Mauricio Lezama Hernández
Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mauricio Lezama Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por, informa ha realizado gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a saber, que se fijaron las diez horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós para la discusión y votación del proyecto dentro del incidente de liquidación promovido por la quejosa dentro del sumario 1338/2015. En ese contexto, mediante oficio que derive del presente auto, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al que sura efectos la notificación del presente proveído remita a este órgano jurisdiccional copia debidamente certificada de la resolución emitida, así como la constancia de notificación a la parte quejosa de la misma; en la inteligencia de que subsisten los apercibimientos con que fue conminada por auto de veinte de octubre pasado. Finalmente, glósese a los autos únicamente para su correcta integración el telegrama enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7b.7e 30/09/23 19:13:22 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 626/2022 Arbitraje, por medio del cual, alude remitir copia certificada de la resolución incidental de ocho de los actuales dictado en el expediente 1338/2015, de su índice, en virtud de lo ordenado en líneas que anteceden, máxime que refiere que ésta fue remitida vía ordinaria a través de servicio de mensajería. Notifíquese.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mauricio Lezama Hernández, por propio derecho, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federalque establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son destruibles toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó la suspensión provisional y definitiva, por ende, se ubican en las hipótesis previstas en el artículo 21 incisos a) y c) del Acuerdo General citado, respectivamente. Notifíquese...MESA 3
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Secretaria. Ingrid Maleny Meraz Marrufo En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las catorce horas con cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 653/2020, promovido por Mauricio Lezama Hernández, por propio derecho, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante el suscrito Miguel Ángel Burguete García, asistido de la secretaria Ingrid Maleny Meraz Marrufo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy sin la presencia de las partes. A continuación se procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda (fojas 3 a 7), auto de registro y prevención de treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 8 a 10); escrito de desahogo de trece de octubre de dos mil veinte (fojas 12 a 14); acuerdo de admisión de quince de octubre siguiente (fojas 15 a 20); e informes justificados (fojas 28 y 37 a 40). Acto seguido el juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace relación de las siguientes documentales: Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: 1) Copia certificada del oficio 400LK2A00/7088/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, signado por el titular de la dependencia dirigido al Director de Remuneraciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 29). 2) Copia certificada del oficio 400LK2A00/7089/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, signado por el titular de la dependencia dirigido al Jefe de Sala del Juzgado de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México (foja 30). 3) Copia certificada del oficio 400LK2A00/7090/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, signado por el titular de la dependencia dirigido al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 30). 4) Copia certificada del oficio 4878 de cinco de septiembre de dos mil veinte, signado por el Jefe de Sala del Juzgado de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México dirigido al titular de la dependencia (foja 32). Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: 1) DVD certificado que contiene el expediente electrónico de la causa penal 247/2020 de su índice. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas dichas documentales, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración al resolverse el juicio de amparo, sin pruebas pendientes por desahogar se da por concluido el periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, asimismo, que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, no presentó pedimento en el presente juicio de amparo, con lo que se concluye dicho periodo. El juez acuerda: de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes de aportar alegatos de manera posterior, con lo que se concluye dicho periodo. Al no haber diligencias por desahogar ni promociones por acordar, se levanta la presente acta, y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O, para resolver el juicio de amparo 653/2020, promovido Mauricio Lezama Hernández, por propio derecho, contra actos que reclama de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte (fojas 3 a 7), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado el treinta siguiente a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, Mauricio Lezama Hernández, por propio derecho, acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que se transcriben: De La Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla M. En D SONIA ALEJANDRA AYÓN MENES LA MULTA DECRETADA mediante NOTIFICADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 por la juez de Juicio Oral del Distrito Judicial Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla M. en Derecho SONIA ALEJANDRA AYÓN MENES Y SUS EFECTOS bajo el JUICIO número 247/2020 consistente en cincuenta días de salario mínimo. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, la ejecución del procedimiento coercitivo que se pueda instaurar en mi contra del suscrito, para el cobro de la multa que me fue impuesta por la juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México M en Derecho SONIA ALEJANDRA AYÓN MENES bajo LA CAUSA número 247/2020 consistente en cincuenta días de salario mínimo. SEGUNDO. Registro de demanda y prevención. Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo 653/2020 y dado que se consideró que el escrito era irregular en cuanto al señalamiento del acto reclamado, se previno al promovente para que lo aclarara. TERCERO. Desahogo y admisión. El trece de octubre de dos mil veinte, el quejoso desahogó el requerimiento de mérito bajo los siguientes términos: a) El acto que se reclama es el efectivo apercibimiento de imposición de multa, por no presentarme a la audiencia de veintisiete de agosto de dos mil veinte a las diecisiete horas, sin que la juezade (sic) Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, valorara la carga de trabajo del suscrito, asimismo señaló que únicamente se dictó un proveído en el que se ordena que se me haga efectiva la multa, sin que a la data se ejecute dicha medida de apremio. Recibido tal escrito, en auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, se registró se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; a las autoridades responsables se les solicitó rindieran informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite correspondiente se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se combate un acto con ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que se reclama: ? La multa impuesta en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 247/2020; y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; y de la Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, consistentes en la multa impuesta al quejoso en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 247/2020, del índice del citado órgano jurisdiccional; y su ejecución, en el respectivo ámbito de atribuciones. Lo anterior, dado que así lo manifestaron al rendir informe justificado, lo que se corrobora del DVD remitido por la Juez en el que obra la audiencia en cita y de ahí se desprende la imposición de multa reclamada; además la ejecución se desprende de las documentales que remitió al Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de las que se advierte la solicitud para que esto se llevara a cabo. Dichos medios de convicción por su carácter de documentos públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, registro 208448, cuyo rubro y texto dice: IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Con motivo de lo anterior, en relación con la multa impuesta en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 247/2020; y su ejecución, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ello porque previo presentar la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el recurso de revocación que prevé el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales que está destinado precisamente para combatir las resoluciones de mero trámite sin importar en cual etapa del procedimiento se encuentre. Para corroborar lo anterior, es menester imponerse del contenido de los preceptos en cita: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. De lo anterior, se obtiene que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Es aplicable al caso, la tesis 1.4o.C.J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la página 361 del Tomo VI, Segunda Parte-1 Julio Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. De la interpretación del citado numeral, denota el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional, que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas decisiones judiciales que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas determinaciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. En ese orden, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. Tomando en consideración lo anterior, quien esto conoce advierte que en la especie contra el acto reclamado consistente en la multa impuesta al quejoso en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 247/2020, la ley procesal prevé un medio de impugnación, por medio del cual pudo ser susceptible de modificación o de invalidación, por lo que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo biinstancial, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Carta Magna, en relación con el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la actuación en comento toda vez que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual se encuentra establecido el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto porque dicho numeral dispone que el recurso de revocación tiene como procedencia en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Por lo que si en el caso, lo que se reclama es un acuerdo en el que la autoridad responsable le impuso una multa al quejoso en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 247/2020, es posible arribar a la conclusión que es una determinación de trámite. Además, se desprende que el Tribunal de Enjuiciamiento tomó la decisión sin substanciación, por lo que plenamente encuadra en el supuesto de procedencia del medio de defensa dicho. Esto porque, la revocación tiene el objeto de que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Al respecto es aplicable el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo promovido por Mauricio Lezama Hernández, por propio derecho, en contra del acto que reclamó de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y de la Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, consistente en la multa impuesta en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 247/2020. Por tanto, atento a los razonamientos expuestos, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Cobra aplicación la jurisprudencia VI, 1o.J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII-XXIV (octubre-diciembre de 1989), Octava Época, visible a página 252, cuyo rubro y texto, son: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, 73 a 75, y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Mauricio Lezama Hernández, por propio derecho, contra actos de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, en términos del considerando cuarto de este fallo constitucional. Notifíquese...MESA 3
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que el treinta de octubre de dos mil veinte, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo que marca el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las catorce horas con cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese.
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