Mauricio Loya Avilés
Expediente 680/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mauricio Loya Avilés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Finalmente y toda vez que es innecesaria la permanencia de las constancias del expediente natural y que la autoridad responsable adjuntara a su informe justificado, se ordena devolverlas.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Notificación por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada PATRICIA BOLLAIN Y GOYTIADE DE LA TORRE.-Vistas las constancias que remitió la responsable Juez de Partido Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad y el estado de autos; se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Con fundamento en la fracción V del artículo 64 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías, por advertirse actualizada de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del numeral 61, de la ley en cita. El dispositivo 61 de la Ley de la materia, en su fracción XXII, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda sufrir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]" En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior trascripción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia confesorio, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo de la omisión por parte de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Segunda Sala, cuyo rubro son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Del análisis del sumario, se advierte que en esencia, se reclamó: a) La resolución dictada el dos de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio oral ordinario familiar número F2119/2014, mediante la cual la responsable declara improcedente el recurso de revocación instado en contra del auto de primero de julio del presente año, en el que determinó que ambos padres, en igual proporción, deberán pagar los honorarios del perito Jesús Ariel Jurado Vélez, quien deberá tratar el síndrome de alienación parental de su menor hija con iniciales C.L.B.G.. b) La resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el citado expediente, en donde la responsable declara improcedentes los recursos de revocación interpuestos contra los autos de nueve y once de julio del año en curso, mediante los cuales impone al quejoso a pagar el 50% de los honorarios del perito Jesús Ariel Jurado Vélez. Actos que fueron atribuidos a la autoridad responsable Juez de Partido Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad, quien al rendir su informe de ley informó que en el juicio de amparo 566/2018-III, del índice de este juzgado, se resolvió el tema cuya impugnación se demanda en este juicio, esto es, el pago equitativo de los honorarios del psicólogo tratante. Por lo expuesto, se estima que surgió un motivo que jurídicamente impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo y que, además, creó una nueva situación jurídica que hace que el fallo protector que en su caso se dictara en este procedimiento constitucional, no pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica de la parte accionante. En efecto, de las actuaciones que integran el juicio de amparo 566/2018-III, del índice de este juzgado, se aprecia que fue promovido por Patricia Bollain y Goytia de la Torre, por sí, y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijas de iniciales C.L.B.G. y S.L.B.G., (tercero interesada en el presente juicio), en contra de los siguientes actos reclamados: 1. La resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el ocho de junio de dos mil dieciocho, dentro del toca 291/2018-F, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dieciséis de abril del mismo año, por la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, dentro del juicio oral ordinario 2119/2014-F; y, 2. La falta de efectividad de la tutela judicial, en la vertiente consistente en que no se ha tratado el asunto de la alienación parental desde una perspectiva integral, profunda y efectiva, a través de medidas reforzadas en aras de proteger el interés superior de la menor quejosa de iniciales C.L.B.G.. Además, que el nueve de agosto de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, Guanajuato, dictó una resolución dentro del amparo en revisión civil número 287/2018, en la que modificó la sentencia combatida y concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a las quejosas, para los siguientes efectos: "Se impone conceder el amparo y protección constitucional, para el efecto de que la juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de León, Guanajuato, lleve a cabo, de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes acciones con carácter de urgentes: Remita oficio a las instituciones de gobierno, universidades o colegios respectivos, en aras de que le propongan o designen a un experto en el tratamiento de cuestiones de alienación parental, una vez ello, le haga de su conocimiento la situación que guarda la menor quejosa y además, le requiera para que precise el método clínico asequible a la menor de edad, a través del cual se puede conocer su estado psicológico actual, y en su caso, si a través de las herramientas que emplee es posible obtener indicadores de sus rasgos psicológicos, que permitan conocer las causas de la conducta de la menor para con su madre, esto es, si ello responde solo a la manipulación generada por su padre, o bien, si deriva de actos de violencia generados por su madre, o de ambas circunstancias; de devengarse honorarios por dicha función, estos estarán a cargo de ambos padres, en igual proporción. Concomitante al tratamiento o metodología empleada para solucionar la problemática que afecta a la menor, la juzgadora deberá citar a una entrevista a los padres de la menor (sin presencia de los abogados o representantes), al agente del Ministerio Público adscrito, a un trabajador social y al psicólogo encargado del tratamiento a seguir, en aras de concientizar a los padres de la afectación y daño psicológico que derivado, de entre otros factores, de sus diferencias y su conducta beligerante le han ocasionado a la menor de edad y, en su caso, conmine al padre o la madre generadora de violencia de la menor, para que cese en su conducta, apercibiéndolo que de persistir en la misma, determinará lo que conforme al interés superior le resulte más conveniente y, para lo cual, deberá, en su caso, tomar todas las medidas que salvaguarden el desarrollo pleno de la menor, inclusive dar vista al agente del Ministerio Público, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Así mismo, la juez natural deberá hacer hincapié a los padres que no obstante que el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, como medida excepcional en aras de defender el derecho superior del menor, tiene la facultad de