Mauricio Lizardi Aguado

Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
424/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Lizardi Aguado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, dado que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Visto el escrito de demanda presentado por ******, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Regi n del estado de Guanajuato con sede en esta ciudad y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, reg strese en el libro de gobierno correspondiente con el n mero 424/2021-IV. Desechamiento. Ahora, del an lisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al art culo 113 de la Ley de Amparo1, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechar de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar tr mite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultar indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectuó a a la demanda de que se trata, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se explica: La causal de improcedencia que deviene de relacionar el art culo 61 fracci n XIV2 , en relaci n con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso ten a obligaci n de promover el juicio de amparo dentro de los quince d as siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (fracción I) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho a os (fracción II) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable los grupos agrarios mencionados; (fracción III) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparici n forzada de personas o alguno de los prohibidos por el art culo 22 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos, as como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Ahora bien, del estudio integral de la demanda constitucional se desprende que el acto en concreto que reclama consiste en la ilegal privación de su libertad o detención, asá como su ejecución, y su causa de pedir va encaminada a controvertirla. De igual forma, de la narrativa de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, proporcionados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el seis de abril de dos mil veintiuno, fecha en que fue detenido para ser acusado por su probable participaci n en la comisi n del hecho que la ley se ala como el delito de extorsión, el cual "hasta la fecha se está investigando mi probable responsabilidad desde la fecha que tuvo lugar mi detención hasta hoy en día me encuentro privado de mi libertad". Entonces, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad -como se aprecia del sello de recepción plasmado en la primera hoja del escrito de demanda- debe decirse que transcurrieron en forma excesiva los quince días a que alude la regla descrita. Además, en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que lleva a concluir que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea por no estar dentro del plazo que prevé el citado numeral y resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del art culo 61 de la Ley de Amparo. Se explica: Si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el día seis de abril de dos mil veintiuno, el plazo de quince días para presentar el amparo empez a correr el siete siguiente y concluyó el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Ello, en atención a que, del diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintiuno, se excluyen por haber sido inhábiles; por tanto, se reitera, el plazo de quince d as de que dispuso para presentar la demanda de amparo empezó a contar al día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Aunado que, se insiste, en la especie no está en presencia de algunos de los supuestos de excepciones antes señalados, es decir, no se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; tampoco se combate una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; no se reclaman actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, tampoco se combaten actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, es indispensable destacar que el acto reclamado no implica un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues el propio quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la detención aconteció con motivo de la investigación que se realiza por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de extorsión. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****, número ****, colonia *****, en esta ciudad. De igual forma, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que la cédula profesional de dicho autorizado se encuentra registrada en el en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del mencionado precepto legal a la diversa persona que señala por no estar en tal supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la pr ctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en d as y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los art culos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la informaci n p blica, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e informaci n reservada, de conformidad con los art culos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por ******, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Regi n del estado de Guanajuato con sede en esta ciudad y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, reg strese en el libro de gobierno correspondiente con el n mero 424/2021-IV. Desechamiento. Ahora, del an lisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al art culo 113 de la Ley de Amparo1, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechar de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar tr mite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultar indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectuó a a la demanda de que se trata, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se explica: La causal de improcedencia que deviene de relacionar el art culo 61 fracci n XIV2 , en relaci n con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso ten a obligaci n de promover el juicio de amparo dentro de los quince d as siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (fracción I) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho a os (fracción II) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable los grupos agrarios mencionados; (fracción III) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparici n forzada de personas o alguno de los prohibidos por el art culo 22 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos, as como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Ahora bien, del estudio integral de la demanda constitucional se desprende que el acto en concreto que reclama consiste en la ilegal privación de su libertad o detención, asá como su ejecución, y su causa de pedir va encaminada a controvertirla. De igual forma, de la narrativa de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, proporcionados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el seis de abril de dos mil veintiuno, fecha en que fue detenido para ser acusado por su probable participaci n en la comisi n del hecho que la ley se ala como el delito de extorsión, el cual "hasta la fecha se está investigando mi probable responsabilidad desde la fecha que tuvo lugar mi detención hasta hoy en día me encuentro privado de mi libertad". Entonces, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad -como se aprecia del sello de recepción plasmado en la primera hoja del escrito de demanda- debe decirse que transcurrieron en forma excesiva los quince días a que alude la regla descrita. Además, en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que lleva a concluir que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea por no estar dentro del plazo que prevé el citado numeral y resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del art culo 61 de la Ley de Amparo. Se explica: Si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el día seis de abril de dos mil veintiuno, el plazo de quince días para presentar el amparo empez a correr el siete siguiente y concluyó el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Ello, en atención a que, del diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintiuno, se excluyen por haber sido inhábiles; por tanto, se reitera, el plazo de quince d as de que dispuso para presentar la demanda de amparo empezó a contar al día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Aunado que, se insiste, en la especie no está en presencia de algunos de los supuestos de excepciones antes señalados, es decir, no se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; tampoco se combate una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; no se reclaman actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, tampoco se combaten actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, es indispensable destacar que el acto reclamado no implica un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues el propio quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la detención aconteció con motivo de la investigación que se realiza por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de extorsión. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****, número ****, colonia *****, en esta ciudad. De igual forma, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que la cédula profesional de dicho autorizado se encuentra registrada en el en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del mencionado precepto legal a la diversa persona que señala por no estar en tal supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la pr ctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en d as y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los art culos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la informaci n p blica, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e informaci n reservada, de conformidad con los art culos 110 y 113 de la ley en cita.

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