Mauricio Lozano Ponce
Expediente 457/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mauricio Lozano Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio del Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que fueran remitidas en cumplimiento al auto de trece de septiembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por *****. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, el cual es destruible dentro de un plazo de tres años de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; y por lo que hace a su duplicado, es susceptible de destrucción en un plazo de seis meses, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena notificar por lista dicho auto. Asimismo, se ordena devolver al Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Amparo Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, visto el escrito de cuenta del quejoso, presentado por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, *****, obtenido vía electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y atento a su contenido, como lo solicita dese de baja el usuario "*****" autorizado para el acceso al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
En México, Ciudad de México, a las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, XXXXXXXXXX, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria XXXXXXXXXX , que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 457/2021-II, promovido por XXXXXXXXXX, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las cuales se encuentran: demanda de garantías; auto de admisión de dos de julio de dos mil veintiuno; constancias de notificación a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; constancia de emplazamiento a la tercera interesada XXXXXXXXXX; informe justificado de las autoridades responsables; escrito por el que la parte quejosa ofreció medios de convicción, registrado con el folio 12568 y 12078; auto de cuatro de agosto de este año, por el que se admitió pruebas del impetrante de amparo. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el período probatorio, y la Secretaria hace constar que se admitieron como pruebas del quejoso: 1. Documental, consistente en el original del contrato de traspaso, respecto del giro comercial dedicado a alimentos preparados, bajo el nombre comercial "Mi Gallo", celebrado por el quejoso, XXXXXXXXXX, como cesionario y XXXXXXXXXX , como cedente; 2. La documental, relativa a la solicitud de traspaso de establecimiento mercantil o aviso de traspaso; 3. La documental consistente en el aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto; 4. La documental consistente en el certificado Único de Zonificación de uso de suelo digital, con fecha de expedición, expedida por la Dirección General de Administración Urbana; 5. Copias simples de las credenciales de elector, expedidas por el Instituto Federal Electoral de XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX; 6. La documental que es el original del contrato de comodato por concepto de cajón de estacionamiento celebrado con XXXXXXXXXX, celebrado con el administrador del inmueble descrito; 7. La documental contrato de suscripción a Sky, con número de contrato 601084403; y, 8. La documental consistente en el escrito de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, dirigido por el quejoso a la Dirección Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc. El Juez, acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza las ofrecidas por el quejoso, que fueron desahogadas en autos. Acto continuo, en la etapa de alegatos la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones en vía de alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda, firmando al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia. Doy fe. Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. (firmado electrónicamente) Secretaria (firmado electrónicamente) En México, Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 457/2021-II, promovido por XXXXXXXXXX , contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado el día treinta del citado mes y año este Juzgado Noveno en la materia y con la residencia indicadas, el quejoso -quien es ajeno al juicio de origen- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades indicadas y los actos que precisó como sigue: "De las Autoridades señaladas como Responsables Ordenadora y Ejecutoras, se reclaman los siguientes actos: RESPONSABLE ORDENADORA. 1. El acuerdo de fecha 17 de octubre del año 2018, en donde se tiene por presentada a la parte actora demandado a la parte demandada las prestaciones indicadas, sin que se me haya llamado a juicio, toda vez que dicho juicio me causa perjuicio al ser parte del mismo y no ser llamado a juicio, ya que el bien inmueble materia de la litis está en posesión legal del suscrito y no de la demanda. 2. El acuerdo de fecha 13 de junio del año 2019, en el cual se le tuvo por contestada la demanda la parte demandada, sin que la autoridad responsable me haya llamado a juicio, toda vez que dicho juicio me causa perjuicio al ser parte del mismo y no ser llamado a juicio, ya que el bien inmueble materia de la litis está en posesión legal del suscrito y no de la demanda. 3. Todos los acuerdos dictados con posterioridad al acuerdo admisorio de demanda de fecha 17 de octubre del año 2018. 4. Sentencia Definitiva de fecha 04 de julio del año 2019, en donde se condena la demandada a desocupar y entregar a la actora o a quien sus derecho represente el inmueble motivo de la controversia, dentro del plazo de cinco días posteriores a que cause ejecutoria so sea legalmente ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo será lanzamiento forzoso, Sentencia Definitiva que me causa agravios y violaciones a mis derechos humanos, al no haber sido llamado ajuicio en la que soy parte por tener la posesión legal del bien inmueble materia del juicio. 