en el que es parte material. II. En el juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, no se ha dictado la sentencia respectiva que resuelva dicho conflicto, por lo que, tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses. Por ende, queda demostrado que la parte quejosa sí está obligada a agotar el principio de definitividad que regula al juicio constitucional, ya que, como se precisó en párrafos precedentes, el incidente de nulidad de actuaciones procede contra el indebido emplazamiento; por tanto, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, para acatar el principio de definitividad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Página 8, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.": Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es parte demandada en el juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, del índice del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento jurisdiccional, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Aunado a lo anterior, se considera que dicha causa de improcedencia es susceptible de materializarse de forma manifiesta e indudable y no esperar al dictado de la sentencia definitiva, al existir medios de prueba suficientes para concluir que la persona moral quejosa no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, como lo es la confesión expresa de la parte que se ostenta agraviada, lo que fue analizado y dilucidado en el presente pronunciamiento. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, Décima Época, página 506, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." En mérito de lo expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento de donde se hace derivar el acto, a través del incidente de nulidad de actuaciones. En consecuencia, resulta inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo, 61, fracción, XVIII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el incidente de nulidad de actuaciones, en contra del acto reclamado en este juicio, por lo que se impone desechar la demanda de amparo. Por otro lado, este Juzgado Feral advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto en juicio de ejecución irreparable. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos en juicio de ejecución irreparable son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera; en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 205651, página 11, agosto de mil novecientos noventa y dos, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al procedimiento. Apoya lo anterior, la tesis 3ª. 43, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, número de registro 207343, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 291, de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Ahora, recuérdese que en el caso la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, del índice del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima; sin embargo, del análisis que hace este Juzgado a la consulta que hizo la parte quejosa al sitio virtual del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para saber el estado procesal del juicio, se advierte que aún no se ha dictado la sentencia definitiva. Circunstancia que se corrobora al concatenarse con el hecho de que en el apartado de antecedentes de las copias que allegó la parte quejosa de la demanda de amparo directo al que la pretendieron emplazar como tercera interesada, se precisó que aquél juicio de protección constitucional se promovió contra la resolución dictada por la Sala Mixta Civil y Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Colima, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dentro del toca civil 91/2022, por el cual se confirmó el acuerdo dictado por el Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, el cuatro de agosto de dos mil veinte, en el juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, en el que se admitió parcialmente la demanda civil. Sobre esa base, se hace patente que el acto reclamado es emitido dentro de procedimiento que no afecta por sí mismo ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues únicamente se trata de una cuestión meramente procesal, que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal y que en todo caso incide de acuerdo a la posición que tome la solicitante del amparo como interesada dentro del procedimiento de origen con vista a obtener una resolución de acuerdo a sus pretensiones, por lo que, de lograse este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. Así, será en su caso hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva, cuando el acto reclamado pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la responsable; por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución final, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos si la determinación es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe con el juicio por sus etapas, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa. También se toma en consideración que la quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen antes de que se dicte la sentencia definitiva -tan es así, que precisamente por ese motivo promovió el presente juicio de amparo-, por lo que está en posibilidad de apersonarse y promover el incidente de nulidad de actuaciones. Circunstancia que hace improcedente el amparo en vía indirecta, porque no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la omisión de llamarla al procedimiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio su derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que evidentemente sí existiría una vulneración a sus derechos sustantivos. Además, un tercero extraño a un juicio, es el que no fue llamado a juicio o fue emplazado sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, con lo cual sufre una afectación procedimental grave, porque ya existe sentencia o hubo un acto en el procedimiento que ya menoscabó sus derechos públicos subjetivos, y que el hecho de que no haya sido llamado a juicio le generó una violación a derechos sustantivos, dado que se deduce que el procedimiento ya concluyó; por ende, solicita la justicia federal para que mediante una sentencia concesoria se le dé la oportunidad de defenderse, caso contrario no puede acaecer, es decir, no puede hablarse que el no llamamiento a un juicio sea de imposible reparación cuando, en la litis de origen no se ha dictado sentencia o resolución que ponga fin al juicio; por tanto, no puede hablarse de tal violación. Asimismo, debe destacarse que la finalidad de todo emplazamiento es que el demandado o interesado tenga conocimiento de la contienda, entonces, si la quejosa sabe a la perfección de la tramitación del juicio civil sumario, acción de otorgamiento y firma de escritura 20-0388-117C, del índice del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, no puede hablarse de un desconocimiento total, tan es así, que el ahora impetrante de garantías solicita la protección federal, sin que el juicio de origen haya concluido, por lo que, insístase, está en condiciones de comparecer ante el Juzgado responsable para ejercer su derecho de defensa. Ilustra el tema analizado la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000293, la cual es aplicable por identidad de razón y que es del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y s Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, ino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 578/2022-VI. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala, como autoridades responsables a la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, al Juez Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, así como al Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario adscritos a dicho juzgado; asimismo, refiere como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN. A la primer Autoridad señalada como responsable, reclamo la ilegal substanciación de los tocas de apelación 091/2022 y 150/2022, promovidos con motivo de las apelaciones hechas valer por los CC.*****, mismos recursos que fueron admitidos y resueltos por dicha Autoridad sin que el suscrito tuviera conocimiento del juicio natural del que se derivan y mucho menos de la tramitación de dichos medios de impugnación al no haber sido legalmente notificado de los mismos ni emplazado al juicio natural ***** del que se derivan dichas apelaciones. Y a las subsecuentes autoridades de primera instancia, reclamo el ilegal emplazamiento realizado en el Juicio Civil Sumario, acción de Otorgamiento y Firma de Escritura promovido en mi contra por los CC. *****, tramitado bajo el número de expediente **** en el Juzgado Civil del Primer Partido Judicial. Asimismo, del análisis de la boleta de turno de la presente demanda, expedida el dieciséis de junio de dos mil veintidós, por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, se aprecia que el quejoso exhibió ocho copias de la demanda de amparo. Sin embargo, son necesarias nueve copias para distribuirse de la siguiente forma: cuatro para las autoridades responsables denominadas Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, al Juez Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, así como al Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario adscritos a dicho juzgado; dos para la parte tercera interesada Gerardo Alejandro Amaro Covarrubias y Georgina Ivette Granero Vega; una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal y dos más para la apertura del incidente de suspensión. Así, de lo antes narrado, se obtiene que la parte quejosa incumplió con los requisitos establecidos en los artículos 108, fracción III y 110 de la Ley de Amparo, pues no exhibió suficientes copias de la demanda para correr traslado a la totalidad de las partes en el presente juicio de amparo. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Manifieste cuándo se enteró del emplazamiento que reclama del juicio de origen, ya que de las constancias que anexa se advierte que le fue notificado de un amparo diverso. Deberá precisar el estado procesal del juicio de origen ****. Deberá exhibir una copia más de la demanda para distribuirse de la siguiente forma: cuatro para las autoridades responsables denominadas Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, al Juez Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, así como al Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario adscritos a dicho juzgado; dos para la parte tercera interesada Gerardo Alejandro Amaro Covarrubias y Georgina Ivette Granero Vega; una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal y dos más para la apertura del incidente de suspensión. En ese tenor, dígase a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento al tercer punto de la prevención, por lo que hace a las copias de la demanda solicitadas, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se postergará la apertura del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia. Es aplicable al caso la tesis número 86/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público. De igual manera, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado en los números uno y dos, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. De igual forma, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizada en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Griselda Morales Trujillo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electr ónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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