Mauricio Martin Audirac Murillo

Expediente 1144/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1144/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Mauricio Martin Audirac Murillo
  • Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Chicontepec, Veracruz

Actuaciones

  1. Incidental

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por rendidos los informes previos de las autoridades responsables denominadas Delegada Jurídica, Auxiliar Administrativa de la Oficina de Apoyo Legal por Acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal, con residencia en Coatepec, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes. Por otro lado, como lo solicita la primera autoridad responsable, ténganse como delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la ley de la materia. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables denominadas Delegada Jurídica, Auxiliar Administrativa de la Oficina de Apoyo Legal por Acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal, con residencia en Coatepec, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la primera autoridad responsable, ténganse como delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la ley de la materia. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Mauricio Martin Audirac Murillo, contra actos reclamados a los Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal y Oral del Distrito Judicial de Chicontepec, Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1144/2019- IV - B. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. TRAMÍTESE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al existir solicitud expresa de la parte quejosa, como lo establece la fracción I, del artículo 128 de la ley en cita. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de papel y evitar daños innecesarios al medio ambiente, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rindan los informes justificados que se les solicita. En relación a las autoridades jurisdiccionales responsables que conforman el sistema penal acusatorio, deberán acompañar al informe justificado un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, de conformidad al artículo 117 de la Ley de Amparo. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en autos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables y las constancias que en su caso acompañen a los mismos, de las cuales, en el supuesto de ser ciertos los actos reclamados, se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Álvaro Flores Nicolás, Armando Vallejo Peralta y Rogelio Hernández Martínez, quienes acorde a los lineamientos trazados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 153129, 104340 y 168649 respectivamente, y por autorizada con las restricciones que impone el citado artículo a Gladys Gysel Muñoz Martinez, por así haberlo solicitado el quejoso. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Incidental

