Mauricio Martinez Mendoza
Expediente 1201/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mauricio Martinez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, agréguese a los autos el oficio 34164/2018, dirigido al Juzgado de Paz Municipal de Ciudad Ayala, Morelos, el cual fue devuelto por Correos de México, por los motivos que ahí expone; para evitar dilaciones procesales, envíese de nueva cuenta el citado oficio a la autoridad antes mencionada, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de septiembre dos mil dieciocho (foja 308), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: ".De la revisión minuciosa de las constancias que obran en autos, este órgano de control constitucional aprecia que la responsable plasmó las siguientes incongruencias: En principio en el considerando V, indicó después de haber manifestado haber realizado diversas operaciones aritméticas, concluyó que es procedente aprobar la planilla de liquidación de intereses por la cantidad de $23,800.00 (veintitrés mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). En el punto resolutivo tercero, señaló que se condenaba al amparista a pagar la cantidad de $ 22,200.00 (veintidós mil doscientos veinte pesos 0/100 moneda nacional) De lo expuesto, se puede establecer que resulta incongruente la resolución reclamada, dado que no se tiene certeza cuál fue la condena real que se le impuso al quejoso al momento de resolver la incidencia de marras; actualizándose así, la figura que se analiza; es decir, la existencia de una incongruencia interna, dejando al promovente del juicio en estado de indefensión, pues al no haberse emitido el acto atendido dicho principio, el amparista no puede hacer valer los motivos de inconformidad que estime convenientes para que en su caso se encuentre inconforme con dicha determinación. [.] Ahora, la resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete, que por esta vía se combate (fojas 31 a 34 del juicio de amparo), adolece de la fundamentación y motivación; lo anterior es así, cuenta habida que del estudio de la misma, se aprecia que la responsable obvió citar el fundamento legal respecto de su argumento en el sentido que se ha plasmado en acápites anteriores; lo cual se reitera, se pronunció sin la invocación de algún numeral que autorizara a la responsable para llegar a la determinación que emitió, y tampoco vertió los argumentos relativos que le permitieran incluso omitir esa cuestión. [.] En virtud de los razonamientos señalados con antelación, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para que la responsable deje sin efectos la resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción emita una diversa purgando los vicios formales apuntados en la presente instancia constitucional; y a su vez deberá fundar y motivar la determinación que emita, ya sea en el mismo o diverso sentido." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Juez de Paz Municipal de Ayala Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, la autoridad responsable mediante escrito de veintinueve de agosto del año en curso, remitió copia certificada de la sentencia interlocutoria de la planilla de liquidación relativa al juicio ejecutivo mercantil 40/2013, emitida el veintiocho de febrero del año en curso (fojas 299 a 306), en la que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se dejó sin efectos la resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete, y ahora procede a emitir una diversa, de manera fundada y motivada, en la que aprueba la planilla de liquidación motivo del incidente de intereses moratorios y condena a la parte demandada, aquí quejosa, a pagar la cantidad de $22,600.00 (veintidós mil seiscientos pesos 100/00 MN), por lo que este Juzgado Federal, dio vista a las partes con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó sin efectos la resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió una diversa, de manera fundada y motivada, en el que condenó al demandado, aquí quejoso, Mauricio Martínez Mendoza, al pago total de la cantidad de $22,600.00 (veintidós mil seiscientos pesos 100/00 MN) a la parte actora, aquí tercera interesada, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara sin efectos la resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción, emitiera una diversa o en el mismo sentido, pero de manera fundada y motivada, en la que purgara los vicios formales apuntados en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el veintiocho de febrero del año en curso, dejó sin efectos la resolución interlocutoria de veintidós de junio de dos mil diecisiete emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 40/2013, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió una diversa, de manera fundada y motivada, en la que condenó al demandado, aquí quejoso, Mauricio Martínez Mendoza, al pago de la cantidad de $22,600.00 (veintidós mil seiscientos pesos 100/00 MN), al actor, aquí tercero interesado, Pablo Guzmán Sánchez. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se concedió. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
se ordena agregar a los autos el escrito del tercer interesado, por medio del cual realiza diversas manifestaciones. Al respecto se tienen por hechas las mismas las cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno, máxime que se encuentra transcurriendo el término concedido, momento en que se proveerá lo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Guadalupe Pérez Cortés juez de paz Municipal de Ayala, Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza. Doy fe.
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