ordenar la separación de los padres -custodio o no- cuando sea necesaria para la protección adecuada de aquel, para lo cual, previamente, es indispensable que la juzgadora cuente con el dictamen psicológico de la menor y cuyos indicadores permitan conocer el tipo de violencia generada a la menor y cuál es su fuente. Todo lo cual, como se ha indicado, deberá realizarlo con carácter de urgente, en virtud de que se trata de un asunto que involucra a una menor de edad y que por los antecedentes del caso, exigen medidas oportunas para que la menor de edad tenga una vida libre de violencia que le permita un desarrollo pleno de su personalidad." Las constancias aludidas cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por así establecerlo el numeral 2° de esta, pues se trata de documentos públicos; y se toman en consideración para el dictado de la presente sentencia, por constituir un hecho notorio para quien resuelve. Es aplicable al respecto, el criterio general contenido en la siguiente jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." [Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; V, Enero de 1997; Página: 295; Tesis: XXII. J/12; Jurisprudencia; Materia(s): Común] De conformidad con lo anterior, en cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo dictada por la superioridad, la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, deberá, dentro del juicio oral ordinario 2119/2014-F y con carácter urgente: 1. Encontrar un experto en el tratamiento de cuestiones de alienación parental; hacerle de su conocimiento la situación que guarda la menor quejosa, de iniciales C.L.B.G.; requerirlo para que precise el método clínico asequible a dicha menor, a través del cual se pueda conocer su estado psicológico actual y si, en su caso, mediante la utilización de las herramientas que emplee, es posible obtener indicadores de sus rasgos psicológicos que permitan conocer las causas de su conducta en relación con su madre, es decir, si ello responde solo a la manipulación generada por su padre, o bien, si deriva de actos de violencia generados por su madre, o de ambas circunstancias; de devengarse honorarios por dicha función, estos estarán a cargo de ambos padres, en igual proporción. 2. Paralelamente al tratamiento o metodología que se emplee para solucionar la problemática que afecta a la menor, citar a sus padres a una entrevista en la que, en presencia del Agente del Ministerio Público adscrito, de un trabajador social y del psicólogo encargado del tratamiento, trate de generar consciencia acerca de la afectación y daño psicológico que, además de otros factores, han ocasionado en la menor sus diferencias y conducta beligerante; además, conmine al padre o la madre generadora de violencia en la menor, para que cese en su conducta, apercibiéndolo que de persistir, determinará lo que conforme al interés superior resulte más conveniente, haciendo uso, en su caso, de todas las medidas idóneas para salvaguardar el desarrollo pleno de la menor, inclusive dando vista al Agente del Ministerio Público, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato; y, 3. Hacer hincapié a los padres que no obstante que el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, como medida excepcional y en aras de defender el derecho superior del menor, tiene la facultad de ordenar la separación de los padres -custodio o no- cuando sea necesaria para la protección adecuada de aquel- Lo anterior, en la inteligencia de que antes deberá contar con el dictamen psicológico de la menor, cuyos indicadores permitan conocer el tipo de violencia que sufre y cuál es su fuente. De esta forma, la concesión del amparo dentro del amparo en revisión civil número 287/2018, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, Guanajuato, y los efectos que se le imprimieron, impiden que los efectos del acto que se reclama en el juicio que ahora se resuelve se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que tales efectos consisten en el pago de honorarios del perito en psicología propuesto por la madre, para continuar con el tratamiento terapéutico de la menor de iniciales C.L.B.G., lo que no sucederá, pues la Superioridad determinó que la juez responsable debe encontrar un experto en el tratamiento de cuestiones relacionadas con la alienación parental, de devengarse honorarios por dicha función, estos estarán a cargo de ambos padres, en igual proporción, y deberá seguir la ruta que le fijó, a fin de solucionar tal problemática. Así mismo, la ejecutoria en la que se concedió la protección constitucional a las quejosas dentro del juicio de amparo 566/2018-III, creo una nueva situación jurídica que hace que el fallo protector que en su caso se dictara en este procedimiento constitucional, no pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica de la parte accionante; ya que obviar la continuación de tratamientos terapéuticos para la menor involucrada y proceder al dictado de la sentencia en el juicio de origen, que son las finalidades en que deriva la pretensión de la parte accionante, implicarían la falta de cumplimiento de aquella resolución amparadora, lo que es jurídicamente inadmisible, pues su observación puntual es de orden público. En este orden de ideas, aun cuando el acto reclamado subsiste, pues no existe determinación posterior alguna a través de la cual se haya invalidado, con motivo de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, Guanajuato, en el amparo en revisión civil número 287/2018, no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que dicha resolución haría imposible restituirla en el goce del derecho fundamental que se estimara violado, en caso de concedérsele la protección constitucional, pues aquella determinación no podría dejar de observarse. En mérito de lo anterior, es que se estima actualizada de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio Cuerpo Normativo, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, en virtud de lo que precede, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional del presente juicio, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria María Isabel Padilla Vázquez, que autoriza. L´MIPV/lcm.En la misma fecha se giró el oficio 83364 para notificar a la autoridad responsable.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe con justificación y remite tres discos compactos en formato DVD y copias certificadas de las constancias de donde emana el acto reclamado, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlo en la audiencia constitucional. Abranse por separado seis tomos de pruebas, en los cuales se deberán conservar los folios originales, debiendo acordar en el presente expediente las promociones y resoluciones subsecuentes.
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