5. El acuerdo de fecha 09 de junio del 2021 en donde se ordena desocupar y entregar a la actora o quien sus derechos represente el inmueble motivo de la controversia, dentro del plazo de cinco días posteriores a que cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo será lanzamiento forzoso. RESPONSABLE EJECUTORA. 1. De los actuarios señalados como Responsables ejecutoras, se reclama la ejecución que pretendan hacer respecto de los actos señalados como reclamados, consistentes en desocupar y entregar a la actora o a quien sus derechos represente el inmueble motivo de la controversia, dentro del plazo de cinco días posteriores a que cause ejecutoria o se legalmente ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo será lanzamiento forzoso, me causa agravios y violaciones a mis derechos humanos, al no haber sido llamado a juicio en la que soy parte por tener la posesión legal del bien inmueble materia de juicio, bien inmueble ubicado en la Calle XXXXXXXXXX, Ciudad de México." Actos que el quejoso señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la tercero interesada, XXXXXXXXXX -quien es parte actora en el juicio de origen-, lo que se llevó mediante lista el catorce de julio de dos mil veintiuno; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en una controversia de naturaleza civil -por una persona ajena a la misma-, seguida ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En el caso, la parte quejosa en su calidad de tercero extraño a juicio, reclama esencialmente, todo lo actuado en la controversia de arrendamiento inmobiliario 1035/2018, seguido por XXXXXXXXXX, contra de XXXXXXXXXX, tramitado ante el Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, incluyendo la sentencia definitiva y su ejecución, consistente en la orden de desocupación y entrega a la parte actora, respecto del inmueble ubicado en calle XXXXXXXXXX, en esta ciudad, del cual aduce el impetrante del amparo tener la posesión; lo anterior, derivado de la falta de emplazamiento a dicho procedimiento. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado, al Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, además de referir la existencia del juicio de origen; en vía de consecuencia, son presuntivamente ciertos los actos de ejecución que se atribuyen al Actuario adscrito a dicho Juzgado, en virtud de que al rendir su informe justificado, manifestó adherirse al rendido por el juez responsable. Aunado a que la certeza del acto, se corrobora con las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió el Juez responsable, las que por tratarse de actuaciones judiciales adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, y con las que se demuestra la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por el Juez responsable, de donde se advierte lo siguiente: 1. Por escrito de once de octubre de dos mil dieciocho, XXXXXXXXXX, demandó, por conducto de su apoderado XXXXXXXXXX, de XXXXXXXXXX y/o XXXXXXXXXX, la rescisión del contrato de arrendamiento de uno de abril de dos mil quince, respecto del inmueble ubicado en calle XXXXXXXXXX, en esta Ciudad de México (fojas 1 a 6 del Tomo II del cuaderno de constancias). 2. De dicho escrito de demanda correspondió conocer al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, quien mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente 1035/2018, la admitió a trámite en la vía y forma propuestas, ordenando emplazar a la parte demandada (fojas 29 a 31). 3. Una vez emplazada la demandada, por auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se le tuvo dando contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 81 a 83). 4. Seguido el juicio, con fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos (fojas 137 a 144). "(.) PRIMERO. Ha sido procedente la vía intentada en el presente asunto, en el que la parte actora XXXXXXXXXX, probó su acción, y XXXXXXXXXX, no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia; SEGUNDO. Se declara judicialmente rescindido el contrato locativo de fecha primero de abril de dos ml quince, celebrado por XXXXXXXXXX, en su carácter de arrendadora con la hoy demandada XXXXXXXXXX, en su carácter de arrendataria, respecto del inmueble ubicado en XXXXXXXXXX; en consecuencia, se condena a XXXXXXXXXX , a desocupar y entregar a la actora o a quien sus derechos legalmente represente el inmueble motivo de la presente controversia, dentro del plazo de CINCO DÍAS posteriores a que cause ejecutoria la presente resolución, o de que sea legalmente ejecutable, apercibido que en caso de no hacerlo se procederá a su lanzamiento forzoso. TERCERO. Se condena a XXXXXXXXXX AL PAGO DE LA CANTIDAD DE $25,984.12 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.), por concepto de las rentas vencidas y de las mensualidades correspondientes al os meses de marzo a octubre de dos mil dieciocho. CUARTO. Se condena XXXXXXXXXX al pago de rentas generadas en los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A RAZÓN DE $3,259.11 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.), mensual, lo que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. QUINTO. Se conde a XXXXXXXXXX , al pago de rentas generadas en los meses d abril de dos mil diecinueve y hasta que se realice la total desocupación y entrega del inmueble arrendado con el respectivo incremento del 2.8% (dos punto ocho por ciento), tomando en consideración que la renta hasta el mes de marzo de dos mil diecinueve es por la cantidad de $3,350.36 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.), cantidad que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. SEXTO. Se condena a XXXXXXXXXX , a pagar intereses moratorios a razón del 5% (cinco por ciento), mensual a partir del mes de marzo de dos mil dieciocho y hasta la total desocupación del inmueble arrendado, lo que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. SÉPTIMO. No se hace especial condena en gastos y costas. (.)" 