    SE ABRE POR SEPARADO Y DUPLICADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo 1144/2019/IV-B, promovido por Mauricio Martin Audirac Murillo, contra actos de los Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Chicontepec, Veracruz y otras autoridades. SE SOLICITA INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que queden legalmente notificadas de este proveído, enviándoles para el efecto copia simple de la demanda; apercibidas que de no hacerlo así, se tendrá por presuntivamente cierto el acto reclamado a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado se les aplicara una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de papel y evitar daños innecesarios al medio ambiente, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rindan los informes previos que se les solicita. En el entendido de que, si las autoridades responsables estiman remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberán acompañarlas por el medio ordinario que estimen conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ACTO RECLAMADO De análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: -La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención. REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los requisitos para conceder la suspensión son: I. Que expresamente la solicite la parte quejosa. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. III. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Que se efectúe un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Solamente en caso de cumplirse los requisitos que anteceden el juez de distrito estará en condiciones de conceder la suspensión y, en su caso, la sujetará al otorgamiento de la garantía en los términos previstos en el numeral 132 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1376, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2011614, al tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." En el caso, por cuanto hace a la primera de las exigencias, prevista por la fracción I, del dispositivo normativo invocado, se estima que esta se encuentra satisfecha en sus extremos, toda vez que es el propio demandante de la protección federal, quien solicita el otorgamiento de la suspensión, en contra de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención. REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Asimismo, el suscrito considera que se encuentra satisfecho el segundo requisito, en razón de que el impetrante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo cual genera certeza de que lo afirmado en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo sucedió en la forma descrita. Por lo que es necesario aplicar la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Número 68, Agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 206395, de rubro y contenido siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Por cuanto hace al tercero de los requisitos sujetos a demostración, se debe tener en cuenta que el acto reclamado en el juicio de amparo es la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención; solicitando la parte quejosa la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la emisión del acto reclamado. Por lo que respecta al cuarto de los requisitos en cita, consistente en que con la medida cautelar no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debe decirse que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, lo cierto es que al momento de ponderar sobre la procedencia de la medida cautelar es necesario atender su existencia en los casos concretos de que se trate; para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se contravienen disposiciones de orden público como lo es, que con la concesión de la medida cautelar se ocasionen perjuicios a la sociedad. Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 383, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, con registro 199549, cuyo rubro dice: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." Lo mismo que la tesis aislada consultable en la página 516, Tomo III, Segunda Parte 1, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 228764, de epígrafe siguiente: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN." Por tanto, se estima que en el caso a estudio, también se encuentra satisfecho a cabalidad dicho requisito; pues con su otorgamiento, no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio. En ese orden de ideas, toda vez que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a Mauricio Martin Audirac Murillo, para los efectos que se precisaran a continuación. Si se trata de delitos que impliquen la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional o el Código de Procedimientos Penales aplicable (Nacional o Estatal), o de aquellos calificados como graves conforme a la legislación que regía al momento de su emisión en el sistema inquisitivo, la suspensión aquí decretada sólo producirá el efecto de que si ya fue ejecutada, o una vez que sea ejecutada la orden privativa de la libertad, la quejosa quede a disposición de este juzgado de distrito en el lugar de su internamiento, o en el que el juez de proceso señale, en lo que se refiere a su persona, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación, el cual es insuspendible por ser de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema inquisitivo permitieran el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida materialmente o presentada ante la autoridad judicial que lo reclame. Lo anterior, sin que la suspensión concedida implique que el imputado no deba acudir ante la autoridad judicial, pues la medida suspensiva únicamente constriñe a que no sea conducido por medio de la fuerza pública. JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Debe precisarse que en el caso concreto los actos de reclamo derivan de un proceso penal acusatorio, por lo que al momento de resolver sobre la procedencia y los efectos de la suspensión se deben considerar los principios que rigen dicho procedimiento, y sobre todo se deben analizar los supuestos contenidos en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión y comparecencia, reaprehensión o una medida cautelar, entre lo que se puede incluir la citación para formulación de imputación, por disposición jurisprudencial, los efectos de la suspensión si bien serán que el imputado quede a disposición de la autoridad de amparo, lo cierto es que la facultad constitucional del Juez de Control para la imposición de las medidas cautelares queda intocada. Esto es así, pues si bien el artículo 163 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión producirá el efecto que la quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en lo que se refiere a la libertad, y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento; lo cierto es que tal numeral no puede leerse de manera aislada sin considerar las disposiciones contenidas en el diverso arábigo 166, en el que de manera concreta y específica señala que cuando la quejosa ya se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente (Juez de Control) y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite la prisión preventiva y el juez del proceso penal acuerde la misma, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción l de este artículo. Es decir, el legislador ordinario le permitió al Juez de Control pronunciarse sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva (la más grave), cuando una persona se encuentra materialmente detenida, y señala que el efecto es que quedará a disposición del Juez Constitucional, pero en lugar de su internamiento, o en el que éste señale. Ahora, si bien la fracción ll, del artículo 166, al señalar que si el acto de reclamo se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida, lo cierto es que también permite que el juez de amparo señale las medidas de aseguramiento pertinentes a fin de que no evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Lo anterior no implica que si el delito por el cual se giró una orden de aprehensión o comparecencia, el imputado no deba acudir, pues la propia fracción señala que una de las obligaciones que debe fijar el Juez de Amparo es que el imputado se presente ante el Juez responsable. En ese sentido el Juez de Control no pierde su facultad constitucional ni ilegal, para pronunciarse sobre la imposición de alguna medida cautelar, pues incluso en el supuesto de que se imponga la más grave (prisión preventiva), el juez de amparo por virtud de la disposición contenida en la fracción l, y cuarto párrafo del artículo 166, tendría su disposición al imputado en cuanto a su libertad personal (para el supuesto que en una eventual concesión de amparo puede ordenar su cumplimiento a la autoridad ejecutora). Consideraciones que son acordes con lo dispuesto en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen las formas de conducción del imputado a proceso, y que bajo un nuevo proceso penal acusatorio, la orden de comparecencia y aprehensión giradas en su contra, sólo tienen el efecto de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control en la sala de audiencias para que se le formule imputación, y sólo en el supuesto de que se acreditara un riesgo de los que establece el citado código procesal se le impondría alguna medida cautelar, y aun considerando lo más grave como lo es la prisión preventiva, el imputado quedaría a disposición del Juez de Amparo en el lugar donde fuese internado. No estimarlo de esta manera llevaría al extremo de que aun ante la actualización plena de alguno de los riesgos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se pueda imponer alguna medida cautelar (entre ellas la prisión preventiva) por las circunstancias de encontrarse vigente una suspensión derivada de un juicio de amparo, en el cual el Juez Constitucional no se encuentra facultado para imponer una de las medidas previstas en el artículo 155 del citado ordenamiento legal. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD Ahora bien, la suspensión que se concede en el inciso b), surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la citada quejosa, no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado, dentro del término de cinco días, garantía por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo), en el que deberá aparecer como depositante la propia quejosa y precisar en el concepto que garantiza la suspensión provisional y el número del incidente de suspensión, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a satisfacción de este juzgado, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo; pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar los actos reclamados. Dicha cantidad se fija en atención a que en este momento se desconoce la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa a la quejosa, su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia, de conformidad con los artículos 166 y 168, en concordancia con el diverso 138 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla, atento a los datos que lleguen a aportarse en autos. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1o./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198729, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATANDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." En el entendido que la concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si el acto reclamado proviene de autoridades distintas de las señaladas como responsables, y únicamente respecto al inciso b), si en la actualidad ya se ejecutó tal acto. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, se informa a las autoridades responsables que en el caso de que exista alguna orden de aprehensión, reaprehensión o se trate de cualquier medida de protección que restrinja la libertad personal de la promovente, que haya sido emitida con la finalidad de salvaguardar la seguridad o integridad de alguna persona, o para lograr la ejecución de alguna técnica de investigación o constituya una medida cautelar concedida por autoridad judicial, la suspensión concedida no surtirá efecto legal alguno. Asimismo, la suspensión concedida será revocada si la quejosa incumple con las medidas de aseguramiento o las obligaciones impuestas por el juez de proceso, quien tendrá la obligación de comunicar a este órgano de control constitucional en cuanto advierta que el quejoso deje de cumplir con sus obligaciones procesales; lo anterior, en términos del artículo 166, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. COPIAS Expídase a la parte quejosa, copia certificada del presente proveído y téngase como sus autorizados para recibirla a las personas indicadas en la demanda, previa identificación y recibo que dejen en autos.

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