Mauricio Martín Audirac Murillo

Expediente 1062/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1062/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2017

Partes del expediente

  • Mauricio Martín Audirac Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la legislación indicada, para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el promovente haya hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLO, EL ACUERDO QUE DICE: Mauricio Martín Audirac Murillo promueve demanda de amparo contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1062/2017 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Para determinar qué recurso ordinario procede contra el acto reclamado, es preciso tomar en cuenta lo establecido en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de ese recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Asimismo, el recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme con las reglas siguientes: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. De la interpretación sistemática de las disposiciones legales analizadas se advierte que el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; asimismo, que el objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el proceso penal 36/2017 del índice del Juzgado de control del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho viejo, Veracruz, mediante el cual se le dio vista en términos del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que por escrito manifestara lo que a sus intereses conviniera, cuestión que manifiesta el quejoso le genera incertidumbre pues la fecha señalada para la audiencia intermedia se fijó para el seis de septiembre de dos mil diecisiete; es decir, no alcanzará a transcurrir el término de vista que se le otorgó para cuando se celebre la audiencia citada. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra del auto reclamado procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser el idóneo para combatir el acto que se pretende impugnar en este juicio. Lo anterior es así, porque se considera que el auto impugnado en el que se le dio vista de conformidad con el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, se trata de un auto de mero trámite, debido a que implica la continuación del procedimiento en el proceso penal de origen, sin perjuicio del derecho de las partes de recurrir dicha determinación, como lo establece el artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales; máxime que el artículo 467 del citado código no contempla como apelable el acto reclamado mencionado, por lo que contra la resolución reclamada procede el recurso de revocación. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: Registro No. 176566 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXII, Diciembre de 2005Página: 2661Tesis: X.1o.31 KTesis AisladaMateria(s): Común DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se facultan como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Álvaro Flores Nicolás y Felipe de Jesús Velasco Rodríguez, debido a que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala por no contar con dicho registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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