5. Dicha sentencia fue confirmada por la alzada mediante resolución de trece de febrero de dos mil veinte (fojas 167 a 184). 6. En la etapa de ejecución, mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó requerir de manera personal a la demandada, para que en el término de cinco días, de manera voluntaria realizara la desocupación y entrega a la parte actora del inmueble materia de la litis (foja 191). 7. Y, por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el lanzamiento de la parte demandada del inmueble materia del contrato de arrendamiento controvertido, con el uso de la fuerza pública (foja 198). Todo lo actuado en la citada controversia, incluyendo la sentencia definitiva y su ejecución, consistente en la orden de desocupación y entrega del inmueble materia de la litis, derivado de la falta de emplazamiento, constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, de oficio se advierte que se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque la quejosa no acreditó su interés jurídico. En efecto, los preceptos legales invocados establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en apoyo a su informe justificado, se aprecia que la relación jurídica en el procedimiento de origen del que emanan los actos reclamados se estableció entre XXXXXXXXXX en contra XXXXXXXXXX y/o XXXXXXXXXX, respecto de la cual el peticionario de amparo XXXXXXXXXX, se ostenta como tercero extraño al juicio. En tales circunstancias, corresponde al quejoso acreditar fehacientemente el interés jurídico que pudiese verse afectado con los actos reclamados y así poder venir a instar la instancia constitucional en la defensa de los derechos que argumenta le fueron violados, toda vez que de acuerdo a la hipótesis estatuida en los numeral 5° fracción I y 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna el ejercicio de la acción constitucional está reservada única y exclusivamente a quien sufre un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley. Ello es así, pues tal y como lo prevén los artículos 5° fracción I y 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto procesal, que el impetrante de amparo acredite el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, a fin de que se encuentre debidamente facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, que consideran para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Al respecto, por interés jurídico se entiende el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De igual forma, se cita la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, visible en la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por su parte, la fracción I del artículo 107 constitucional reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el cual entró en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, dispone, que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Conforme a lo que señala el texto constitucional antes citado, cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el interés jurídico en el amparo, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona, así como el perjuicio debe ser inmediato y directo en los intereses jurídicos del quejoso, y no en el mediato o indirecto que no es propiamente lesivo de un derecho. Existe este interés, cuando existen preceptos legales que les otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que les irroga su desconocimiento o violación. Dicho interés se identifica con el derecho subjetivo, que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Así, tratándose de resoluciones jurisdiccionales no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad, que se da cuando el orden jurídico subjetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que éste tenga la capacidad, otorgada por dicho orden para imponerse efectivamente a otro sujeto; y, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, que se da cuando la norma jurídica objetiva no establece a favor de la persona facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, a ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada en vista de que el ordenamiento jurídico no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Ahora, en el particular, de lo relacionado, se observa que, como es bien sabido, los que contienden en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado y en ocasiones terceros llamados a juicio, y son aquellos a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, o para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son los únicos facultados, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Y, en los casos en que se reclama la posesión de un inmueble, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a un juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseerlo, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene ese derecho sobre el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Así lo determinó el Pleno de nuestro máximo tribunal, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común" (lo subrayado es añadido). Luego, si bien es cierto el peticionario de garantías se ostenta con derechos sobre el inmueble ubicado en: calle XXXXXXXXXX, Ciudad de México, y que por tal motivo, debe ser llamado al juicio de origen en la defensa del derecho que dice tener y para tratar de acreditar lo anterior ofreció y le fueron admitidas las siguientes probanzas: 1. La documental relativa al original del contrato de traspaso, respecto del giro comercial dedicado a alimentos preparados, bajo el nombre comercial "Mi Gallo", celebrado por el quejoso, XXXXXXXXXX, como cesionario y XXXXXXXXXX como cedente. 