Mauricio Núñez Martínez

Expediente 1366/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1366/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Núñez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 647/2022, del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar a la quejosa Mauricio Núñez Martínez, los autos de veinticuatro de noviembre del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo y el ocho de diciembre de este año, por el cual se giró la citada comunicación oficial. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Por lo anterior, se reserva acordar lo conducente una vez que fenezca el término que tiene dicha parte para recurrir la determinación en comento. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que no se libró el exhorto ordenado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para efecto de notificar a la parte quejosa la determinación en cita. Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese nuevamente exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Penal en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al personal de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, y le notifique la presente determinación a la quejosa ***, así como el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mauricio..., por derecho propio, contra el acto que atribuye al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; fórmese expediente con el número 1366/2022-VI. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la impetrante señala como acto reclamado: - El auto dictado el tres de noviembre de dos mil veintidós en la carpeta auxiliar 283/2022, a través del cual se negó acordar de conformidad la solicitud formulada por la víctima - aquí quejosa-, en el sentido de generar audiencia para debatir la determinación de no ejercicio de la acción penal adoptada por la Agente del Ministerio Público. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo deba pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales 1 Sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631. el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo2. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.) En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K3, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, el quejoso Mauricio Núñez Martínez, en su carácter de víctima, solicitó ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, se generara audiencia para debatir la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la referida representación social, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva el auto combatido (carpeta auxiliar 283/2022), de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligada a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. 3 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 513, registro 208764. Bajo el esquema apuntado, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales4, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, prevé como medio de defensa el recurso de revocación, el cual procede en cualquier etapa del procedimiento penal en las que intervenga la autoridad judicial y en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, como en el caso sucede con el auto emitido el tres de noviembre de dos mil veintidós en la carpeta auxiliar 283/2022, por el cual la autoridad negó generar audiencia para debatir la determinación de no ejercicio de la acción penal solicitada por la parte victima -aquí quejosa-. En efecto, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación o modificación de la determinación que ahora se combate, por lo que si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, resulta incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo la tesis I.8o.P.25 P (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito5, que establece: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud 4 Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. 5 Localizada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, julio de 2019, Tomo III, página 2103, registro 2020293. del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad." Cabe acotar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/20186, determinó que, pese a que el acto reclamado sea de imposible reparación, debe agotarse el medio ordinario de defensa respectivo antes de acudir al juicio de amparo. La tesis a que se ha hecho referencia es del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." 6 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo I, junio de 2018, página 8. Además, la parte quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. En consecuencia, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, al configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha por ser notoriamente improcedente la demanda constitucional, con apoyo en el numeral 113 de dicha legislación. Sin que pueda considerarse que esta resolución transgreda el derecho fundamental de la gobernada a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que tiene a su disposición un medio de impugnación, de modo que si no lo hizo valer atendiendo a las hipótesis de procedencia legales, no equivale a que no exista dicho recurso o no sea eficaz para combatir los actos de autoridad, en razón de que esa circunstancia es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo 7 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 325. para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Con relación al número telefónico y correo electrónico únicamente se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Asimismo, téngase por autorizados a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Calle Puerto, número 52, Colonia Acueducto de Guadalupe. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Penal en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique personalmente a la parte quejosa (o por conducto de sus autorizados en el domicilio indicado, y les corra traslado con copia simple del presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por medio de exhorto al quejoso.

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