2. Solicitud de traspaso de establecimiento mercantil o aviso de traspaso. 3. Aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto. 4. Certificado Único de Zonificación de uso de suelo digital, expedida por la Dirección General de Administración Urbana. 5. Copias simples de las credenciales de elector, expedidas por el Instituto Federal Electoral de XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX. 6. Original del contrato de comodato por concepto de cajón de estacionamiento celebrado con XXXXXXXXXX, quien se ostentó administrador del inmueble descrito. 7. Contrato de suscripción a Sky, con número de contrato 601084403. 8. Escrito de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, dirigido por el quejoso a la Dirección Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, esas pruebas, valoradas en términos de los artículos 133 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico que dice tener el quejoso. Ello es así, pues por cuanto hace a la documental consistente en el contrato traspaso de giro comercial, es ineficaz para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, porque es de fecha incierta y, por ello, surte efectos únicamente entre las partes contractuales más no frente a terceros, al igual que los diversos documentos. En efecto, para que un documento adquiera fecha cierta, es necesario que se presente para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad o se exhiba ante un funcionario público que por razón de su oficio, haga constar públicamente la voluntad o consentimiento otorgado por las partes contratantes para la celebración del acto jurídico o que alguna de las partes que intervinieron en la celebración haya fallecido. Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la contradicción de tesis 374/2014, aplicado por identidad de razón jurídica, que dice: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo". En el caso, no se acredita ninguno de los supuestos para que el contrato de traspaso se pueda considerar de fecha cierta, pues no se advierte que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o se hubiere presentado ante una autoridad o fedatario público, ni que alguno de los contratantes haya fallecido, lo que conlleva a considerarlo como de fecha incierta y, por ende, insuficiente para acreditar el interés jurídico. Lo anterior, porque la circunstancia de que la legislación no exija que los contratos de traspaso se celebren o ratifiquen ante fedatario público, o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando, dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. Lo anterior, se desprende del criterio sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XXVII, Abril de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". Por tanto, si el documento exhibido por el quejoso carece de certificación o registro alguno ante alguna autoridad que diera fe del contenido del acuerdo de voluntades, aunado al hecho que, el contenido no fue ratificado ante autoridad competente, motivo por el cual no puede considerarse de fecha cierta para efectos de ser oponible ante terceros y evidenciar el derecho que dice tener el quejoso, pues aun y cuando su pretendida fecha es anterior a la instauración del juicio de origen iniciado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, tal documento carece de fecha cierta. Además, en relación con las restantes pruebas, con la del pretendido contrato de comodato, no se acredita que el comodante tuviera legitimación para celebrarlo y los otros documentos sólo revelan que se hicieron los trámites que refieren, pero no que el quejoso acredite tener la posesión que adujo. En tal virtud tal documento no crea por sí mismo convicción probatoria suficiente para acreditar el supuesto interés jurídico que aduce tener el ahora quejoso, y la consecuencia es que no se acredita el interés jurídico, de modo que si en su demanda de amparo el quejoso argumenta ser poseedor del bien inmueble materia de la litis, teniendo como origen esa posesión derivada del contrato de traspaso de giro comercial que celebró con la demandada en el juicio de origen, es necesario que éste pruebe el derecho que dice tener y que ese derecho se circunscriba al inmueble que indica y que la calidad que dice tener sea susceptible de resentir afectación con el acto de autoridad que reclama y por lo mismo apto para obligar a respetar la garantía de previa audiencia. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, LO PROCEDENTE es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, no es factible jurídicamente realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la inconforme en relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto reclamado. Aplica al respecto, la jurisprudencia número VI, 1o.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII- XXIV, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente a la Octava Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento en el presente asunto, deberá hacerse extensivo a los actos de ejecución que se reclaman al Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, por no atribuirles vicios propios. Sirve de apoyo a dicha consideración la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por XXXXXXXXXX, contra los actos que reclamó de la Juez y del Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Tomando en consideración que, para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del Juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Por lo expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes
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